Aguascalientes, Ags.- En el marco de las reuniones preparatorias de la XXIV Cumbre Iberoamericana en Boca del Río, Veracruz, el presidente Peña pronunció un discurso donde expresó, ante empresarios de medios de comunicación de la región, su orgullo por Televisa. El mandatario reconoció a la televisora por la forma en la cual sus contenidos han trascendido las fronteras nacionales y han dejado huella no sólo en los países de habla hispana, sino en todo el mundo. Independientemente de los méritos del gigante de los medios en México, este reconocimiento no pudo llegar en un momento más inoportuno. La polémica desatada por el escándalo de la llamada “casa blanca”, reavivó las críticas por la cercanía que existe desde tiempo atrás entre Enrique Peña, sus ambiciones políticas, y la empresa televisiva. Como si el gobierno federal no tuviera las manos llenas de problemas en cuanto al deterioro de su imagen, el presidente pone en bandeja de plata un elemento adicional de escarnio para el uso y goce de sus detractores. Sin embargo, en vez de sólo poner los reflectores sobre los dichos, resulta interesante analizar el entorno que ha permitido a un consorcio como Televisa erigirse con semejante poder de manipulación y chantaje, no respecto de la población que consume sus contenidos, sino sobre el gobierno a lo largo de los años.
Los cuestionamientos acerca de la influencia de Televisa sobre el gobierno han existido por décadas. Conforme la empresa fue creciendo, al absorber poco a poco la mayoría de las frecuencias concesionadas a particulares, a la par de la expansión misma de la cobertura y el “encanto” de la televisión, también fue incrementándose su poder. No obstante, el consorcio de la familia Azcárraga no hizo sino sacarle partido, bajo una lógica tanto empresarial como política, a las condiciones que cultivó y convenían al régimen autoritario: un entorno adverso a la competencia y la proclividad al control centralizado de los agentes políticos y económicos. El problema estuvo cuando Televisa terminó por mimetizarse con el aparato de gobierno y se convirtió, como en alguna ocasión declaró el segundo de la dinastía Azcárraga, en soldado del PRI. Ahora bien, la sui generis naturaleza de la televisora combina las características propias de una empresa que busca maximizar beneficios, reducir costos y aprovechar oportunidades, con las de un ente político con pretensiones de asirse al poder a como dé lugar. Esto le permitió irse adaptando con éxito a la caída del régimen de partido hegemónico y encontrar paulatinamente la manera de hacer prevalecer su capacidad de influencia en los círculos de gobierno y, más al punto de su influencia, en la sociedad en general.
Por otra parte, es importante recordar que Televisa no debe verse como una especie de poder omnímodo, cuyos medios le permiten manipular a su antojo la realidad política del país. Curiosamente, tal vez la mayor crisis que ha experimentado la empresa en su historia fue provocada por una combinación de factores donde, entre otras cosas, intervinieron decisiones de gobierno. Durante el sexenio de Carlos Salinas, la desincorporación de los medios públicos dio origen a TV Azteca, que fue en algún momento la mayor amenaza contra la hegemonía de Televisa. Esto se sumó a la inestabilidad directiva al interior de la empresa ocasionada por el fallecimiento de Emilio Azcárraga Milmo en 1997, ya con Ernesto Zedillo en Los Pinos. A fin de cuentas, el consorcio tuvo éxito en ajustarse, sobrevivir, e ir poco a poco adaptándose a un ambiente operativo distinto. En el interregno panista en la Presidencia de la República, Televisa se adaptó a la realidad de un poder político descentralizado, mismo que tornó en oportunidad para dejar de ser una empresa dentro del Estado y convertirse en un eficaz "poder factico". El regreso del PRI al gobierno federal pudo haber constituido el final de una era, y el retorno a mayores restricciones a su capacidad de acción pero, como ilustró la reciente reforma de telecomunicaciones y, más recientemente, los comentarios presidenciales, su poder e independencia aumentaron.
Por último, cabe poner énfasis en que Televisa no es ni un titán invencible al cual todos los actores políticos y económicos se ponen a sus pies, ni tampoco es una quimera que constituye la fuente de todos los males del país. La realidad es que la empresa es un reflejo de la dinámica del sistema y, en términos crudos, es totalmente lógico su interés en mantener el statu quo, en especial si el gobierno así se lo facilita. Un ejemplo de esto es la puesta en práctica de la reforma en materia de telecomunicaciones, donde la autoridad ha tendido a dar un trato diferenciado a la televisora, comparado con el que da a sus potenciales competidores. También resulta al menos paradójico que la principal amenaza actual al poder de Televisa haya tenido su génesis en los tiempos del desmantelamiento del régimen de paraestatales de principios de la década de 1990. Aunque sea igualmente cuestionable la historia acerca de cómo la empresa telefónica TELMEX ha sido la base para la construcción de otro emporio mexicano multinacional, tampoco es casual que hoy se constituya como el mayor riesgo a la preponderancia de Televisa en el sector de medios de comunicación. Lo cierto es que, más allá de cómo continúe desarrollándose la relación entre el gobierno y los gigantes oligopólicos y/o monopólicos del país, la pregunta es si la autoridad realmente tiene el poder real en esta materia dados los intereses compartidos, muchos de estos inconfesables.
