Las Comisiones de Derechos Humanos surgieron en México como consecuencia de la presión social hacia gobiernos autoritarios que no reconocían estos derechos como anteriores y superiores a la organización del Estado, ni los respetaban. Mientras, en el mundo cobraba fuerza la preocupación de los mismos en un contexto geopolítico de derrumbe del socialismo y la conmemoración del bicentenario de la Revolución Francesa y su declaración de los derechos del hombre.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nació con limitaciones y mediatizada por el primer comisionado, el doctor Jorge Carpizo –que en premio a su fidelidad fue nombrado Secretario de Gobernación–, y a pesar de que no fue el primer organismo de esta naturaleza en el país, marcó la pauta para que florecieran dichas comisiones en todo el territorio nacional.
Tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), cuyo desempeño ha sido mediocre en su historia, pero fatal durante el encargo de Emilio Álvarez Icaza.
La CNDHDF fue un organismo de bajo perfil y alta complicidad con el Gobierno capitalino, por razones políticas y semejanza ideológica. El Comisionado fue electo a modo, aunque para justificar su actuación tuviera que aparecer de vez en cuando, y no siempre con firmeza y energía, para atender casos mediáticos donde resultaba imposible guardar silencio.
Esto era necesario para no molestar al PRD y contar con su aval y el de sus organizaciones satélites en su aspiración por brincar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya dirigencia se renovará próximamente.
Un estudio elaborado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A. C., ha revelado con datos duros la pobreza de la actuación del equipo de Álvarez Icaza en los últimos años, que contrasta con la actuación de otras comisiones estatales de derechos humanos que han sido sumamente activas y dinámicas en la investigación de las violaciones de los derechos y en las recomendaciones emitidas.
Una comisión puede ser preactiva o pasiva. Las preactivas ejercen su facultad de investigar por oficio; es decir, sin que sean requeridas para ello. En cambio, las pasivas esperan a que les sean presentadas las denuncias y después investigan. A la CDHDF podríamos ubicarla entre las segundas.
Las cifras son elocuentes: En 2006, de 8 mil 55 quejas registradas, sólo 45 fueron de oficio; en 2007, de 7 mil 685, 107 fueron de oficio, y en 2008, de 7 mil 814, 86 lo fueron. Esto significa que de 23 mil 554 quejas, sólo 238 (menos del 1 por ciento) fueron de oficio.
Pero eso no es todo. Resulta que de las denuncias registradas, sólo de una mínima parte de ellas se emitieron recomendaciones: en 2006, 17; en 2007, 19, y en 2008, 24. Si consideramos que el año pasado el presupuesto de la Comisión fue de 253 millones 880 mil pesos, resulta que cada recomendación costó 10 millones 578 mil 333 pesos. Y de ellas, dos no fueron aceptadas y el resto está "en seguimiento".
En los años anteriores el éxito no es mayor. En 2007 cada recomendación costó 14 millones 437 mil 816.64 pesos, y el Gobierno de Marcelo Ebrard, tan campante. Por eso siempre felicitó a Álvarez Icaza por su "alto desempeño" y vería con gusto que llegara a la Comisión Nacional, donde seguramente buscaría que fuera su aliado contra el Gobierno Federal y en la búsqueda de su candidatura presidencial.
En cuanto a las pocas recomendaciones emitidas, por su valor mediático se cuentan las expropiaciones de predios (cinco recomendaciones: 12/2007, 13/2007, 14/2007, 1/2008 y 2/2008); el caso Ahumada (11/2006 y 19/2007), y el caso New´s Divine (11/2008). Fueron forzados a investigar el caso de Casitas del Sur y la muerte de la señora Coppel, muchas de ellas con recomendaciones "light". Quizá donde mayor favor se hizo a Ebrard, entonces secretario de Seguridad Pública en el DF, fue el caso de los policías linchados en Tláhuac.
Esto es algo de lo que podríamos esperar a nivel nacional si en un descuido los senadores tuvieran a bien ungir a Emilio Álvarez Icaza como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que no se diga que están desinformados. |
José de Jesús Castellanos:
