Los resultados de Guerrero han dejado diversas lecciones que conviene examinar para tratar de entender hacia dónde va la política mexicana en el corto plazo.

Una es sobre las implicaciones de este tipo de elecciones para la consolidación democrática; otra es la forma en que los partidos están instrumentando la nominación de sus candidatos; una tercera es el sentido de las alianzas entre fuerzas aparentemente tan opuestas, y, finalmente, el saldo de todo esto en los escenarios políticos previsibles para los próximos 18 meses.

Lo primero que destaca es la percepción generalizada de que los actuales procesos electorales en México presentan dos tendencias contradictorias.

Por un lado, existen en el país y los estados tanto las reglas como las instituciones que al menos formalmente aseguran la imparcialidad y legalidad de dichos procesos, pero, por otro, hay una creciente evidencia de que, sobre todo a nivel estatal, la violación a esos principios es galopante y escandalosa.

Para empezar, es ya difícil encontrar una autoridad electoral estatal que no esté bajo control de alguien, en particular los gobernadores, entre otras razones porque han intervenido en su designación y usan con largueza la zanahoria presupuestal como un poderoso aliciente. Por ende, como fue notorio en las elecciones del año pasado, todos los partidos se exceden en los gastos de campaña, hay una nula supervisión del origen del dinero, los gobiernos en turno (y otras manos) financian alegremente —y en efectivo— a los candidatos, los consejos electorales son omisos a la hora de aplicar la ley durante las campañas o después, y ante tal cantidad de irregularidades los medios, salvo excepciones, prefieren mirar hacia otro lado.

Al amparo de esa atmósfera, las campañas se vuelven extremadamente primitivas, cortas de ideas pero bien sintonizadas con una pereza ciudadana que no es capaz de elevar su nivel de exigencia, y la clave del éxito, al final del día, son el dinero, la logística en la distribución de subsidios, y la eficacia para llevar a la gente a las casillas.

En consecuencia, el resultado de una elección así ha dejado de ser vinculante para los candidatos porque no es a los ciudadanos a quienes tienen que responderles, sino a los distintos poderes fácticos, porque no hace falta una contrastación seria y rigurosa de las ofertas electorales, y porque los ganadores no tienen incentivos para hacer gobiernos efectivos, competentes y transparentes. Esto sucede con gobiernos de todos los partidos y basta ver como ejemplos patológicos los desastres que fueron los de Puebla, Aguascalientes y Zacatecas, gobernados respectivamente por el PRI, el PAN y el PRD.

El saldo, naturalmente, es letal para la calidad de la democracia, pero también para la cohesión de los partidos, como lo veremos mañana.