Toda sociedad tiene sus estamentos, que la dividen en diferentes grupos y entre los cuales siempre existen diferencias, esto es normal y obedece a la necesidad de establecer tareas para la vida en sociedad.

En la Grecia clásica, de la cual provienen tantos conceptos y modos de ver la vida, se daba la existencia de una democracia que descansaba en los ciudadanos libres, dueños de propiedades y poseedores de una educación esmerada, que les separaba claramente de las demás clases sociales, como la de los extranjeros y por supuesto de los esclavos. Esta diferenciación social tenía sus privilegios y por supuesto sus obligaciones; dentro de las primeras estaba de manera relevante la de expresar su opinión públicamente en el ágora o sitio de reunión de los ciudadanos. También podían ser elegidos para desempeñar cargos de poder y mando, con todo lo que esto significaba. La obligación de defender a la ciudad, con su vida y en muchas ocasiones con sus bienes, era ineludible y como en el caso de los ciudadanos de Esparta, era un privilegio dar la vida por la patria de acuerdo a las rígidas leyes establecidas. Este estado de cosas con sus más o sus menos ha prevalecido en nuestras sociedades, si acaso con algunas variantes debidas a la revolución francesa.

En nuestro país la división de clases ha sido un hecho tajante. Con la guerra de Reforma y el posterior Porfiriato, lo único que cambiaron fueron los nombres y la forma de riqueza, que de la tierra pasó a las finanzas e industria. Con la Revolución, que hoy día tanto se quiere festejar, de la misma manera cambiaron los nombres, con la discreta sobrevivencia de algunos del régimen anterior, pero que continúan pesando en la sociedad.

La sociedad emanada de los cambios revolucionarios buscó la protección de los débiles, aunque propició el enriquecimiento de los vencedores, cosa que no debe extrañar ya que así ha sido costumbre. Con los distintos intentos de modelo económico, se ha propiciado una acumulación de riqueza en un reducido segmento de la sociedad, acumulando a la vez beneficios y prebendas que se reparten de acuerdo a la subdivisión de este afortunado grupo.

Los ciudadanos de primera clase son aquellos que han hecho fortunas por su trabajo, aprovechamiento de las oportunidades y sin duda por su espíritu empresarial. En una economía de supuesto libre mercado como la que tenemos, este empuje es de alabarse y va de acuerdo a la doctrina del liberalismo económico. Los otros miembros de este privilegiado sector de la población son los políticos y altos funcionarios que han comenzado a constituirse en una aristocracia de corte hereditario. Los sueldos, privilegios y oportunidades, que no dudo que en una gran mayoría los merezcan, los han colocado en este reducido grupo de ciudadanos, muy por encima del resto de la población. Un ejemplo muy claro de esto, los son los excelentísimos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con unos sueldos y prestaciones que fácilmente pueden rondar los 600,000 ó más, por lo que se encuentran incapacitados para entender la problemática de los jubilados del IMSS y en un acto de enorme soberbia, ratificaron la decisión de disminuir las pensiones al grito de somos la casta divina y no nos equivocamos. Curiosamente, algo similar pensaba Luís XVI de Francia, y el desenlace lo conocemos todos.

Los ciudadanos de segunda clase son todos aquellos que por pertenecer a organismos oficiales o tener sindicatos muy combativos y por supuesto con una cierta complacencia del gobierno, constituyen un privilegiado grupo de trabajadores. Un solo ejemplo basta para demostrar lo anterior. Los trabajadores del IMSS gozan de unas jubilaciones en extremo generosas. Daré un ejemplo de ello: “ Los trabajadores en pie de rama, se jubilan con la cantidad inmediata superior, más un 30% adicional a su sueldo base” ( Art. 21 del reglamento de P y J) amén de los aguinaldos y demás gratificaciones a lo largo del año. Menciono lo anterior no con ánimo detractor ó crítico, simplemente lo hago para dar un ejemplo de la desigual protección a los trabajadores de México.

El sindicato del IMSS ha obtenido todas estas prestaciones para sus agremiados, por que ha sabido moverse, relacionarse y hacer sentir su peso. La pregunta aquí es ¿qué ha pasado con otras organizaciones sindicales? La ausencia de combatividad de estas agrupaciones ha dado pie a la creación de una tercera clase de ciudadanos, tercer lugar que les coloca en una situación de enorme desigualdad ante sus pares trabajadores de minoría, que constituyen de suyo una aristocracia en el segmento laboral.

Si el IMSS decidiera acatar la decisión de la SCJN estaría en una perversa dualidad en la que conservaría a sus pensionados internos en una excelente situación, pero perjudicaría de forma notable a los demás trabajadores. Una inequidad de este tamaño es insostenible y va contra toda justicia distributiva, cosa que parece ignoraron los jueces que votaron la resolución. Un refrán que se puede aplicar es el de “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.

La cuarta clase, aunque pareciera que no podría existir, es la de los completos desprotegidos, que por falta de educación, alimentación y costumbres, se han visto absolutamente desprotegidos y no participan de los beneficios del modelo económico del estado, son el lumpen de la sociedad. Son los que viven en chabolas en los suburbios, hurgan en los basureros y sobreviven en condiciones en extremo indignas, son los parias de México y representan su vergüenza ante el mundo. Son una herencia de los fracasos de muchos gobiernos, son los pobres entre los pobres, su cantidad varía según los criterios usados, lo mismo pueden ser 40 ó 50 millones, cifras que únicamente usan los políticos para ciertas ocasiones, son amargamente lucidoras.

Termino este escrito con una recomendación a los excelentísimos jueces de la SCJN: que reflexionen sobre el significado del refrán “ El buen juez por su casa empieza”.