Aguascalientes, Ags.- Nadie cree que estén vivos los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en primer lugar los que dicen “vivos los llevaron, vivos los queremos”.
Caso Ayotzinapa
¿Por qué insistir en esa demanda imposible de satisfacer? Porque es muy lucrativa en términos políticos y económicos. Pero resulta más redituable aún, si en lugar de culpar a los responsables de desaparecer y ejecutar a esas personas (José Luis Abarca, policías municipales y los hampones de Guerreros Unidos), se culpa a quienes NO son responsables: al gobierno federal y en particular al Ejército.
Llegará el momento del resarcimiento de los deudos de los desaparecidos-ejecutados. Y para satisfacerlo, en estricta justicia, los recursos deberían provenir de la riqueza de Abarca y sus socios criminales.
Pero quienes claman “vivos los llevaron, vivos los queremos” quieren más que eso en términos monetarios y políticos. Por eso están intensificando la campaña en contra del Ejército, aunque en realidad no tengan la menor evidencia de su (inexistente) participación en los hechos.
Si estas maniobras tienen como efecto colateral que Abarca y los demás responsables queden libres e impunes, es algo que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los grupos de izquierda les tiene sin cuidado. De este tamaño es su corrupción. Ni la verdad ni la justicia les han importado ni les importarán jamás.
Entonces, para lograr el propósito extorsivo, culpar al Ejército y presionar al gobierno por todos los medios es decisivo. A su vez, para presionar mejor es vital que los “expertos” sigan en el país. Y para forzar su permanencia fueron al Parlamento Europeo.
Con este activismo político descarado, con cargo a los contribuyentes mexicanos, los “expertos” y sus jefes de la CIDH se confirman como reos del delito de fraude contra el Estado mexicano.
Parte de la presión es la exigencia de que la investigación vaya más allá del municipio de Iguala respecto a los nexos de autoridades con narcos. Y ojalá la PGR les tome la palabra a quienes participan en el intento de extorsión. Una investigación mínimamente seria confirmaría que facciones de izquierda llevan una década matándose en Guerrero con saldo de más de 200 muertos (incluidos los 43) y que cada facción está coludida con narcos.
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