Aguascalientes, Ags.- México se ha cimbrado con el escándalo del descubrimiento de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, Guerrero. Aunque aún no se ha confirmado la identidad de los restos humanos hallados, se sospecha que podrían corresponder a algunos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” –asentada en la antigua hacienda de Ayotzinapa-, quienes desaparecieron desde el pasado 26 de septiembre tras un enfrentamiento con la policía de dicho municipio guerrerense.
La reacción social ante lo que se ha dado en llamar “el caso Ayotzinapa” ha sido significativa si se toman en cuenta las diversas movilizaciones masivas acaecidas a lo largo del país. Aun cuando estos trágicos acontecimientos son inadmisibles, también lo han sido otros similares (incluso peores), ocurridos en los últimos meses y años, que no habían generado tal grado de indignación. Ante este escenario, cabe preguntarse si se está al borde del derrumbe de la retórica gubernamental que ha intentado imponer la imagen de que en México todo mejora y no pasa nada malo.
La única diferencia evidente en materia de seguridad entre el gobierno federal anterior y el actual había sido la reticencia de este último por colocar el tema en la agenda pública, especialmente en relación con el narcotráfico. Sin embargo, esta estrategia estaba condenada desde un principio a ser alcanzada por la realidad. La reducción de la exposición mediática de la violencia y la criminalidad tiene efectos temporales, más aún si no se presentan resultados palpables. Por si fuera poco, el problema no sólo es la delincuencia, sino la forma y el grado en los cuales ha infiltrado a las instituciones en los tres niveles de gobierno. Esto sin mencionar otros daños colaterales al prestigio institucional de las fuerzas de seguridad producto de violaciones a los derechos humanos, tal como sucedió en el caso Tlatlaya. En suma, el gobierno ya no puede ignorar la contradicción que existe entre el país pujante, moderno y en movimiento que se presenta al mundo, y el endeble estado de derecho que padece México de manera cotidiana.
Si a las aberraciones de las últimas semanas se incorporan los números de la recién publicada Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), no sólo se describe un escenario radicalmente distinto a la fantasía que el gobierno federal se esfuerza por presentar, sino también se pone en serio entredicho la capacidad del gobierno para generar soluciones de fondo.
Más allá de la comunicación, hasta ahora el enfoque del gobierno en materia de seguridad había sido –como en todos los aspectos de su administración- centralizador. Por ejemplo, el nombramiento de un comisionado para atender la crisis en Michoacán, revivió el prurito del metaconstitucionalismo de los poderes presidenciales ejercidos durante el régimen autoritario. Además, en un esquema democrático y federalista como al que México se supone aspira, la intervención del gobierno federal cada vez que hay una crisis en alguna de las entidades, en suplencia de la autoridad local, no es una señal de la fortaleza del Estado mexicano sino de su debilidad. Aunque en el caso de Guerrero se actuase de forma distinta, la de por sí escasa imaginación de los gobernantes se está agotando.
Finalmente, cabe destacar que los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son particularmente delicados dado el involucramiento directo de dos de las principales fuerzas del Estado abocadas a la salvaguarda de la seguridad interior de México: el ejército y la policía, la seguridad nacional y la seguridad pública, respectivamente.
El fracaso del andamiaje institucional diseñado para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad del país podría caerle como una pesada e insalvable loza a la imagen tan cuidada del gobierno de Peña Nieto. No es exagerado considerar la situación actual como un punto de inflexión que pudiera definir el sello distintivo de la presente administración federal, para bien o para mal. Tanto el riesgo como la oportunidad están ahí. El gobierno tiene la palabra.
México: ¿productivo por ley?
La economía del país se ha mantenido estancada por décadas. Con una tasa de crecimiento anual del 2.4%, México no sólo es superado por economías emergentes vigorosas como China (9.9%), Corea del Sur (6.4%) y Chile (4.7%), sino también por la de su principal socio comercial: Estados Unidos (2.7%). En gran medida, esto se debe al paupérrimo avance en materia de productividad, lo cual, en un mundo globalizado, envía igualmente señales de una escasa competitividad. Así lo reconoce la Iniciativa de Decreto que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional –abreviada como Ley de Productividad y Competitividad—presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre.
