Aguascalientes, Ags.- Este 19 y 20 de junio tendrá lugar un nuevo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Ninguna de las reglamentaciones de las reformas más importantes será discutida en esta oportunidad. En cambio, la agenda de las sesiones por venir tratará ámbitos en general poco relevantes, sobre todo relacionados con aspectos político-electorales. Mientras tanto, las leyes secundarias de telecomunicaciones y las energéticas se encuentran estancadas en dimes y diretes entre los tres principales partidos políticos. En este sentido no hay que confundirse. La aparente parálisis legislativa de estos días no se debe a las distracciones del Mundial de futbol, sino al juego político interpartidista.
Uno de los puntos que habrán de deliberarse estos días en San Lázaro ha generado la más reciente discordia entre el PRI y el PAN, las bancadas que algunos suponían se aliarían a fin de sacar adelante el paquete reglamentario energético. Acción Nacional ha amenazado con levantarse de la mesa de negociaciones si se tocan las normas que regirán la distribución de porcentajes de votación en coaliciones dentro del marco de la reforma político-electoral. Los priistas pretenden conceder a los partidos de izquierda la posibilidad de que, por medio de las alianzas electorales, tengan mayores facilidades a fin de conservar el registro en los comicios del año próximo. De acuerdo con la propuesta a debatirse, pequeños institutos políticos como el PT y Movimiento Ciudadano tendrían más probabilidades de alcanzar el tres por ciento de sufragios requeridos para su supervivencia, en caso de unirse con el PRD. En tanto ello ocurre, la mitad de la reforma energética se encuentra en un marasmo complicado. Se habla de la mitad porque cabe recordar que dicho proceso se dividió en dos: una parte, la procedimental, se perpetra en el Senado; la otra, la referente a cuestiones presupuestarias, está en deliberaciones en la cancha de los diputados.
Si bien los liderazgos de las Comisiones Unidas de Energía (encabezada por el priista, David Penchyna) y de Estudios Legislativos, Primera (presidida por el panista, Raúl Gracia) acordaron programar el proceso de discusión de la reglamentación energética en un plazo que concluiría –se supone—el 26 de junio, han surgido conflictos en el Senado que podrían retrasar el cumplimiento de esa intención. Es cierto que el PRI no cuenta con los escaños suficientes a fin de pasar, por sí solo y con sus aliados, cualquier norma legislativa en el recinto de Reforma. Sin embargo, los priistas parecen no estar contemplando la opción del mayoriteo en una cuestión tan delicada como las leyes secundarias energéticas. La legitimidad se ha erigido como un componente importante en la conclusión del proceso de apertura del sector de energía. Ahora bien, en San Lázaro la historia es distinta. Los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Energía de la Cámara de Diputados han ido concretando de manera paralela los dictámenes de aquellas leyes relacionadas con presupuesto e ingresos, por ejemplo, las reglas del Fondo Mexicano del Petróleo y la forma en la cual serán utilizados sus recursos.
Aunque parezca que el Campeonato Mundial de Futbol ha distraído las miradas del escenario legislativo, la verdad es que el Congreso ha estado laborando intensamente, tanto en los aspectos de diseño de las reglamentaciones, como en el ámbito de las negociaciones (y los caprichos) en materia política. Por otra parte, es importante analizar con cuidado la complejidad de las leyes en comento. El paquete energético de ningún modo es una cuestión menor.
La opinión pública, cuando decide cubrir el proceso actual de las reformas y se olvida un poco del futbol, suele realizar reportes y análisis muy superficiales sobre el particular. No es cosa de achacarle al torneo de futbol la culpabilidad de que las leyes secundarias transiten o no. Tampoco es que, si no existiera el Mundial, las discusiones en el Congreso tendrían otro rumbo. Las fuerzas políticas están actuando como uno supondría: representando intereses, con frecuencia los propios, ocultando motivaciones particulares (opacidad) y generando un sinnúmero de fuentes de sospecha. Todo esto es natural e, incluso, deseable, pues es la naturaleza de un cuerpo representativo; se supone que los congresistas están en sus puestos para y por ello. Lo criticable es que todos los distractores políticos, no los mediáticos, enturbien la eventualidad de lograr reformas con contenidos útiles a fin de consolidar cambios reales que fomenten el desarrollo del país y faciliten la salida del estancamiento en el cual se encuentra inmersa la economía mexicana. Para eso se requeriría, sin embargo, una visión mucho más clara y explícita del modelo de desarrollo de la industria (en este caso la energética) del que en este momento existe en todo el ámbito del gobierno: ejecutivo y legislativo.
La ciudadanía en México
En México, la mayoría de los ciudadanos no confía en las instituciones y las organizaciones políticas -con excepción del Ejército- reveló el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía que llevó a cabo el INE junto con El Colegio de México. Durante la presentación del informe, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó la necesidad de articular esfuerzos encaminados a la construcción de una política de Estado en materia de educación cívica. Más allá de que el informe muestra una desconfianza generalizada de la ciudadanía mexicana llama la atención la visión de Córdova respecto a que la reconstrucción del tejido social es tarea del Estado.
