Aunque los precios de los alimentos básicos no han subido tanto como en otros países, cada vez hay más pobres en México que tienen menos acceso a estos productos y corren el peligro de que desaparezcan de su mesa, si no se frena la carestía.

Por ejemplo, el precio del kilo de tortilla apenas si ha crecido en este año 15%, no obstante, muchos mexicanos solamente “ven y huelen el alimento de lejos…de muy lejos”.

En tiempos y crisis recientes, algunas familias tenían su propia filosofía de vivir en la pobreza. Decían: “…mientras haya tortillas, frijoles y chile, ahí nos la llevamos”. Actualmente, quién sabe como cambie esa forma de pensar.

Confirma este lamentable panorama el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de su documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2012 de la política de Desarrollo Social, en el que revela que el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% (23.8 millones) a 24.9% (28 millones) entre 2008 y 2010.

Detalla con más precisión que entre 2008 y 2010, la población en situación de pobreza pasó de 44.5% a 46.2%, lo que representa 52 millones de personas. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema bajó de 10.6% a 10.4%, lo que en términos absolutos equivale a 11.7 millones de mexicanos.

En el caso del ingreso, éste no ha evolucionado favorablemente. La crisis económica de 1995, la desaceleración de inicios del siglo 21, el incremento en los precios de los alimentos desde finales de 2007 y la crisis financiera de 2009, han hecho que el “ingreso real en México prácticamente no haya crecido en las últimas dos décadas”, destaca el CONEVAL.

A rango constitucional, el Derecho a la Alimentación

Paralelamente a esta situación, el 13 de octubre de este año (3 días antes de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación), el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que eleva a rango constitucional el derecho de los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Se reformaron los artículos 4 y 27 de la Constitución Política Mexicana.

En el artículo 4 se adiciona que el “Estado garantizará este derecho” y en la reforma al 27 se agrega que el “desarrollo rural integral y sustentable” tendrá, entre otros de sus fines, que el propio Estado asegurare el “abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

Alimentación suficiente en calidad y cantidad

En los considerandos de la iniciativa se dice textualmente: “Todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente en calidad y cantidad. El Estado mexicano, la sociedad y las familias son responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos necesarios para que la Federación, las entidades federativas y municipios aseguren la satisfacción de una dieta asequible, que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad.”

Lo celebran FAO y ONU-DH

Cuando fue aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados (a finales de abril de este año), los representantes en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Nuria Urquía, y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Javier Hernández Valencia, felicitaron a los legisladores por esta decisión.

La representante de la FAO afirmó que ''las modificaciones constitucionales representan un paso más en la realización progresiva del derecho a una alimentación suficiente y adecuada para toda la población, y celebramos con gran satisfacción su aprobación en el Congreso''.

Por su parte, Javier Hernández opinó que ''la reforma es un paso adicional en la gran transformación constitucional que el Estado mexicano está experimentando en materia de derechos humanos y es particularmente oportuna para remontar la crisis alimentaria que afecta a miles de personas, garantizando el derecho básico a la alimentación.

“Esta reforma representa un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en las últimas décadas. El derecho a una alimentación adecuada se encuentra plasmado en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de los Derechos del Niño; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; la Declaración Mundial sobre Nutrición; la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, entre otros”, expone el delegado de la ONU.

Aumentar al doble la producción agrícola para 2050

Los días 17 y 18 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de México el Foro Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Volatilidad de Precios: Panorama, Perspectivas y Recomendaciones, al que fue invitado Desdelared.

En la ceremonia inaugural, Nuria Urquía hizo un llamado a estabilizar los precios de los alimentos; “necesitamos más y mejor información sobre los mercados agrícolas, sobre las reservas disponibles, mayor transparencia de los mercados y, sobre todo, aumentar la producción, con una particular atención a la pequeña agricultura”.

Reveló que “todos los análisis indican que debemos aumentar al doble la producción agrícola mundial para alimentar a una población creciente hacia el 2050” (se calcula que en ese año habrá 9 mil millones de habitantes; actualmente hay 7 mil millones). “Este es nuestro reto global, el de todos, porque la seguridad alimentaria es un derecho, un derecho que ya ha sido reconocido constitucionalmente en México”.

Información que la propia FAO distribuyó, establece que entre junio de 2010 y el mismo mes de 2011, el índice de los precios internacionales subió 39%. Pero los precios de algunos productos, como son los cereales, han sufrido incrementos hasta de 71% en el mismo periodo.

