2012-05-02

Aguascalientes, Ags.- Hasta ahora, los sondeos indican que el PRI no sólo ganará las elecciones presidenciales sino que también obtendrá mayoría en las cámaras federales.

Por tanto, toda la literatura producida estos años para explicar la necesidad de impulsar una reforma política como requisito indispensable para la toma de decisiones más eficaz en un contexto de gobiernos divididos, la promoción de agendas partidistas comunes y una mayor funcionalidad del régimen parece ya no tener sentido, puesto que las reglas que teóricamente provocan la parálisis legislativa son las mismas con las cuales un partido se llevará la mayor parte del reparto electoral. De hecho, muchos analistas concentrados exclusivamente en ese tema en los años anteriores, ahora huyen graciosamente de esta discusión.

Sin embargo, la pregunta de fondo sigue vigente: si hay que hacer una reforma política ¿cuál y por qué?

Lo primero es que, con independencia del problema de las mayorías, los congresos necesitan con urgencia contar con una carrera legislativa, con diputados y senadores profesionales, con un verdadero servicio civil en las áreas técnicas de las diversas comisiones y con un nuevo esquema de rendición de cuentas que vaya mucho más allá de la mera estadística y pase a ser una cultura de responsabilidad social legislativa.

En otras palabras, se trata de diseñar e instrumentar un mecanismo que evalúe y califique la efectividad del congreso en las políticas públicas, provea información precisa al ciudadano para influir oportunamente en el proceso legislativo, genere presión ordenada sobre los representantes y contribuya a mejorar el producto legislativo. Para ello, es evidente que al menos la reelección inmediata de legisladores y la modernización completa de las leyes orgánicas de los congresos y sus reglamentos son cruciales.

La segunda asignatura pendiente tiene que ver con los niveles estatales y municipales de gobierno. La mayoría de los estudios y análisis publicados en el último año sobre las disfunciones de la democracia mexicana parecen haber descubierto que en esos niveles hay un grave cuello de botella para el ejercicio eficiente del gasto público, la reforma fiscal, el desarrollo político y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Más aún: una de las grandes interrogantes a corto plazo es si el nuevo Presidente podrá ir tejiendo la aprobación de sus reformas prioritarias con un Congreso donde haga valer su mayoría o si ésta se moverá, como hasta ahora, conforme a una estructura balcanizada donde los legisladores responden más bien a sus intereses locales y a los de sus gobernadores, de los que políticamente dependen.

Y el tercer acertijo es que la utilidad de una mayoría holgada supone tener una agenda de gran calado que permita aprovecharla para objetivos muy concretos de política pública, como sucedió, por ejemplo, en la segunda legislatura de la administración Salinas y se pudieron sacar reformas constitucionales históricas.

El nuevo paisaje político, electoral y legislativo sí demandará reformas, pero distintas a lo que se vino discutiendo estos años.