OSCs en México: el reto de la autonomía

El periodo 2006-2012 se recordará como uno de los más violentos en México desde la Revolución. Aunque con endeble precisión, se han contabilizado millares de víctimas de todo tipo de crímenes: muchos cometidos por delincuentes organizados, algunos por amateurs que aprovecharon el momento, y otros más que han sido adjudicados a autoridades en los tres niveles de gobierno y pertenecientes a todos los colores políticos.

Sin embargo, al tiempo que se desataba un ambiente de inseguridad, también comenzó a gestarse un fenómeno de formación de sociedad civil que, aunque diversificado en células heterogéneas, ha buscado mecanismos que contribuyan a recuperar la paz. La Primera Cumbre Ciudadana y los Diálogos por la Paz – incluso el movimiento de #YoSoy132- que han tenido lugar en las últimas semanas, bien podrían ser el epílogo de una evolución ciudadana que finalmente asumió como propia la cosa pública. No obstante, lo anterior no significa que el país ya cuente con una sociedad civil madura consolidada. De hecho, su fragilidad ha quedado constatada cada vez que alguno de sus líderes abandona el bastión civil para incorporarse a las filas gubernamentales, además de que muchas organizaciones supusieron que la derrota del PRI en 2000 implicaba, inexorablemente, el triunfo de la democracia y de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son un vínculo entre la sociedad y el Estado. Éstas surgen, en buena medida, para responder a una crisis de representatividad de los intereses de la ciudadanía. Por ello, entre sus características definitorias está la de incidir en la esfera pública a fin de lograr el bien común y, sobre todo, la de conducirse como organizaciones sin ánimo de lucro, poder político o de adhesión a un partido determinado.

En el país, el surgimiento de las OSCs estuvo aparejado a desastres naturales, pero también políticos o sociales: el movimiento estudiantil de 1968, la organización social que devino del temblor de 1985, y las OSCs que surgieron durante el proceso de transición. En años recientes, la ola de violencia fungió como catalizador de nuevas movilizaciones como las "marchas blancas" de 2004 y 2008 y, más reciente, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que reúne víctimas de todo el país. Sin embargo, la experiencia histórica indica la poca probabilidad de que dichas organizaciones trasciendan la coyuntura de la cual emanaron. En el caso particular de México, el tiempo promedio de vida de una organización civil es de apenas dos años. Más aún, mientras que en Estados Unidos existe una OSC por cada 1,500 habitantes, en México sólo hay una por cada 6 mil.

La flaqueza de las OSCs en México resulta natural si se entiende que, por muchos años, el contexto político autoritario inhibía el ejercicio de los derechos de expresión, manifestación o asociación. Pero no sólo eso. Gobiernos pasados –y también recientes- han consolidado mecanismos para incorporar a los líderes de las OSCs en la burocracia gubernamental y, con ello, desarticular toda la organización. Es por eso que la gran crítica que hoy se presenta ante estos grupos es su incapacidad de, de hecho, construir una organización y no depender de figuras unipersonales, su incapacidad de permanecer como entes autónomos. Es ese el reto que se avecina para los movimientos, liderazgos y organizaciones que se formaron a lo largo de este sexenio, aunque no el único. Además, deben hacerse cargo de la responsabilidad que implica su capacidad de incidir en la formación de nuevas políticas públicas. Si bien puede considerarse un logro la creación de nueva regulación- como las ley de víctimas o la anti-secuestro- vale la pena preguntarse si las organizaciones que las impulsaron ya les han realizado una evaluación de calidad, pertinencia o alcance.

Consolidar la participación de las OSCs continúa como una tarea pendiente para la ciudadanía. Trabajar en esto es impostergable pues, incluso años después de la alternancia, aún encontramos resabios de autoritarismo en la regulación electoral, en la forma en la que algunos gobiernos locales reaccionan ante las marchas de protesta, en el manejo político de algunos medios de comunicación y, muy importante, en las prácticas corruptas que cunden en sociedad y gobierno. Para eliminar de raíz tales prácticas, la participación ciudadana crítica, informada, organizada y responsable, sea en una organización o desde el plano individual, es crucial. El potencial retorno del PRI podría constituir un desafío formidable para toda una generación de mexicanos.

