1. Una política fiscal que resuelva los retos de coyuntura, pero mirando al largo plazo.

• Permanencia de la tasa del 16.5% del IETU en 2009.
• Aceleración y resolución inmediata de las devoluciones de saldos a favor de IVA.
• Establecimiento de un mecanismo que durante 2009 permita que en las obligaciones provisionales mensuales se pague el gravamen que cause mayor monto y que a los montos correspondientes al ISR también se les puedan disminuir los pagos de IETU.
• Extensión de la vigencia del decreto de exención del 5% para determinadas cuotas del IMSS.
• Introducción y aplicación de un régimen de excepción en el pago de cuotas de Seguridad Social e Infonavit, considerando periodos de gracia, ampliación de plazos y existencia de parcialidades para empresas cumplidas pero con problemas temporales de liquidez.
• Simplificación del despacho aduanal, privilegiando los sistemas de una sola revisión y homologando horarios.
• Eliminación definitiva del pago del impuesto a la tenencia de automóviles.
• Determinación de la eliminación del ISR a partir de 2010, junto con toda su cauda de exenciones, dejando al IETU como tasa única para gravar los ingresos.
• Disminución de la tasa de IVA del 15 al 12%, y la generalización de su aplicación a todos los productos y servicios a partir de 2010, incluyendo alimentos y medicinas, tal vez con una tasa menor diferenciada.

2. La reforma laboral pendiente

• Flexibilización de la contratación y término de las relaciones laborales.
• Legislación sobre regímenes de periodo de prueba, capacitación inicial, trabajo de temporada y multi-habilidad con remuneración adecuada.
• Flexibilización en jornadas y esquemas de pago de salarios.
• Contratos colectivos multianuales y con disposiciones ligadas a productividad.
• Profesionalización de los órganos de procuración de justicia y litigio en materia laboral.
• Establecimiento de límites y topes a las indemnizaciones y salarios caídos.
• Reglamentación adecuada de las demandas de huelga y titularidad.
• Establecimiento de reglas claras y estrictas para el registro de contratos colectivos.
• Simplificación y desregulación de las obligaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo relativas a capacitación, adiestramiento, seguridad y salud ocupacional.
• Eliminación del escalafón ciego.
• Obligatoriedad para ambas partes de los temas de capacitación y formación.
• Conciliación en cualquier momento o instancia dentro de los procesos laborales.
• Corrección de aspectos de procedimiento para hacerlos más expeditos.

3. Gobierno eficiente

• Eliminación de obstáculos que hoy impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para permitir la toma de decisiones oportuna y eficaz por parte de los funcionarios.
• Agilización de los procesos internos generados en las secretarías y total coordinación en aquellos existentes entre éstas.
• Revisión de las facultades del IFAI en relación al trabajo que realizan los servidores públicos, pues en algunos casos exceden sus alcances.
• Facilitación de la elaboración de proyectos ejecutivos y mayor certidumbre jurídica para las licitaciones en lo concerniente a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
• Generalización de las mejores prácticas estatales en México según el estudio Doing Business en materia de apertura de empresas, permisos de construcción, registros de propiedad y cumplimiento de contratos.
• Reducción de tiempos e incertidumbre en los procesos ante los registros públicos de la propiedad y la constitución de garantías inmobiliarias.
• Aplicación de un plan para hacer más eficiente la operación de todos los órganos públicos.
• Reducción del 50% a las dietas de los legisladores federales y estatales.
• Establecimiento de un tope salarial a funcionarios públicos.
• Reducción de un 30% a los gastos de las campañas políticas y reasignar los recursos para obra pública.

4. Financiamiento y apoyos oportunos y eficientes para las Pymes.

• Reestructuración de la banca de desarrollo para facultarla para atender proyectos de diversos sectores productivos en operaciones de banca de primer piso.
• Adecuación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Federal y las disposiciones correspondientes de los Estados, a fin de que las Pymes puedan convertirse en proveedoras del gobierno.
• Establecimiento de un proceso universal de licitación más eficiente y expedito en todas las dependencias y órganos autónomos.
• Licitaciones fraccionadas que permitan participar a Pymes.
• Reglas para que los consejos que decidan licitaciones no conozcan los nombres de las empresas que corresponden a cada una de las propuestas.
• Instrumentación de la clave única como empresa proveedora de Gobierno.
• Establecimiento de un mecanismo de seguridad equiparable a la fianza que sea de menor costo.
• Establecer sanciones a la autoridad que retrase o exceda los plazos marcados para un proceso.
• Establecimiento de beneficios fiscales a empresas que generen cadenas de valor que integren a Pymes nacionales y generen encadenamientos productivos.
• Instrumentación de un plan nacional que fomente prácticas de certificación y normalización para habilitar Pymes proveedoras de la industria maquiladora y de las grandes empresas.
• Campaña masiva de difusión de cultura financiera y de cumplimiento de lineamientos y requisitos para poder acceder a programas de apoyo y financiamiento público o privado.
• Programas e incentivos para facilitar la reconfiguración de empresas, con objeto de que adapten su oferta a las nuevas necesidades de los mercados.

5. Más infraestructura, con un esfuerzo mayor por parte de los Estados.

• Restablecimiento de la Comisión Nacional de Infraestructura, con la participación del sector privado, y crear órganos similares para los Estados.
• Coordinación interestatal para la generación de proyectos regionales.
• Institucionalización en todos los estados de la elaboración de planes de infraestructura de largo plazo con proyectos ligados.
• Asignación de recursos federales para proyectos de infraestructura supeditada a estrategias de desarrollo regional de largo plazo.

6. Más competencia y menos prácticas monopólicas

• Fortalecimiento de la autonomía y atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.
• Combate a las prácticas monopólicas con base en una política federal de focalización y resolución de un tema a la vez.
• Reducción de los precios de la totalidad de los hidrocarburos a niveles competitivos internacionales.
• Inversión privada en proyectos de generación de energías alternativas.

7. Institucionalizar el desarrollo regional.

• Creación de núcleos productivos y clusters en los cuáles se propicie la investigación y el desarrollo de tecnologías y capital humano, vinculando los sectores educativo, científico y empresarial.
• Generación y fomento de programas de apoyo e incentivos estatales para empresas que coadyuven al desarrollo planeado y la consolidación de vocaciones productivas regionales.
• Agencias de desarrollo económico locales con la participación del sector privado.

8. Educación de calidad e innovación.

• Incorporación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en los contratos colectivos de trabajo.
• “Bono educativo universal”: financiamiento público para acceder a la educación básica, ya sea en instituciones públicas o privadas.
• Expedición de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.