El episodio de los 35 cadáveres en Boca del Río, Veracruz, distrajo del que concluyó en el desistimiento de la acción penal por parte del ministerio público y la consecuente liberación de dos acusados de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, y que vale la pena analizar porque es prototípico de la forma como funciona en este país el estado de derecho.

De acuerdo con la legislación penal vigente en ese estado, difundir rumores falsos, como lo hicieron por Twitter los hasta ayer detenidos, es un delito. Que es una norma excesiva y hasta ridícula, cierto; que limita la libertad de expresión, probablemente, aunque ésa es una discusión que pertenece a otro terreno legal; que se ve bien condolerse con los arrestados, de acuerdo. Pero ésa era la ley en vigor y a juicio de la autoridad se violó presumiblemente.

Como suele suceder, todo mundo se rasgó las vestiduras, los comentaristas se envolvieron en el manto de lo políticamente correcto, adujeron que técnicamente tenía razón la autoridad… “pero pobres tuiteros”, y al gobierno local le resultó sencillo usar la ley contra la ley y darle carpetazo al lío. Fin de fiesta.

Ésa es la vida cotidiana en México. Aquí la ley, buena, mala o peor, no es la referencia suprema a la cual debemos sujetarnos. Es un bien sujeto a interpretación, negociación o transacción que se viola o se cumple dependiendo de circunstancias externas, políticas, económicas o mediáticas, y no porque el ethos colectivo asuma que cumplir la ley es parte del orden natural de las cosas en un país civilizado.

Y ésa es, también, la evidencia de que la gran asignatura pendiente no es sólo la falta de un genuino estado de derecho, sino la tara que lesiona gravemente el fundamento esencial de la normalidad democrática y del sistema de valores en que una sociedad cree: el respeto que la ciudadanía sienta, tenga y practique por la ley y las instituciones.

Las encuestas son nítidas. Sólo un 25% de los mexicanos afirma que debe cumplirse la ley, con independencia de la opinión que se tenga sobre ella; el 54% declara que las leyes en México se usan para defender a la gente que tiene poder o como pretexto para cometer arbitrariedades, y el 48% aprueba que un funcionario se aproveche ilegalmente de su cargo “siempre y cuando haga cosas buenas”. En suma, vivimos en un estado de ilegalidad propiciada, practicada y consentida.

Más allá de las razones éticas, psicológicas y culturales de ese desencuentro endémico el resultado es que dificulta la construcción de una ciudadanía plena, responsable y comprometida. Y más aún: mientras el andamiaje institucional sea percibido como privilegio de pocos, como dice Guillermo O´Donnell, “se mantendrá la cultura de intentar maximizar las reglas del sistema a favor de cada cual, por encima de las leyes y las reglas, sin importar las consecuencias colectivas. Esa argumentación… es la fuente más potente de ingobernabilidad”.

Que nadie se llame a engaño de lo que realmente somos.