Una mirada a lo local: el DF en piloto automático

El domingo 27 de mayo, los capitalinos pudieron ver y escuchar el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En términos generales, Miguel Ángel Mancera (Movimiento Progresista), Beatriz Paredes (PRI-PVEM), Isabel Miranda (PAN) y Rosario Guerra (PANAL), protagonizaron un evento parco, con muchos problemas para mantener la atención de la audiencia y con pocas cosas que comentar (salvo, por cierto, la mención que se hizo de los datos sobre transparencia y fiscalización incluidos en el Ranking de normatividad estatal del gasto público que realizó CIDAC en 2011).

En este ejercicio, a diferencia de los debates de 2000 y 2006, más que la discusión en el plano político, reinó el planteamiento de cuestiones técnicas para la solución de los problemas de la Ciudad de México. En principio, esto pudiera ser una buena noticia, ya que las descalificaciones (en cualquier caso presentes) pasaron a segundo término. Lamentablemente, los planteamientos fueron muy pobres y dejaron ver la escasez de propuestas innovadoras.

En sí, se pudieron ver dos proyectos: uno de continuidad enarbolado por Mancera, y otro… de continuidad postulado por las otras tres candidatas. Siendo tantos los conflictos en materia de vialidades, movilidad, inseguridad y abasto de agua, la falta de imaginación de los candidatos en poner sobre la mesa nuevas opciones de solución es, por lo menos, desalentadora. La pregunta entonces es, ¿por qué, a pesar de los problemas de la ciudad, quienes aspiran a gobernar la capital de la República –y, de hecho, la mayoría de los electores- parecen permanecer inmóviles ante la continuidad?

El Partido de la Revolución Democrática comenzó a gobernar la Ciudad de México en 1997. Durante ese primer periodo de gobierno, el cual sólo duró tres años, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles lograron cooptar las redes corporativas y clientelares que formaban parte del PRI. A partir de 2000, Andrés Manuel López Obrador, quien había ganado el GDF por menos de 50 mil votos (1%) al panista Santiago Creel, se enfocó en consolidar estas redes a través de un aumento considerable en el gasto social (y más específicamente en las transferencias directas como las pensiones a la tercera edad). En 2006, Marcelo Ebrard logró cosechar esos frutos y ganó la elección con una ventaja de más de 19 puntos (900 mil votos) sobre Demetrio Sodi (PAN). El actual mandatario capitalino no sólo logró mantener a la clientela habitual de su partido sino que logró apelar, casi por completo, a todo el segmento de la clase media (alta y baja). Dado lo anterior, no es de sorprenderse que su gobierno presente niveles de aprobación de 67% (Reforma, abril 2012). En 15 años, la izquierda, con todo y sus diferencias, escisiones y hasta ex abruptos (como el de Rafael Acosta "Juanito" en Iztapalapa), ha consolidado su bastión en el DF.

En este sentido, desde el inicio de la contienda, Mancera ha mostrado una clara ventaja en todas las encuestas electorales. Tomando esto en cuenta, se habría esperado que en el debate el resto de las contendientes atacaran al candidato puntero. Sin embargo, más allá de un par de comentarios de Isabel Miranda, ese golpeteo no existió. Lejos se estuvo del acalorado intercambio de golpes políticos que se observaron en el debate de 2000 entre los entonces candidatos Jesús Silva Herzog (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (PRD), quienes en algún momento del evento se dedicaron a "concursar" sobre quién tenía el pasado menos salinista de los dos.

Ya en 2006 se avisoraba una decadencia en el debate político apasionado cuando Ebrard, Sodi y Paredes pocos rasguños se propinaron. En el debate de este año, tal vez el cálculo fue que ante una fuerza clientelar y corporativista como la que tiene la izquierda en la capital, atacar desde el aspecto político habría sido una mala estrategia. Aparentemente, no le queda de otra a la oposición más que debatir desde el aspecto técnico, en donde todos los candidatos flaquean. El mismo Mancera, ex procurador capitalino y, sin duda, un especialista en temas de justicia, no se maneja con tanta comodidad fuera de esa esfera temática. Sin embargo, el piloto automático que ha activado la izquierda en el Distrito Federal parece estar calibrado con la suficiente potencia para llevar al triunfo a su candidato, con todo y sus titubeos e inexperiencia política.