Acota que la volatilidad de los precios afecta a productores y consumidores, distorsiona la asignación de recursos, perturba los mercados financieros, genera incertidumbre, desalienta la inversión, encarece el financiamiento agrícola y dificulta la formulación y la creación de políticas públicas.

Asociación de ejidatarios e inversionistas privados, impulsa la SRA

Representaron al gobierno mexicano en este evento los secretarios de Agricultura y Ganadería (SAGARPA), Francisco Mayorga Castañeda, y de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto.

Inició su intervención el titular de la SRA con una pregunta: “por qué (si) los ejidos y las comunidades de México tienen bajo su dominio 52% del territorio nacional, es decir más de 100 millones de hectáreas, no tienen un lugar preponderante en este aspecto (producción de alimentos)”.

Y manifestó que la respuesta está en las “erróneas políticas públicas que durante décadas se han aplicado hacia la tierra de origen social, presuntamente para procurarles beneficios a quienes viven en ellas.

“Las medidas de esas políticas públicas, aún reconociendo su valor en el pasado, hoy en día se han convertido en camisas de fuerza, que tienen sometida a iniciativa y capacidad emprendedora de las familias rurales, esas políticas son responsables del rezago crónico en que se encuentra el medio rural, de la creciente migración, del abandono y subaprovechamiento de la tierra social y de generar una cultura sustentada en la dádiva y la manipulación”, criticó.

Para romperla, agregó, “estamos analizando, entre otras acciones, la posibilidad de que la superficie social certificada y sin conflicto, se traslade en forma automática, o bajo un mecanismo más simple del que hoy establece la ley agraria, para que el ejidatario y el comunero ejerzan el pleno dominio de su tierra”.

Abelardo Escobar justificó: “Hacemos lo que está en nuestras manos para promover una nueva política pública, destruyendo el paradigma de que las asociaciones entre ejidatarios e inversionistas privados son conflictivas. No lo son cuando hay equidad, justicia y certidumbre jurídica, elementos que ofrecemos a través del programa de fomento a la inversión pública y privada en la propiedad rural”.

Informó que este programa lo opera la Procuraduría Agraria y ha impulsado “asociaciones de inversión por más de 118 mil 490 millones de pesos, que se están invirtiendo (por medio de) 2 mil 660 convenios. El beneficio directo para los dueños de la tierra es por 9 mil 285 millones, de los cuales, 2 mil 660 millones ya están en los bolsillos de los ejidatarios, y sin vender la tierra. Este programa beneficia a 253 mil familias”.

Biocombustibles, contribuyen a la volatilidad: SAGARPA

A su vez, el secretario de Agricultura explicó que la producción de alimentos no sólo considera los riesgos propios de los procesos productivos, como son el clima o la condición de los recursos naturales, sino también factores que inciden en los mercados, entre otros, el precio del petróleo, el tipo de cambio y el crecimiento de la demanda de las economías emergentes.

Francisco Mayorga reveló que la demanda creciente de insumos agrícolas para la producción de biocombustibles, “crea una competencia con la producción de alimentos y contribuye a la volatilidad, dado que la producción agrícola no puede responder en el corto plazo a esta demanda”.

Expuso que la SAGARPA establece “políticas y estrategias para que haya disponibilidad de los alimentos y, al mismo tiempo, se incremente el nivel de ingreso de la población”.

Finalmente, se refirió a la ciencia y la tecnología, de las que señaló que tienen un “importante papel” para lograr el crecimiento de la cantidad, calidad y variedad de alimentos. En un entorno de recursos limitados, la investigación y el desarrollo se alcanzan mediante la colaboración entre sector público, privado y académico.

Observatorio de Precios en México, recomiendan

Con respecto a las conclusiones del Foro sobre Seguridad Alimentaria y Volatilidad de Precios de los Alimentos, se recomendó para México, entre otras, reconocer el potencial de la pequeña agricultura, enfatizar el desarrollo de la agricultura familiar y crear un Observatorio de Precios que, coordinado conjuntamente por la SAGARPA y la FAO, y en colaboración con otros organismos internacionales, organizaciones campesinas y de productores y el sector privado, realice el seguimiento a los precios internacionales de los principales productos alimenticios, a los de distintas regiones del país (incluyendo precios al productor, mayoristas y al consumidor) y a los de los insumos agrícolas.