FALTA SU VISTO BUENO EN EL PLENO

Comisión del Congreso aprueba iniciativa para facilitar la investigación de un delito

2020-06-01

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Ante la persecución de un delito, las personas físicas y morales que dispongan de material video gráfico están obligadas a proporcionarlo a la autoridad investigadora en un máximo de 24 horas, según iniciativa que aprobó la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado de Aguascalientes.

Esta iniciativa, que reforma la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes, obliga a dueños de negocios o residentes en domicilios particulares e instituciones públicas a entregar a la autoridad jurisdiccional el material video gráfico que pudiera captarse en las inmediaciones de esos lugares en un término no mayor a las 24 horas de haberse solicitado.

Se precisa que para la ejecución, las autoridades deberán apegarse a la legislación estatal vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

También se especifica que los servidores públicos que participen en la obtención, clasificación, análisis y la custodia de la información para la seguridad pública a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener, guardar o transferir el original o copia de dicho material. Y deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún y después de que hayan dejado en el cargo por el cual se les otorgó el acceso.

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Los diputados locales también avalaron el dictamen que contiene la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

La modificación señala que al concluir la etapa de ingreso en los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal y luego que se expida el nombramiento respectivo, deberá formalizarse la relación jurídico-administrativa entre el integrante y la corporación de que se trate. Y tras la designación oficial, se realizará la protesta, por lo que el integrante deberá firmar una carta donde se comprometa a prestar sus servicios cuando menos durante un año.

En caso de renunciar al cargo antes del año, el integrante deberá restituir a la autoridad competente el recurso invertido para su formación inicial, además del monto de la beca que le hubiera sido otorgado durante el periodo de dicha formación.

Los dos dictámenes serán turnados a la Junta de Coordinación Política, para que este órgano legislativo los incluya en el inventario de asuntos por resolverse ante el Pleno.

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