Nadie en su sano juicio puede negar que para incrementar los ingresos fiscales del Estado y, en consecuencia, la capacidad de gasto público es indispensable:

a) generalizar el IVA en un 15% (tasa todavía menor a la que tienen Argentina, Colombia, Chile, Perú o Uruguay) incluyendo todos los alimentos y medicinas; b) suprimir los regímenes especiales y las exenciones tributarias; c) llevar el ISR a una tasa (máxima o fija) digamos del 22 por ciento, y d) simplificar los procesos para acercar el tiempo dedicado a preparar declaraciones a estándares internacionales (más o menos 320 horas anuales en México contra 177 en países de ingreso alto).

Nadie en su sano juicio, por tanto, puede afirmar con argumentos y datos duros que la propuesta de reforma presentada por los senadores Labastida y Beltrones, que incluye parte de esos cambios, sea insensata o desproporcionada o injusta; de hecho, es incluso mucho más moderada de lo que la ortodoxia económica aconsejaría.

Entonces ¿por qué no discutirla con seriedad y rigor ahora y quitarle al próximo gobierno federal, que podría estar presidido por un priista, el recurrente dolor de cabeza de estar permanentemente sujeto a los ingresos petroleros o hacer malabarismos fiscales de poca rentabilidad y alivio temporal?

¿Por qué no calcular que unos puntos adicionales de recursos en proporción al PIB le darían a esa eventual presidencia priista un espléndido margen de maniobra para, por ejemplo, el gasto social, la educación o la seguridad, y mostrarle a la gente que no erró al votar por ella?

¿Por qué no hacer cuentas del dinero extra que permitiría engordar más la bolsa presupuestal de la que hoy disponen, alegre e irracionalmente, los mandarines estatales?

Pues porque, primero, pareciera que las tensiones y las diferencias al interior de la nomenclatura priista van creciendo conforme se aproximan los calendarios electorales. Segundo, porque las derrotas de Guerrero y Baja California Sur van a paralizar cualquier decisión que suponga costos de imagen o pérdida de votos en los siguientes comicios. Y, tercero, porque unos no quieren permitir que otros se luzcan promoviendo cuestiones de fondo para el país.

Ninguno de esos alegatos, sin embargo, es insuperable.

Por un lado, sacar esta reforma mediante una estrategia política concertada y compartida, en la que todos asuman parte de los costos y reciban parte de los beneficios, podría servir además de entrenamiento para el resto de las decisiones por venir, desde la candidatura a la presidencia hasta la confección de las nominaciones al Congreso.

Por otro, es inevitable que si los priistas quieren parecer estadistas tienen que arriesgar un poco y mostrarle al electorado, con una estrategia de comunicación inteligente, creíble, profesional, sofisticada, y, en suma, perfecta, que entienden las políticas de Estado, que son capaces de tomar decisiones complejas, y que pueden gobernar en el sentido más profundo del término.

Volver al poder implica aprender ciertas reglas. Una de ellas es que no hay comida gratis.