Hace unos días, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Aguascalientes, José de Jesús Ríos Alba, expresó en entrevista con los medios de comunicación que urge controlar el incremento de la población pues, según él, por más que invirta el Estado en educación y desarrollo será imposible satisfacer la demanda de servicios en tanto crezca el número de habitantes.

Indirectamente, Ríos Alba atribuyó el subdesarrollo del país a la población. Bajo su óptica, si nacieran menos niños se garantizarían el crecimiento económico y el desarrollo de México.

A la luz de esas declaraciones, es evidente que el reciente diputado no tiene conocimiento de lo que varios organismos han advertido en los últimos años: que México está a un paso de convertirse en un país viejo, con el agravante de que no se ha sacado provecho del boom poblacional conocido también como Bono Demográfico.

El día de hoy, precisamente, la calificadora Standard & Poor´s acaba de hacer público su estudio “Global Aging 2010: México”. En él señala que la economía del país empezará a verse afectada a partir del 2020 debido al envejecimiento de la población.

Resulta que si continuamos como estamos, para el 2050, las personas con más de 65 años de edad serán el equivalente al 36% de las que para entonces estén en edad de trabajar, esto es, las personas que tengan entre 15 y 64 años de edad. Actualmente, las personas en ese rango de edad son el 10%. Aquí cabría preguntar qué sistema de pensiones y de salud podrá atender a más personas ancianas sin el soporte de una población joven en edad productiva y sin las debidas reservas económicas en el sistema de pensiones del estado mexicano, de las entidades federativas, de los organismos descentralizados y de las instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

“Esperamos que la población (de México) alcance a mediados de la década del 2040 su máximo nivel, llegando a 130 millones de personas. Para el 2020, se espera que el 68% de la población esté en edad de trabajar, contra el actual 66%, y que para el 2050 sea el 62%”, dice la calificadora.

S&P hace su proyección asumiendo que no se den en el país las reformas estructurales. A partir de este modelo, considera que el gasto público para cubrir la atención a las personas de la tercera edad (salud, servicios y pensiones) pasará de representar el 5.6% del PIB en el 2010 al 9.9% en el 2050.
Cierto que el incremento de 4.3% en ese lapso es inferior al que se espera de 7.8% como promedio en los 49 países sobre los que se hizo la proyección. Ello no impide que la calificadora advierta que “la situación demográfica de México sugiere que la base fiscal pudiera erosionarse con mayor rapidez a partir del 2020 ante la necesidad de incrementar el gasto en personas de la tercera edad. Sin reformas estructurales y fiscales, la deuda neta de México pudiera entonces llegar al 162% del PIB nacional, cuando hoy es el 36%.