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La renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha movilizado a los activistas que, cobijados en esa bandera, lo primero que hacen es negarlos.

Son defensores de guerrilleros, del transgénero, de la pena de muerte, de la eutanasia, la libertad sexual, el consumo de drogas, son abortistas y otras lindezas por el estilo, que se han apostado por algún candidato. Más que derechos humanos estamos viviendo momentos de "caprichos humanos", en los cuales se inventan nuevos derechos, incluso contra los primeros.

El desfile que se ha iniciado en el Senado para conocer a los candidatos a presidir la CNDH puede tener, quizá, parte de esta modalidad. Hombres que se dicen expertos en la materia, pero que en realidad responden a ideologías políticas que han inventado un cúmulo de "nuevos derechos" y que, por cierto, menosprecian la Declaración Universal que la ONU emitió hace ya casi 61 años.

Dicha declaración es la columna vertebral de esta materia, por más que se hable de derechos de "nueva generación", que si bien constituyen una profundización sobre esta materia, no pueden ir en contra de aquel documento.

Los derechos humanos enunciados en la Declaración de 1948, aunque suelen enfocarse exclusivamente como "derechos políticos", contienen en realidad también la base de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Su olvido nos ha llevado, de nuevo, a una situación que se explica en el preámbulo de la Declaración: "Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad".

¿Acaso algunos de los países signantes no mantuvieron durante la segunda mitad del siglo XX esta situación? ¿Acaso no se ha revivido esta tendencia totalitaria en los llamados "nuevos derechos", según los cuales se puede atentar contra los derechos de otros, con una supuesta afirmación ilimitada de los propios derechos?

Entre otros, vemos conculados continuamente los derechos a la información, a la libertad de creencias, los derechos que tienen los padres de educar a sus hijos y que hoy son absorbidos por el Estado, como ocurre en nuestro país en los temas de sexualidad, tanto en el ámbito de la educación como en el de la salud.

La raíz de los derechos humanos son la dignidad y el valor de la persona humana, que es la misma para hombre y mujeres, sin preferencia por alguno de los sexos. La lógica nos indica que unos y otros compartimos la misma naturaleza, pues de no ser así, ¿dónde radicaría la igual dignidad?

Sin embargo, los creadores de los nuevos derechos pretenden negar la existencia de esta naturaleza que nos iguala a todos, independientemente del lugar donde se viva, de la raza, de la religión, de las creencias, las opiniones, etcétera.

Se trata de derechos que son anteriores y superiores a la constitución misma de los Estados y fueron creados, precisamente, para impedir que el positivismo y voluntarismo jurídicos, en manos que pueden ser arbitrarias aunque se vistan de democráticas, conculquen dichos derechos.

No se trata, como hoy se pretende, de derechos "por consenso" o por pacto. Estos derechos son universales, imprescriptibles e irrenunciables. Son de todos y todos van juntos, no se puede afirmar uno para negar otro.

El artículo 3 de la Declaración es claro: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Ese es el punto de partida y el asiento de todos los demás derechos. Hoy es el derecho más violado impunemente, incluso con voces cómplices en las mismas naciones unidas.

También lo hemos visto conculcado en nuestra patria con el silencio y complicidad de algunas comisiones locales de derechos humanos. Se ha olvidado la raíz de estos derechos y se les maneja a capricho.

Convendría que las comisiones del Senado que van a escuchar y conocer las propuestas y el pensamiento de quienes aspiran a dirigir la CNDH, recuerden, repasen y mediten la Declaración Universal de los Derechos Humanos punto por punto, en su profundidad y consecuencias, pero sin olvidar cada uno de sus artículos.

Éstos fueron levantados como una proclama moral que, aunque no es vinculante, es la única fuerza que hoy, como en el pasado, pueden esgrimir frente a los abusos de que son objeto. Esa declaración no está muerta. Por el contrario, está más viva que nunca y hacerla valer es mucho más urgente.

Si el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos no responde a estos principios, de nada valdrá la formalidad de su designación, estará anulado y sin autoridad. Medítese eso si no queremos caer, como suele ocurrir en nuestro país, en una simulación que traería fuertes costos a nuestro país y significaría un lamentable retroceso.