No se trata de vilipendiar el interés y el esfuerzo del actual gobierno por promover la productividad de un país que parece no tener las condiciones para crecer, aunque sí los recursos; pero, ¿qué tan serio es el atraso que presenta México en materia de productividad? ¿Se puede realmente fomentar la productividad por ley? ¿Se generan los incentivos adecuados con esta nueva reglamentación para incrementar la competitividad del país?
En las últimas dos décadas, la tasa acumulada de crecimiento de la productividad laboral en México es sólo de 2.1 por ciento. En el mismo periodo, Estados Unidos presenta una tasa de 35 por ciento, mientras que Corea del Sur una de 83 por ciento. Incluso, los afamados países BRICS presentan un crecimiento acumulado de su productividad laboral de 3 por ciento. Además, el letargo se manifiesta en sectores que –en principio– fueron favorecidos por arreglos institucionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, el sector manufacturero mantiene prácticamente el mismo nivel de productividad que tenía en 1990.
Sin embargo, por más que el rezago en productividad sea el principal lastre para que la economía mexicana despunte es, cuando menos, ilusorio considerar que una ley sea el espacio adecuado para la promoción de la productividad. Por un lado, porque la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento en un país con un estado de derecho endeble. Por otra parte y, sobre todo, porque dicha ley predica la eficiencia, pero concentra funciones en la Secretaría de Hacienda, pues no sólo dicha dependencia preside el Comité Nacional de Productividad, sino que también es parte toral de los consejos de administración de las flamantes empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE, así como del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo.
Es cierto que las reglas del juego bajo las cuales operan las empresas en México determinan parcialmente su competitividad, y que Hacienda es un actor primordial en definir esas reglas. No obstante, el trasfondo de esta mecánica es una planificación centralizada con el potencial de arrojar resultados que depriman aún más el ambiente de negocios.
El proceso de apertura reformista del año pasado puede verse opacado por una pretensión de reestablecer una especie de política industrial, encarnada en la mencionada propuesta de Ley de Productividad y Competitividad, emulando los despropósitos planificadores de la década de 1970. De acuerdo con la letra de la iniciativa, se buscaría, entre otras cosas, impulsar la “[…] reasignación eficiente de los factores de producción de la economía nacional hacia sectores y actividades de productividad elevada […]”. Esto, además de ser cuestionable –y tal vez imposible—, está decididamente en contra del eje rector que busca “democratizar la productividad” del Plan Nacional de Desarrollo.
Una política de productividad basada en el encadenamiento productivo que detone el potencial de la industria nacional, sería eficiente si estuviera dirigida a atender cuestiones como la brecha de competencias en el capital humano del país, la cual pudiera facilitar la transferencia tecnológica; el inadecuado esquema de incentivos fiscales que enfrentan las empresas para desarrollar negocios en el país; y, la planeación urbana inexistente que incrementa hasta en un orden de 400 por ciento los costos de producción asociados a logística de ciertas mercancías en México con respecto a Estados Unidos.
Aspirar a fomentar la productividad simplemente por ley no sólo es estéril, ilusorio y demagógico, sino ineficiente. La mera pretensión de "guiar" el desarrollo industrial reitera el espíritu centralizador que el régimen ha evidenciado en otros rubros y sugiere una disposición a imitar casos fallidos como el brasileño, no exactamente el ejemplo más exitoso del mundo.
El Instituto Nacional Electoral y la (¿tormentosa?) travesía por venir.
