El Congreso local dio luz verde al Gobierno del Estado de Aguascalietes para enajenar varios predios por el rumbo de la Isla San Marcos a favor de la empresa que construirá la Arena.

La empresa en cuestión es Promotora Dome, S.A. de C.V. del Grupo Avalanz, que en los 4 predios que le serán enajenados construirá en el transcurso de los próximos dos años una Arena Polivalente, que en principio pudiera llevar por nombre Arena San Marcos.

Grupo Avalanz es presidido por el señor Guillermo Salinas Pliego, y entre sus empresas están: Arena Monterrey, SuperBoletos, TV Azteca Noreste, Universidad CNCI, Todito, Zignia Live y Arena México

Los predios en cuestión ocupan una superficie total de 79 mil 311 metros cuadrados, que colindan con el Río San Pedro y Boulevard San Marcos, en el surponiente de la ciudad de Aguascalientes.

La inversión estimada para la construcción de la Arena es de 140 millones de pesos en los próximos dos años. La derrama económica proyectada es de 180 millones de pesos anuales.

El predio con mayor superficie (41,913 metros cuadrados) se destinará a la construcción de la Arena.

En los predios que se denominan “1” y “2”, con una superficie cada uno de poco más de 12 mil metros cuadrados, se construirán los estacionamientos para el servicio de la Arena.

Y el predio “3”, de 12,745 metros cuadrados, será destinado a ampliar la oferta hotelera.

La Arena tendrá capacidad para recibir a 8 mil espectadores. Para su etapa inicial se contempla realizar en ella unos 30 eventos al año.

La autorización dada por el Congreso está sujeta a que los predios se vendan a un precio de 600 pesos por metro cuadrado, a “condición de que en un plazo no mayor a dos años se edifique sobre los predios la Arena Polivalente que podrá denominarse Arena San Marcos”, según el dictamen correspondiente.

En la propuesta turnada por el Ejecutivo, el precio sugerido fue de 300 pesos por metro cuadrado, pero el Congreso estimó que este valor no correspondía a la infraestructura de que dispone la zona, por lo que fijó el precio en 600 metros cuadrados.

El Congreso también dispuso que el 30% de los recursos que se reciban por la enajenación de estos predios se destinen al “bienestar de los más desprotegidos”. 

En caso de que el contratista no edifique sobre los predios en el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del decreto, se le revocará el traslado de dominio y se le penalizará con el equivalente al 20% del valor de la enajenación.

El decreto en cuestión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.