Según la CEPAL, la legitimidad de una buena reforma fiscal depende de que se perciba como un nuevo pacto entre autoridad y sociedad.
Aguascalientes, Ags.- Desde hace unas dos décadas, el gobierno y los principales agentes económicos en México saben bien qué hacer, desde el punto de vista técnico, con la reforma fiscal: aumentar los ingresos públicos para tener mayor capacidad de inversión y en teoría, mediante ésta, impulsar la innovación, la productividad y el crecimiento.
Pero lo que ha sido mucho menos claro, desde el ángulo político y comunicacional, es cómo viabilizar una reforma compleja como ésa, en la cual inevitablemente todo el mundo terminará poniendo algo, haciendo que los contribuyentes perciban que a cada pago de impuestos corresponderá una contraprestación en la forma de bienes y servicios públicos oportunos y de calidad. Y ésta no es una cuestión de números, sino de reciprocidad.
Por lo tanto, la mitad del éxito de una futura reforma fiscal no sólo dependerá de su diseño técnico y del arreglo interpartidista para formularla y aprobarla, sino de tener y ejecutar una estrategia de comunicación que reduzca (o por lo menos comparta) los costos políticos para sus distintos promotores y maximice la expectativa de sus beneficios potenciales.
En México, como lo evidencian las encuestas Latinobarómetro, hay una sensación antigua y extendida de que es inútil pagar impuestos porque éstos se desperdician, se derrochan o van a parar a los bolsillos de políticos y empresarios; por ende, dicen esos sondeos, el mexicano promedio piensa que es legítimo incumplir la obligación porque no recibe nada a cambio. A diferencia de países de alto desarrollo, donde evadir al fisco no sólo está penalizado sino que recibe una sanción social, entre nosotros esto es algo más o menos aceptado.
Aducir que en la base de esa actitud están razones históricas y culturales cuya modificación será un proceso de muy largo plazo es una posición correcta como concepto, pero a corto plazo es insuficiente para internalizar colectivamente el significado de pagar impuestos y modificar una relación Estado-sociedad débil en esta materia por otra en la cual prevalezca un sentido de reciprocidad —”doy para que me des”, decían los romanos— a través de los servicios públicos.
Un estudio reciente de CEPAL, por ejemplo, sugiere que la legitimidad de una buena reforma fiscal depende de que se perciba como un nuevo pacto entre autoridad y sociedad sostenido, entre otras cosas, en reglas de balance que eviten que la política fiscal sea procíclica, en la constitución de fondos soberanos que permitan ahorrar en épocas de vacas gordas para invertir en las de vacas flacas, en dar información fiscal creíble e independiente, en mejorar la calidad del gasto público y en crear consejos de evaluación y seguimiento de la política fiscal autónomos.
No bastará, en su momento, reiterar lo ya sabido —que México recauda poco, que es indispensable invertir más para mejorar, etc.— sino habrá que explicar muy bien para qué quiere más dinero el gobierno, en qué lo va a gastar concreta y detalladamente, y cuándo y cómo le será devuelto al contribuyente. Es decir, comunicación y reciprocidad.
