Como ocurre tradicionalmente —sea en los tiempos del PRI o del PAN— el gobierno mexicano reacciona con sonoridad y aldeanismo cuando se trata de alguna declaración desagradable de Washington. Es parte de esa histórica distorsión psicológica no resuelta que insiste en rehuir el carácter estructural de la relación entre México y Estados Unidos.

Sólo que ahora, en el caso de los ya populares cables de las misiones diplomáticas norteamericanas, el punto no es discutir si hay regiones del país donde el estado mexicano ha perdido el control territorial e institucional. Es que, simple y sencillamente, lo que funcionarios mexicanos afirmaron y diplomáticos reportaron es cierto. Veamos.

En junio pasado, en un artículo, el presidente Calderón explicó cómo el crimen organizado se había expandido en el país, y aseguró: “En lugar de esconderse de la autoridad, los criminales comenzaron a buscarla abiertamente para dominarla, a través de la cooptación o la intimidación… Una vez hechos con el control del territorio, e incluso con el propósito de ejercerlo y refrendarlo, los criminales trataron de hacer sentir su poder. Comenzaron a cobrar ‘derecho de piso’ a otros criminales que pretendían actuar en ‘su’ territorio, un comportamiento típico de todas las mafias”.

Más tarde, en agosto, el gobierno dio cifras: los siete conflictos entre carteles se libran en 162 municipios y allí se registra el 80% de los homicidios vinculados a la delincuencia. Decir, por tanto, que el estado sigue vigente y en pleno control territorial es, por lo menos, una excentricidad.

Como es sabido, el fenómeno delictivo no se condensa tan sólo en el arresto de capos para exhibirlos en televisión. Esa es la parte final de la cadena. Detrás hay una sofisticada ingeniería productiva, logística, financiera, legal y mediática, que opera en áreas territoriales específicas con la colaboración, activa o pasiva, de los actores vinculados a esa ingeniería y en donde la estructura de dominación depende, de una forma o de otra, de la delincuencia.

Hay porciones de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Baja California o Sinaloa en las cuales el centro de poder real de ayuntamientos, juzgados, carreteras o barrios lo tiene la delincuencia. Más aún: un gobernador electo contaba hace poco en privado cómo la delincuencia ha penetrado incluso las redacciones de algunos diarios de su estado y designado a sus jefes.

¿No es eso una captura territorial e institucional? ¿Existe allí una verdadera autoridad, en cualquiera de sus expresiones, que permita asegurar “pleno control” y que brinde seguridad o garantice libertad de movimientos e integridad personal y patrimonial de los habitantes, condición mínima para el funcionamiento cabal de eso que llamamos “estado”? Desde luego que no.

Es normal que este gobierno o cualquier otro trate de desmentir cosas así, pero en las relaciones diplomáticas, como en los intercambios de información o las labores de inteligencia, hay valores entendidos ante los cuales, a veces, es mejor mirar para otro lado.