Todavía en la atmósfera de discusión generada por el fallo del ministro Arturo Zaldívar en el caso La Jornada/Letras Libres, pasó inadvertida la publicación en el Diario Oficial, el once de enero pasado, del decreto por el que finalmente se eliminan de la arqueológica Ley de Imprenta los delitos conocidos como ataques a la vida privada que en su momento consistieron en la manifestación o expresión maliciosa (que) exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses.

Es una buena noticia aunque insuficiente porque la ley entera es un verdadero arcaísmo y, de hecho, todo el marco legal de los medios de comunicación requiere una profunda transformación que, al mismo tiempo, preserve eficazmente la libertad de los medios de comunicación e introduzca la necesidad de conducirse con mucho mayor rigor, verificación y documentación en lo que se publica, pero que también le garantice a los afectados la posibilidad de ir a los tribunales cuando sientan lesionados sus derechos y, evidentemente, obtener justicia. Exactamente como ocurre en países como los Estados Unidos o Gran Bretaña.

Este ha sido un proceso, sin embargo, lento e incipiente aún.

Es verdad que, por fortuna, ya no estamos en 1853 cuando don Antonio López de Santa “Ana Dios y libertad” mediante — según decía el decreto promulgatorio— dispuso que eran un abuso de los editores e impresores los escritos subversivos, sediciosos, inmorales o calumniadores contra, en ese orden, la religión católica y sus ministros, el Supremo gobierno y la decencia pública.

Pero tampoco hemos llegado a una situación en la cual los medios simplemente actúen con el profesionalismo propio de un país más o menos civilizado lo que significa decir lo que les venga en gana… pero con los pelos de la burra en la mano. Y esto es algo que no pasa.

Basta ver, por ejemplo, las formas de relación que actualmente sostienen medios y autoridades en el interior del país (y, mucho me temo, no solamente por allá). Es, casi por regla general, un asunto de extorsión pura y dura, pesos y centavos, calumnias y amenazas, contubernios y complicidades. Y más aún: por la información que circula de manera subterránea, las cosas son mucho más turbias, los estilos más canallescos y las cantidades más espectaculares que en los tiempos del antiguo régimen.

Esta, por cierto, es una historia por investigar, documentar y contar, pero allí está. Cuando se conozca, no pocos de los pillos de la política y los negocios, algunos de los cuales por cierto se mueven en la intersección, parecerán bebés frente a las tropelías y delitos de algunos próceres de grandes empresas periodísticas en este país.

En fin, bienvenida la reforma a la Ley de Imprenta, pero estamos a años luz de que solo esto mejore la calidad, el profesionalismo y la transparencia el mundo mediático mexicano.