Aguascalientes, Ags.- Por considerar que en los últimos años quienes se dedican a la docencia están expuestos a una amenaza creciente por la proliferación de denuncias sin sustento, es que los diputados que integran al Congreso de Aguascalientes aprobaron una iniciativa que busca proteger al personal docente, directivo y administrativo frente a acusaciones infundadas, amenazas, intimidaciones y actos de hostigamiento.
Para tal efecto, aprobaron reformar el Código Penal y a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
Con estos cambios legales se busca responder a aquellas acusaciones sin sustento que pueden originar la separación inmediata de un maestro, afectar su reputación y poner en riesgo su trayectoria profesional, incluso antes de que exista una investigación o resolución de autoridad competente. Aplica tanto para instituciones educativas públicas como privadas.
Se precisa que si bien es loable establecer medidas que ponen un límite a quienes recurran al sistema judicial estatal para ejercer coerción en contra del magisterio, es preciso tomar con cautela las medidas propuestas para evitar inhibir la presentación de denuncias legítimas cuando se trate de posibles situaciones de violencia o riesgo en contra de menores de edad.
Así que si bien se mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, se establece que ésta debe coexistir con principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
En uno de los Considerandos del proyecto se manifiesta que proteger a los menores y también al cuerpo docente no son obligaciones excluyentes sino complementarias, y agrega: “cuando el sistema permite sancionar o suspender a un educador sin investigar a fondo, en realidad no está protegiendo a los niños, sino que debilita la justicia. Cuando el marco normativo permite acusar sin asumir ningún tipo de responsabilidad por la falsedad de los dichos, no empodera a las familias, sino que abre de par en par la puerta al abuso. Y cuando se separa a un docente sin pruebas, no se previenen riesgos: se comete una flagrante injustica institucional”.
Resalta que el vacío normativo hasta ahora existente provoca que los protocolos de actuación escolar choquen de manera frontal con los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la educación.
Principales alcances
* Sanciones de uno a tres años de prisión para quienes amenacen, intimiden o coaccionen a personal educativo en el ejercicio de sus funciones.
* Incremento de penas por actos de asedio y hostigamiento contra docentes, directivos y personal administrativo.
* Protección frente al uso de menores de edad para realizar actos de intimidación o acoso.
* Incorporación del principio de presunción de inocencia en los protocolos y procedimientos de atención de denuncias.
* Prohibición de sanciones anticipadas, separaciones arbitrarias del cargo o exposiciones públicas sin una investigación previa.
También contempla frenar los llamados “linchamientos mediáticos” que, a través de redes sociales, pueden condenar públicamente a una persona antes de que se esclarezcan los hechos. Así que se sancionará a quienes utilicen estas plataformas para hostigar, difamar y destruir la imagen pública de los educadores sin haber agotado los canales institucionales.
Quiénes presentaron la iniciativa
El proyecto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes fue presentada por la diputada Lucía de León Ursúa, así como por Alma Hilda Medina Macías, Heriberto Gallegos Serna y Rodrigo Cervantes. Se adhirieron nueve más.
