Aguascalientes, Ags.- En octubre de 2004, durante el seminario High Level Roundtable on Education Policy and Inequality in Mexico, organizado por Fernando Reimers en Harvard, hice una presentación (puede verse, por ejemplo, en http://www.observatorio.org/colabor...) donde, en síntesis, señalaba que en las últimas dos décadas el gasto educativo total en México ha aumentado de manera muy importante, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, y, sin embargo, no ha tenido impacto en la calidad de la educación, el ingreso per cápita, la productividad laboral o las evaluaciones internacionales.
Añadí que parte principal del problema era que “la mayor parte del presupuesto educativo (97.2%) se va a gasto corriente, y, de ese porcentaje, 93.6% tan sólo a salarios. Como es obvio, esta distribución deja muy escaso margen (apenas 2.8% vs. 8.4% de los demás países, en educación básica) para inversión de capital”.
La consecuencia —finalizaba— es que el crecimiento de ese gasto no está teniendo un efecto positivo para lograr una mejor educación y, en consecuencia, “antes de gastar más habría que revisar y modificar la composición y la orientación de ese gasto en los próximos años. En suma, mover el eje de la política pública de gasto educativo de acciones y objetivos a mejores resultados”.
Pues bien, el reciente informe de la OCDE sobre la educación en el mundo reitera para el caso de México, por enésima vez, una conclusión conocida hasta el cansancio sin aportar nuevas ideas acerca de cómo reformar la gestión de la administración educativa, de la que el gasto es, si bien medular, sólo una parte. Lo peor es que bordar sobre lo mismo empantana la discusión de fondo, y puede desviar la orientación de la política pública. Me explico:
Que el presupuesto educativo está pésimamente diseñado se sabe desde hace al menos una década. Pero lo que ha sido mucho menos examinado es que su ejercicio está montado sobre una compleja estructura normativa, política y administrativa de tal naturaleza que ni la SEP ni los gobiernos estatales tienen espacio alguno para evitar la llamada doble negociación, que carga aún más el costo salarial, ni corregir (asumiendo que quisieran) la tremenda distorsión que supone gastar casi la totalidad de los recursos en salarios, prestaciones, bonos y demás privilegios sin asociarlos de manera vinculante a evaluaciones, rendición de cuentas, en suma, resultados.
Por ende, como no se comprende que en este renglón específico el problema es esa arquitectura, soltar ingenuamente tiros de escopeta —comisionados, evaluaciones, pleitos sindicales— ha hecho que la discusión inteligente, atinada y políticamente eficaz sea sustituida por un ruido mediático que a quien más conviene es, naturalmente, a quienes han capturado la gestión de la administración educativa.
Una verdadera reforma, en este y en otros campos, no consiste en una lista de compras del supermercado, sino en diseñar, formular y ejecutar una política pública integral y estratégica y eso pasa, previamente, por un debate avanzado.
