El Reino Unido, que ha sido pionero en tantas instituciones democráticas adoptadas por buena parte de los países del planeta, parece llevar ahora esa igualdad al tema laboral bajo el lema que pareciera decir “todos a trabajar, aún los presos”.
Su Ministro de Justicia, Kenneth Clarke, anunció que tienen en estudio un plan para que trabajen los reclusos en cárceles de ese país, ya que hasta ahora viven en una holganza tal que al que no quiere levantarse de la cama no se le obliga a hacerlo.
El plan comprende que los presos dediquen ocho horas diarias a alguna labor productiva que puedan realizar dentro de su confinamiento y que reciban por ello una retribución que les permita enviar dinero a sus familias y aportar una parte a un fondo de compensación para las víctimas de los delitos.
Además de mantener ocupados a los presos y evitar los inconvenientes de la holganza en las prisiones, permitiría a los reclusos mantenerse activos y facilitar su reinserción al mundo del trabajo una vez cumplido el tiempo de su condena.
Actualmente, en las cárceles de ese país hay 85 mil presos, lo que representa una considerable fuerza laboral. La idea es que esos empleos creados en las cárceles no resten posibilidades de trabajo para quienes gozan de libertad, sino que se trate de líneas de producción que no compitan de manera directa con los empleos que generan las empresas para quienes viven en libertad.
Según comentan algunos medios europeos, la intención es que cada recluso reciba a la semana un pago de 220 euros, que al tipo de cambio de 17 pesos por euro totalizan 3,740 pesos a la semana.
De esa cantidad, los reclusos deben destinar una parte, el 20%, para un fondo de ayuda a personas que hayan sido víctimas de delitos. El resto se les deposita en una cuenta bancaria y de ahí, los reclusos pueden enviar lo que consideren a sus familias.
Además de evitar los problemas que causa la holganza en las prisiones, de mantener activos a los presos y actualizados en materia laboral, la iniciativa permite que generen algún ingreso para sus familias que por lo general quedan desprotegidas cuando una persona cumple una condena privada de la libertad.
¿Y en México? |
