A unos días de que entre en vigor la medida de cancelar las líneas de teléfonos celulares que no estén inscritas en el Registro Nacional, y ante una petición de las empresas operadoras a la Cámara de Diputados, ese órgano legislativo aprobó diferir la entrada en vigor de la suspensión hasta dentro de un año.

Al parecer, se han registrado al momento menos del 50% de los aparatos que están en funcionamiento en el país, y sería ilógico pensar que en unos cuantos días se tuviera la capacidad de registrar a los faltantes. Al considerar que la suspensión de operación en la mitad de las líneas celulares tendría un alto costo diario de varios cientos de millones de pesos para las empresas, para el fisco y para la economía del país, los diputados consideraron conveniente ampliar el plazo.

La decisión pasará ahora al Senado de la República para su aprobación y en caso de ser aceptada, quedaría en firme la ampliación del plazo hasta dentro de 12 meses.

Sin embargo, en el transcurso de hoy, Carlos Navarrete, el presidente del Senado, afirmó que debe cumplirse la disposición legal y por lo tanto respetar el plazo del 10 de abril como fecha máxima para el registro.