Beltrones: gobernabilidad y conveniencia
El pasado jueves 14 de septiembre, el Senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que sugiere que el Ejecutivo tenga la opción de conformar un gobierno de coalición con el fin de aumentar la gobernabilidad. Bajo el esquema sugerido, se acordarían políticas públicas con miembros de la oposición y el poder Legislativo se haría responsable del seguimiento de las mismas. Asimismo la iniciativa sujeta a cada uno de los secretarios de Estado a la ratificación del Senado, con la posibilidad de dos vetos subsecuentes. Por último se propone que el Presidente tenga voz en las cámaras del Congreso por sí mismo, o a través del secretario de Gobernación, para que pueda presentar iniciativas, informes o responder a preguntas.
La justificación detrás de la propuesta del Senador Beltrones es que un gobierno de coalición, al incluir a la oposición en el seguimiento de políticas públicas, favorecería la gobernabilidad. En este sentido, se contrapone a la iniciativa sugerida hace algunos meses por el ex Gobernador Enrique Peña Nieto. En ésta, la exposición de motivos argumentaba que se generaría gobernabilidad al sub-representar a la oposición en la cámara. Es decir, mientras la iniciativa de uno argumenta que la gobernabilidad se logra a partir de la inclusión de la oposición, la otra argumenta que la exclusión era la solución. Mientras que la iniciativa de Peña Nieto probablemente aumentaría la gobernabilidad, introducía un debate de representatividad. La iniciativa de Beltrones, por su parte, al no obligar al Ejecutivo a la formación de gobiernos de coalición, deja pocos incentivos a que éste ocupe el recurso.
La contraposición de posturas es simultánea a la competencia por la candidatura del PRI a la Presidencia y responde a la necesidad del Senador Beltrones de generar interés que lo ayude a posicionarse ante la opinión pública. Para ello, la estrategia del Senador fue presentar una iniciativa que lo diferenciara de Peña Nieto. Sin embargo, ésta no parece en realidad una confrontación a los intereses inmediatos de Peña Nieto por tres razones. La primera es que el PRI espera llevarse una mayoría en el siguiente Congreso, en consecuencia y en segundo lugar, la ya mencionada ausencia de obligatoriedad dejaría intacto al nuevo Ejecutivo. Finalmente, dado que la modificación requeriría modificaciones de leyes secundarias, éstas pueden quedarse en la congeladora legislativa aún después de haberse aprobado las reformas constitucionales. Así que en este caso disentir es de bajo riesgo y conveniente.
Ebrard: cuando una buena gestión no alcanza
Marcelo Ebrard comienza, con la entrega de su quinto y al parecer último informe de gobierno el pasado sábado, una extensa campaña que intentará difundir los logros de su gestión. Su objetivo: elevar su valor político en la negociación al interior del PRD hacia la elección presidencial. Sin embargo, aún con buenos resultados de gobierno que podrían elevar sus niveles de preferencia electoral en la encuesta en la que competirá con Andrés Manuel López Obrador -como la disminución en 12.5% de los delitos de alto impacto, la caída en secuestros, la disminución de 21% del robo de vehículos y la expansión de diversas obras de infraestructura en la Ciudad de México- las restricciones políticas que enfrenta parecen demasiado fuertes como para contender por la Presidencia.
Si bien se ha criticado el incremento de la deuda pública del DF -estimada en 40% del presupuesto total de la ciudad- los números de Ebrard apuntan una gestión adecuada, sobre todo en materia de seguridad, transporte, salud y derechos sociales. No obstante, no ha logrado capitalizar este hecho con todo y el apoyo de Nueva Izquierda, particularmente fuera de la capital, pues sigue perdiendo dos a uno en los votos frente a López Obrador. Pese a tener tiempo, el control de los recursos de la ciudad y un porcentaje mucho menor de opiniones negativas en el electorado que su contrincante, la encuesta a ciudadanos de izquierda como sistema de elección de candidato marcó para Ebrard una derrota de inicio. Ante esta situación a Ebrard se le presenta el escenario de buscar asegurar su futuro político inmediato con miras a un horizonte más lejano que 2012. Esto implica, tanto asegurarse de definir un candidato afín a él para la Jefatura de Gobierno, como su propio cargo futuro, con el objetivo de mantenerse como una opción viable de una izquierda que quizá vea fracasar por un margen significativo a López Obrador.
Mantener la percepción de buena gestión, por lo tanto, es fundamental también para Ebrard. Por ello, la importancia de lograr defender el presupuesto ante un recorte por 14 mil millones de pesos en participaciones federales para la capital. Dicho recorte impactaría directamente el desarrollo de las principales obras públicas: la línea 12 del metro y la línea 4 del Metrobús. Dos de las principales apuestas en la gestión de Ebrard.
Zedillo y Calderón: coincidencia
Felipe Calderón realizó su última gira de trabajo por los Estados Unidos. El motivo del viaje fue la entrega del Premio Insignia Dorada que fue otorgada por el Consejo de las Américas al Presidente como reconocimiento por los avances registrados durante el sexenio respecto a temas como migración, salud, pobreza y lucha contra la delincuencia. La noticia fue acompañada en los medios mexicanos por otra en la que se anunciaba una denuncia en contra del ex Presidente Ernesto Zedillo, ante una corte federal estadounidense, por la comisión de crímenes de lesa humanidad. La demanda señala al ex Presidente como responsable de la masacre de 45 indígenas, a manos de un grupo paramilitar, hace catorce años en Acteal, Chiapas.
Si bien, el caso de Acteal ya cuenta con una sentencia firme en México, víctimas y familiares de la matanza recurrieron a un par de despachos en EU para reclamar el pago de daños y perjuicios vía una demanda civil, la pregunta obligada es por qué EU puede decidir sobre hechos que sucedieron en otro país, a extranjeros y que, además, ya han sido juzgados. La respuesta es que, a principios de la década de los noventa, dos estatutos entraron en vigor en EU: Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros y el Estatuto de Protección a Víctimas de Tortura. Estos instrumentos permiten a los extranjeros que hayan sido víctimas de actos de tortura y crímenes de guerra en otros países demandar a sus victimarios ante los tribunales estadounidenses, siempre que el responsable de los hechos resida también ahí. A pesar de que la demanda puede no prosperar -ni es suficiente para transmitir alarma- y surjan voces de una posible intencionalidad política dado el contexto electoral, lo cierto es que recuerda un punto de coincidencia entre Calderón y Zedillo: el uso de las fuerzas armadas para solucionar un conflicto interno..
El problema no es utilizar al Ejercito como un último recurso para hacer frente a una emergencia de seguridad. El peligro está en hacerlo cuando no se cuenta con un marco jurídico que defina atribuciones y una línea de mando clara para que, si algo sale mal, el responsable sea castigado de manera inmediata. Hace catorce años, la ausencia de reglas y de capacidades en la procuración de justicia, derivó en la fabricación de pruebas falsas, por parte de la Procuraduría General de la República, para culpar a chivos expiatorios -tal como lo descubrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando liberó a más de veinte indígenas acusados injustamente después de haber pasado diez años en prisión. Hoy, el panorama, en términos de capacidades institucionales no es muy distinto y, por ello, el uso del Ejercito siembra la duda sobre quiénes, cómo y cuándo asumirán las responsabilidades que deriven de esta lucha contra el crimen organizado. Otra ventana para que las responsabilidades de la presente administración trasciendan la frontera se abre. |
