IFE: en sus marcas, ¿listos?

El próximo 7 de octubre comienza, jurídicamente, el proceso electoral de 2012. De momento, el Instituto Federal Electoral (IFE) sesiona sin tres consejeros a falta de acuerdo en la Cámara de Diputados para cubrir los puestos. Si bien la legalidad del proceso electoral la otorga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -cuya recién renovada Presidencia no presentó mayor objeción de los partidos políticos- la existencia de un consejo del IFE incompleto podría restarle legitimidad ante la opinión pública y con ello al proceso completo de elección. Este escenario, aunado a la rotación en la Junta de Coordinación Política (JUCOPA), podría incentivar a los distintos actores a impulsar los nombramientos en el corto plazo.

Originalmente, la construcción de un órgano autónomo que supervisara los procesos electorales estaba fundada en la existencia de consejeros ciudadanos, aparentemente apartidistas. Sin embargo, como nunca se dictaron reglas específicas para el nombramiento de consejeros en la cámara baja, los diputados históricamente han modificado las cuotas necesarias para poder designar a los consejeros. Por lo mismo, los legisladores del PRI defienden el principio de cuota proporcional que les asignaría dos de los tres posibles; mientras, los legisladores del PAN y el PRD favorecen la cuota unitaria, que asigna un consejero a cada uno de los tres partidos principales.

La rotación en la JUCOPA dejó el poder de agenda en manos del Diputado del PRD Armando Ríos Piter, muy vinculado a Marcelo Ebrard y con un aparente buen entendimiento con actores del PRI. La salida de la Cámara de una eventual candidata a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, además de la presión pública ejercida por el IFE y el propio Presidente Calderón, podría convencer al PRI de acelerar los nombramientos toda vez que un consejo completo blindaría las decisiones del IFE durante el proceso electoral, dificultando así los procesos de impugnación que se pudieran suscitar ante una eventual victoria del candidato priísta. De esta forma, el PRI podría buscar incluso aprobar inicialmente un solo candidato que, si bien suyo, ofrezca garantías a todos para comenzar.

La estrategia de López Obrador

El domingo pasado se formalizó la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Auditorio Nacional. Con Convergencia como el brazo partidario, se ha señalado que MORENA integra a 4 millones de personas, cuenta con 2,400 comités municipales y 35 mil seccionales. Además, se dice tendrá una estructura de 500 mil ciudadanos para monitorear la acción de las casillas en 2012. Pero el punto fundamental de la reunión, más allá de la presentación del movimiento y sus dimensiones, fue el inicio formal del esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador por virar hacia el centro del espectro ideológico.

MORENA evidencia la estructura y base territorial construida, literalmente, a pie, como primera parte de la estrategia. Una vez construidos los cimientos López Obrador ha emprendido un acercamiento a grupos particulares bajo una postura menos radical: por un lado, al sector privado, por ello su visita a empresarios regiomontanos; por otro lado, a la clase media, por lo que generó un consejo consultivo para MORENA de 84 ciudadanos connotados; finalmente, a los Estados Unidos, para lo cual programó una serie de presentaciones en Chicago y Washington donde, además de establecer su visión sobre México -caso inusitado en tanto que hace seis años declinó toda invitación a viajar a territorio norteamericano- buscaría fortalecer su estructura con el voto de los mexicanos en el extranjero.

La estrategia tiene, desde luego, implicaciones sobre la contienda por la candidatura de izquierda con el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. El que López Obrador se mueva al centro podría disminuir el principal activo de Ebrard, su contraste. Si bien, López Obrador es el candidato con mayores negativos en la opinión pública y las dudas de que pueda revertirlos significativamente son justificadas, lo cierto es que de acuerdo con encuestas hoy tiene su menor nivel de negativos en mucho tiempo. Dos elementos que podrían ayudarle a revertirlos son: una realidad socioeconómica para la que el discurso de López Obrador podría conectar con un porcentaje significativo del electorado y que, ante esta situación, y una mala selección de candidato en el PAN, sea él quien se posicione como la figura que mejor se contrapone al candidato del PRI.

Paramilitares y la respuesta social

Los cuerpos sin vida de 35 personas encontrados en una de las principales vías de Boca del Río, Veracruz, pasaron a segundo plano cuando se difundió en Internet un video en el que cinco hombres de "La nueva generación del Cártel de Jalisco" se adjudicaban la autoría de los homicidios. Su discurso, dirigido a autoridades y ciudadanía, anunció el inicio de una guerra en contra del Cártel de los Zetas, de ahí el mote de matazetas. Se trata de una presunta limpieza que, si bien podría tener que ver únicamente con recuperar mercado o plazas de drogas, también incorpora -paradójicamente- la defensa de principios éticos.

En los medios, estos vengadores anónimos, fueron presentados como paramilitares. El problema de usar un término de esa naturaleza es que se refiere a todo grupo privado, con una estructura militar, que se arma paralelamente y al margen del monopolio de la fuerza que detenta el Estado. Pero un paramilitar puede o no estar alineado a los intereses del gobierno. La vaguedad de la definición se ha prestado a toda clase de conjeturas: si son quienes dicen ser, si fueron contratados desde algún área de gobierno, si se trata de un grupo privado financiado por empresarios o si es el primer grupo de civiles armados en busca de autodefensa. Elucubrar sobre la naturaleza de los grupos resulta un ejercicio necesario, sí, pero secundario cuando se entiende que podría ser uno o todos los supuestos anteriores los que podrían estar sucediendo en México.

En paralelo, un problema tan grave como la posibilidad de actuar al margen de la ley -de la forma más violenta posible y sin castigo- es que la población comience a legitimar este tipo de prácticas. La promesa de una entidad sin secuestros, sin muertes, sin robo y sin funcionarios corruptos, es desde luego deseable. El riesgo es que ante la incapacidad del Estado para proveer seguridad a su población, hacer realidad esa promesa se perciba más creíble viniendo de grupos fuera de la ley.