Por lo que empieza a pasar, al menos desde el punto de vista del debate, la polémica, la crítica descarnada y la confrontación de ideas, trayectorias y programas entre los candidatos, estas elecciones presidenciales pueden ser un auténtico desastre.

No me refiero, desde luego, a un desastre legal sino a algo tanto o más importante que es la franca negativa a facilitarle al votante los instrumentos e información con los cuales pueda examinar, con la minuciosidad del biólogo, a quienes aspiran a dirigir el país en que vive. Ni más ni menos: su país.

Como efecto de la reforma electoral de 2007, concebida y cocinada bajo unos supuestos que sus promotores no se imaginaron que terminaría beneficiando a otros, se produjo una legislación que, en la práctica, ha suplantado los hábitos y prácticas propios de una elección abierta y realmente competitiva, por otros en donde es la autoridad electoral la que decide cuándo y cómo proveerle al ciudadano los insumos para que elija a quien le venga en gana.

Al cercenar ese flujo no sólo hace nugatorio un derecho elemental —el derecho a saber todo acerca de los candidatos— sino, más grave aún, propicia unas elecciones sin opciones, sencillamente porque éstas, a ciencia cierta, no se conocen.

Elegir es decidir. Y para elegir tiene que haber, en el sentido político, conflicto, combate, discusión y crítica. Ya calificará el elector lo que escuche y vea, y dirá si el nivel es elevado o pedestre, bueno o malo, sofisticado o indigno de una sociedad civilizada donde los políticos tendrían que conducirse con alguna urbanidad. Pero nada de eso ocurrirá si el tremendo conservadurismo de los consejeros electorales, que por lo demás tienen todos ellos una agenda política propia, le cancela al votante el ejercicio pleno y excesivo incluso de esta libertad.

La consecuencia previsible es que las variables que moverán la balanza electoral serán entonces la superficialidad, el estómago, el hígado o el rencor, las cuales no estoy seguro si son las mejores a la hora de poner a un partido y a un grupo de personas en el gobierno.

Más todavía: es muy probable que como la ley y la autoridad electoral han azolvado los canales naturales y abiertos por donde circule la información, lógicamente se ha generado un mercado negro a través de redes sociales y otros medios informales por donde fluye de todo, incluidas calumnias, anónimos, falsedades, en suma, heces en estado puro. Y abundante.

Por tanto, la pretensión de quienes crearon y ejecutan este engendro legal y electoral de introducir pureza y virginidad en las campañas, terminará por generar exactamente su contrario: unos comicios donde todo puede influir excepto las formas sensatas e inteligentes con las cuales una sociedad elige a sus gobiernos.

En fin, todo vale, y aceptemos que, diría Antonio Tabucchi, en ciertos momentos apelar a lo peor de un pueblo deja dividendos electorales.