El caso Ayotzinapa: el gran galimatías de la administración Peña
El pasado 4 de diciembre –en su primera gira de trabajo en el estado de Guerrero tras 69 días de las desapariciones de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” –, el presidente Peña Nieto pidió a los mexicanos superar la tragedia del caso Ayotzinapa y dar “un paso hacia adelante” a favor del desarrollo de la entidad. Por supuesto que la polémica no se hizo esperar y las críticas fueron implacables con el gobierno federal. Sin embargo, dichas declaraciones no son sino el reflejo de la incomprensión de la realidad por parte de las autoridades. Esto ha generado una especie de efecto multiplicador de cada desliz cometido por algún funcionario público o persona cercana a los círculos de poder, desde el “ya me cansé” del procurador general, hasta el reciente “sangre y espectáculo” del jefe de la Oficina de la Presidencia. El tacto y la cautela política que se supone presumían los priistas respecto a la torpeza que mostraban los panistas durante su estancia en Los Pinos ha dejado mucho que desear. Peor aún, el gobierno pretende que, únicamente con cerrar los ojos y dejárselo todo al tiempo, la situación mejorará. Esto no es sino una señal del preocupante pasmo que experimenta la actual administración, la cual quedó satisfecha con la aprobación legislativa de sus reformas, pero ha olvidado por completo que el paso más importante está todavía en proceso: construir un entorno favorable para su implementación.
El caso Ayotzinapa es el ejemplo más visible de una corrosión terrorífica de las instituciones y de la estructura del Estado mismo, dada la corrupción rampante que impera a todos los niveles. El gobierno no ha logrado entender que Iguala es el catalizador de críticas ciudadanas unificadas contra una omisión gubernamental, de ésta y administraciones anteriores, ante el fundamento más básico del Estado: garantizar la seguridad de las personas, los derechos de propiedad, las libertades individuales, y la igualdad ante la ley. Las omisiones de la autoridad, su lentitud en la procuración de justicia, los abusos de los cuerpos del orden, la infiltración delincuencial de las instituciones, y hasta la indolencia de ciertos funcionarios públicos, son apenas algunos de los vicios que delinea el caso Ayotzinapa. En este sentido, parece insuficiente el decálogo de propuestas que anunció el presidente de la República el 27 de noviembre en Palacio Nacional, sobre todo por la poca imaginación y la reiteración de iniciativas cuestionadas y cuestionables.
Para poder superar el tema de Ayotzinapa es necesario que la ciudadanía perciba que se toman medidas adecuadas con miras a efectivamente restablecer –sino es que crear –el inexistente estado de derecho. ¿Cómo se puede superar el caso si éste ni siquiera está cerrado? Cuando aún no se sabe con certeza si los desaparecidos son los cuerpos calcinados que fueron enviados a Austria para su identificación, o no se ha concluido el proceso jurídico de todos los indiciados, ni se sabe si estos procesos están apegados al debido proceso, es complicado pedirle a los mexicanos que ya dejen el tema por la paz. Tampoco es cuestión de “pedir disculpas” a la ciudadanía por el manejo inadecuado de una coyuntura. El problema es seguir sin reconocer que las causas de la actual crisis tienen orígenes estructurales, por lo cual no serán superadas si no se abandona la política de quererlo solucionar todo con decálogos reactivos.
Una democracia estable requiere que las autoridades sustenten su fortaleza en la legitimidad ciudadana. Si ésta es débil o, simplemente, no existe, el Ejecutivo y el Legislativo podrán atiborrar al país de reformas y leyes, pero su efecto no trascendería la letra impresa. Legislar no tiene sentido si no se está dispuesto a cumplir y hacer cumplir la ley. Por si fuera poco, el complicado entorno en materia de desempeño económico hace urgente e imperativo que el gobierno transite de la promesa a la acción. De no resolver este galimatías, la administración Peña será incapaz de superar Ayotzinapa y terminará incorporando esta coyuntura al catálogo de elementos que abonan a los problemas estructurales de México. Quizá no menos grave es la conjunción de fuerzas y grupos tanto políticos como criminales que, cada uno por sus propias razones, pretende convertir a Iguala en un punto de quiebre en la historia del país.
