2012-04-23
Aguascalientes, Ags.- A estas alturas parece haber un consenso en que la educación es el área de reformas de mayor calado para México en el mediano y largo plazo. En los últimos años se han producido numerosos ensayos, reportes e investigaciones acerca de los problemas graves que enfrenta y de su importancia estratégica. Está ya más o menos claro lo disfuncional que resulta, a estas alturas, la relación con el SNTE, y también la relevancia de descomponer la cuestión en sus dos partes esenciales: la gestión educativa, por un lado, y el modelo educativo, por otro.
Pero, bien visto, casi por ningún lado aparece el papel que deberán jugar los gobernadores en cualquier intento de reforma que se emprenda y esto puede generar un gravísimo cuello de botella por la sencilla razón de que no solamente manejan la educación básica y normal desde hace 20 años, sino también porque han tejido una compleja red de relaciones políticas y burocráticas con las secciones sindicales locales que hasta ahora no les ha dado problema alguno. ¿Porqué alterar esa zona de confort? Esa es la interrogante clave.
Primero porque toda reforma que vaya en serio requerirá dinero. Y ese dinero saldrá de reducir el gasto corriente (lo que afectaría la relación con la sección magisterial), de recibir más transferencias federales dirigidas a programas de calidad (poco probable) o de que los propios estados aportan más al gasto educativo, lo que es realmente improbable, entre otras cosas porque este es un renglón presupuestal que no les luce a los gobernadores como hacer, por ejemplo, vialidades o centros de convenciones.
Segundo: por razones muy diversas, los gobiernos estatales contribuyen al gasto educativo de sus entidades en proporciones y con porcentajes completamente heterogéneos: los hay desde quienes aportan no más del 5% hasta quienes destinan más del 50% de su gasto público total a la educación. Es una situación realmente inequitativa y no estimula la búsqueda de nuevas vías de financiamiento pues los más beneficiados saben que tienen la mayor parte del problema resuelto. Y a la vez, hay casos que reciben comparativamente mucho menos recursos federales que no corresponden ni con el ritmo de crecimiento de la matrícula ni con el crecimiento de la población.
Y finalmente, tras la descentralización, la estructura salarial, pero sobre todo de prestaciones a los trabajadores de la educación, en cada uno de los estados, se ha vuelto peligrosamente heterogénea, con el consecuente impacto sobre los presupuestos estatales. Se ha generado una competencia malsana en este terreno, y sería urgente introducir cierta racionalidad y ciertos rangos de decisión en esta materia, que los gobernadores no tienen ningún interés en tomar porque habrá conflicto seguro.
¿Cómo crear incentivos suficientes para que los nuevos jefes locales asuman la educación como algo prioritario? No hay por lo pronto una respuesta suficiente, pero sí está claro que el nuevo presidente va a tener que reconfigurar una relación con los estados bastante descompuesta.