El 7 de octubre comenzó de manera oficial el proceso electoral 2014-2015. Con ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará el más grande reto de su historia (incluida la de su antecesor, el IFE) al estar a cargo no sólo de los comicios federales intermedios donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, sino de 17 contiendas estatales donde estarán en juego el mismo número de congresos locales, nueve gubernaturas, y más de mil presidencias municipales. Se ha dicho que, en sus meses iniciales como INE, la institución ha superado sus dos primeras pruebas: la designación consensuada por los partidos políticos en San Lázaro de sus once consejeros miembros y la organización de la elección interna del PRD (cabe acotar que, si bien hubo críticas al proceso perredista por parte de algunos de sus participantes, la mayoría no recayeron en la actuación del INE).
No obstante lo anterior, en los prolegómenos del arranque del proceso electoral en curso, ya se presentaron los primeros desaguisados y acusaciones sobre la parcialidad del organismo. El PRD y el PAN han impugnado las conformaciones de algunos de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) –la nueva denominación genérica de los institutos electorales de los estados—, acusando la presunta intención de un grupo de consejeros para proteger los intereses específicos del PRI. Como ya es tradición en lo concerniente al IFE-INE, los partidos políticos empiezan a cuestionar incluso los procedimientos que ellos mismos se supone diseñaron y acordaron. Eso no es del todo sorpresivo. Lo desconcertante sería comprobar, más temprano que tarde, cómo la reforma político-electoral que con tanta vehemencia impulsó especialmente Acción Nacional como moneda de cambio por su voto a favor de la reforma energética, podría no sólo no cumplir con varios de los propósitos de su creación –por ejemplo, restarle poder a los gobernadores en el control de su respectivo OPLE o reducir los costos de la organización comicial—, sino que la monstruosidad burocrática encarnada en el INE pudiera arriesgar el prestigio de un órgano electoral que ha llevado tanto tiempo construir.
La creación del INE significó, entre otras cosas, la centralización de las responsabilidades de llevar a cabo las elecciones estatales hacia un órgano nacional (algo que, paradójicamente, impulsó el PAN y no agradaba del todo al PRI). La magnitud de los comicios y la variedad de responsabilidades adquiridas por el INE, no sólo colocan en entredicho su capacidad de ejecución del proceso 2015, sino que ponen en riesgo su legitimidad y la consolidación del andamiaje institucional electoral del país. ¿Qué pasará si los OPLES en cualquier caso terminan sucumbiendo ante el poder de los hilos políticos que todavía controlan los gobernadores en sus estados? Habrá sido esto un fracaso del INE, o simplemente, una muestra de que no se puede legislar la influencia de los gobernadores o la legitimidad del Instituto?
Por otra parte, cabe recordar que la implementación de la reforma político-electoral no ha sido del todo tersa. Los propios partidos políticos en el Congreso no fueron del todo expeditos en la aprobación de las leyes reglamentarias necesarias para echar a andar el proceso electoral, no tanto por no haber cumplido con los tiempos fijados para tal fin, sino por la premura que significó querer aplicar los complejos cambios prescritos en la reforma en las elecciones de 2015. Si bien el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha declarado en diversas oportunidades que la institución tiene la experiencia indispensable para “conducir el barco a buen puerto”, tal vez no sea una cuestión de experiencia sino de capacidades operativas.
Así, al enfrentarse a estos retos en el camino hacia el 7 de junio de 2015, el INE deberá demostrar que las razones de su transformación, y de la centralización del proceso electoral, en efecto se traducirán en comicios más limpios y con un uso más eficiente de recursos públicos. Por ahora, ninguno de estos aspectos es claro, pero sí lo son los potenciales focos rojos y amenazas al proceso, consolidando la preocupación respecto a que este cambio del órgano electoral haya sido el clásico caso de arreglar algo que no estaba roto, con el riesgo de descomponerlo en el intento. A final de cuentas, el INE, y el proceso electoral en general, enfrentan un problema fundamental: mientras no se resuelva el problema del poder en el país y las fuerzas políticas acepten someterse a la autoridad electoral, ningún esquema operativo será suficiente. El problema no es la estructura misma del INE o las OPLES sino los actores políticos y su desmedida ambición.
Reproducido con autorización de CIDAC