El interregno del Congreso: entre las reformas y las elecciones
El próximo 15 de diciembre concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de la LXII Legislatura del Congreso. Aunque los legisladores federales han incorporado en días recientes un asunto de presunta urgencia, como lo es la iniciativa de seguridad y justicia anunciada por el presidente Peña el pasado 27 de noviembre, si se hace un balance general de la actual temporada legislativa, se percibirá una drástica desaceleración de la actividad. Es cierto que los dos primeros años de la Legislatura se caracterizaron por la intensidad de las discusiones de las once reformas estructurales, pero ello no significa que, como declarara el titular del Ejecutivo en agosto, las tareas legislativas hayan llegado a su fin, incluso para el caso de las mismas reformas. No obstante, el Poder Legislativo ha entrado en una etapa donde se percibe una especie de combinación entre el multicitado “ya me cansé” y el cíclico “ya me quiero ir”, es decir, buscar la siguiente encomienda (por llamarla de algún modo) en la vida política de los actuales diputados, presidentes municipales, y demás cargos que, en 2015, concluirán su periodo. Esto ocurre cada tres años dada la lógica de los tiempos políticos en México y, en ese sentido, no es del todo sorprendente. Lo cuestionable es que, en momentos donde el Poder Ejecutivo tiene colocado un “freno de mano” en cuanto al ejercicio de sus funciones, la temporada electoral que aqueja al Congreso no contribuye a que el gobierno salga de su marasmo.
Si algo ha distinguido a los dos primeros años del PRI en su regreso a la Presidencia de la República, ha sido su capacidad de gestionar su agenda en el Legislativo. Y no sólo eso. El Congreso se terminó transformando en una caja de resonancia de la dinámica delineada desde Los Pinos. Cuando la administración Peña contaba con todo el ímpetu para echar adelante sus proyectos de reforma, la destreza de los operadores legislativos priistas se armonizó con el acuerdo de gobernabilidad legislativa concretado en el Pacto por México, y así fueron posibles los cambios legales que habían permanecido estancados por lustros. Sin embargo, en el instante en el cual el gobierno federal cantó victoria de manera prematura, sobrevinieron un conjunto de fatídicas coincidencias que detonaron en el peor de los momentos un problema que, en cualquier caso, le habría estallado en las manos: la omisión de atender de forma decidida el fenómeno de la inseguridad y todas sus causas estructurales (corrupción, impunidad, debilidad institucional). Esto ha provocado la parálisis del Poder Ejecutivo, pero también se ha reflejado en el letargo de su contraparte legislativa. Esto se ha exacerbado por las características propias de la víspera electoral que ya se señalaron.
De vuelta en el Congreso, los pendientes son múltiples y, en algunos casos, ya tienen hasta abolengo. Un ejemplo claro e inquietante de esto son la serie de leyes reglamentarias que todavía no se aprueban para el funcionamiento de la reforma de justicia penal tramitada desde 2008, y cuyo plazo de implementación en todas las entidades federativas vencerá en 18 meses. En el periodo de sesiones que está por concluir, los debates más significativos se dieron en los asuntos del paquete económico, aunque sus resultados fueron prácticamente nulos al dejar casi intacto el esquema tributario y presupuestario aprobado en 2013. Por otra parte, se han ido retrasando o de plano se han ido a la congeladora varios temas como la reglamentación de la reforma de transparencia, varios lineamientos sobre competencia, la transición de la Procuraduría General en Fiscalía General de la República, la legislación anticorrupción, el perfeccionamiento de instrumentos de la reforma político-electoral, un nuevo marco regulatorio para el control del gasto en publicidad gubernamental, entre otros. La cuestión es que hay pocos incentivos para desatorar esas discusiones y, en unas cuantas semanas, este estado de cosas se agudizará con la salida de varios legisladores que pedirán licencia con el propósito de incorporarse a las campañas electorales.
De cara al primer semestre de 2015, probablemente el desarrollo más importante dentro del Poder Legislativo no se refiera a una intensa actividad en la creación y modificación de leyes, sino a la pasarela política. En este tenor, los rumores sobre la posible conformación de una bancada de MORENA en la Cámara de Diputados –la cual, por cierto, no tendrá acceso a prerrogativas económicas (supuestamente) dado que el reglamento de dicho cuerpo legislativo no prevé la formación de grupos parlamentarios una vez arrancada una Legislatura—vislumbran un panorama donde el Congreso servirá más como plataforma de intereses electorales, que como órgano de toma de decisiones. La historia no cambia.
Reproducido con autorización de CIDAC