Reflexión 2012: la impotencia ante el crimen

El 25 y 26 de mayo, cinco instalaciones pertenecientes a Sabritas –subsidiaria de PepsiCo- en Lázaro Cárdenas, Apatzingan, Uruapan, Celaya y Salvatierra fueron incendiadas, presuntamente por miembros de un grupo criminal vinculado con el narcotráfico.

Por muchos años, la delincuencia organizada en México ha hecho blanco de sus acciones a las empresas. Ejemplo de ello han sido los numerosos robos en sus cadenas de proveedores y distribuidores, extorsiones, secuestros y homicidios.

De acuerdo con cifras del Banco de México, 68% de las empresas en el norte del país manifiestan un daño grave vinculado con organizaciones criminales. Ahora bien, la diferencia del caso Sabritas recae en lo visible del hecho.

Más allá de lo elocuente del mensaje de intimidación por parte de quienes perpetraron los ataques, hay un factor que se debe considerar. Generalmente, por el miedo a represalias, aunado a las escasas garantías que ofrecen las autoridades, empresas y empresarios suelen no denunciar ciertos hechos delictivos en su contra. Esto es uno de los elementos que nutren la dispersa aunque inquietante "cifra negra" en los índices delictivos. En esta ocasión, los criminales no tuvieron el mayor empacho en que sus actos fueran claros y contundentes ante los ojos de todos.

La hipótesis que manejó en primera instancia la procuraduría estatal de Guanajuato fue que los ataques tuvieron la intención de mandar un mensaje al sector empresarial para incrementar el cumplimiento de demandas de extorsión. De inmediato, la versión fue desmentida por los directivos de PepsiCo. El punto es, ¿qué se puede hacer para eliminar esta sensación de impotencia ante las acciones de la delincuencia?

Tal vez los hechos en Michoacán y Guanajuato no van a engrosar la "cifra negra" de los crímenes contra la empresa en México. Lo grave es que, a pesar de que las autoridades logren dar con los autores materiales e intelectuales de los incendios, ello abona poco en la solución del complejo fenómeno delincuencial que padece nuestro país.

¿Cuántas veces hemos presenciado crímenes "espectaculares" donde la policía presenta presuntos y probados culpables después de pocos días o hasta horas de investigaciones y pesquisas?; ¿cuántas otras hemos escuchado o hasta padecido de acciones delictivas que no llegan a las primeras planas de la prensa o a los espacios estelares de la televisión y, por ende, suelen no tener la atención tan minuciosa y urgente por parte de la autoridad? Es evidente que no es posible para los cuerpos policiacos y de procuración de justicia atender todos los casos, en especial en una espiral de violencia y criminalidad como la que hoy vivimos. La situación se recrudece cuando el crimen tiene de su lado a un dos poderosos aliados: el dinero y el poder de fuego. No obstante, aquí aparece otro dilema: si el Estado debe tener recursos financieros y materiales superiores a los de quienes transgreden la ley y desafían la prevalencia del estado de derecho, ¿hasta dónde se puede tolerar una carrera en la lucha por la supremacía en este sentido? Por supuesto que la respuesta se complica cuando ni siquiera el mismo Estado cuenta con las herramientas institucionales mínimas para hacerlo. Tan sólo por mencionar dos casos de estas carencias están los retrasos a la aprobación de las leyes contra el lavado de dinero y la de seguridad nacional.

Lo que este caso evidencia es el grado de deterioro del Estado en su responsabilidad primordial. No se le puede pedir a la sociedad que asuma la responsabilidad que le corresponde al Estado, y menos esperar que se generen inversiones, empleos o actividad productiva cuando no existe una garantía elemental de orden. Quizás este caso evidencia, más que ningún otro, los límites de una estrategia de seguridad cuyo eje es la confrontación con las mafias en lugar de la protección de la población. Así, dos actos delincuenciales acaban desnudando a todo un sexenio y su fallida lucha contra un elusivo enemigo.