De acuerdo con las conclusiones del informe, México vive una crisis de confianza que podría conducir a la pulverización de la cohesión social. La alarmante desconfianza y apatía de la ciudadanía mexicana respecto de sus gobernantes y sus instituciones ha sido una preocupación recurrente que persiste hasta la fecha. La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, que elaboró el INEGI, reveló que 12% de los sondeados han presenciado un acto de corrupción en el servicio público. Por otra parte, la encuesta nacional del otrora IFE sobre la Calidad de la Ciudadanía señala que el 70% de los encuestados reportaron no confiar en el prójimo. Cabe entonces preguntarse porqué se ha gestado un nivel de desconfianza tan acentuado en la sociedad mexicana.
Según el informe que presenta el INE, cuando se habla de ciudadanía, en realidad se habla de participación política. En ese sentido, un país ha logrado construir una ciudadanía cuando sus ciudadanos tienen la posibilidad, por un lado, de influir en los tomadores de decisiones y por otro lado, de ascender a posiciones de gobierno. Si bien durante la transición democrática del país se crearon diversas instituciones y leyes para promover la participación política de sus ciudadanos, en los hechos, son pocos los instrumentos que permiten el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, a pesar de que en el discurso México cuenta con un marco legal avanzado, en la práctica muchas de estas leyes jamás ven la luz (o, al menos, jamás están al alcance del ciudadano de a pie), lo cual junto con el creciente clima de inseguridad e impunidad, debilita la confianza en la autoridad y, por ende, la participación ciudadana.
Lo que ha estado ausente del discurso es que la ciudadanía también se fortalece ante una economía abierta y un entorno competitivo. En ese sentido, la falta de competencia económica limita los recursos provenientes del sector privado a los cuales las organizaciones ciudadanas pueden acceder. Esto es importante ya que las instituciones gubernamentales necesitan de un verdadero contrapeso, de modo que los ciudadanos denuncien abusos y le exijan cuentas a sus gobernantes. En otras palabras, México no necesita un gobierno que impulse la ciudadanía. Más bien requiere de medidas que faciliten las actividades económicas y que siente las instituciones a fin de permitir la movilidad social.
El Estado le debe a la sociedad civil organizada un trabajo más arduo de normatividad, de políticas que fomenten la "construcción de la ciudadanía"; sin embargo, si no existe ya una sociedad por si misma dispuesta a exigirle a sus gobernantes que generen mayor confianza y que reclamen la responsabilidad del gobierno frente al ciudadano, difícilmente será el mismo gobierno –a través de más leyes e instituciones– quien logre construirla.
Valdría la pena estar atentos al trabajo de los consejeros del INE, quienes podrían enfocarse no tanto en la creación de nuevos programas sino en la continuidad y fortalecimiento de los existentes. Después de todo, según el propio informe del INE, la confianza en la autoridad electoral es de tan solo del 34%.
Reforma política en el D.F.: ¿autonomía eficiente?
Dentro del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, se aprobaron las leyes reglamentarias de la reforma en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial el 10 febrero. Entre otras modificaciones se establecieron nuevas reglas para realizar consultas populares, consolidar candidaturas independientes, presentar iniciativas ciudadanas y reconfigurar los calendarios electorales. Como lo marca el procedimiento legislativo, los gobiernos locales deberán realizar los cambios constitucionales pertinentes para ceñir su legislación a estos nuevos ordenamientos. Este proceso pone de manifiesto la debilidad legislativa del Distrito Federal, pues la armonización de la reforma político-electoral se dará solo hasta que, a solicitud de los asambleístas y avalado por el Jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados haga las modificaciones correspondientes al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ante esta doble ventanilla para legislar localmente, ¿es urgente entonces, avanzar en la reforma política del D.F.?
Desde los años noventa, el Distrito Federal ha experimentado cambios en su régimen político. Sin embargo, estos han estado únicamente encaminados a la elección de gobernantes y legisladores. En los últimos años, diputados del Partido Acción Nacional y más recientemente el Partido de la Revolución Democrática han presentado iniciativas de reforma política para el D.F. En esta última se propuso la modificación de 54 artículos de la Constitución para mantener la función de capital de la República y sede de los poderes federales así como para modificar la naturaleza jurídica para tener facultades constitucionales como las del resto de las entidades del país.
La iniciativa del PRD es sin duda profunda; pero transformar al D.F. debe hacerse de manera responsable y teniendo objetivos establecidos. El PRD ha gobernado el Distrito Federal por casi 20 años y gobierna 14 de las 16 delegaciones. Además tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (34 diputados). Un escenario así ante una eventual reforma política que dé autonomía a la entidad tiene más tintes de control social y político que de fomento al desarrollo local. Por su parte, pareciera que el PRI y el PAN están esperando que los defeños expresen su decepción por la gestión del actual Jefe de Gobierno en los comicios de 2015 para ganar terreno y apoyar la reforma política con mayor influencia real.
En cuanto a la relación con el Gobierno Federal, el impacto que tendría esta autonomía en él, también puede resultar un impedimento ya que con ella, perdería una parte de su poder centralizador. Al mismo tiempo, como ha sido evidente en diversos momentos en estos veinte años, el gobierno federal requiere poderes suficientes para evitar excesos por parte de la autoridad local en asuntos cruciales como la seguridad física de las instalaciones y personas del poder ejecutivo. No por casualidad otras ciudades en el mundo con situaciones similares (como Paris y Washington) preservan estatutos especiales que limitan las facultades del gobierno local. El riesgo es grande.
A nivel local, el nuevo marco jurídico para las delegaciones les otorgaría autonomía presupuestal, por lo que estarían en posibilidades de recaudar impuestos locales como por ejemplo el predial, la pregunta importante ante esta posibilidad es si realmente serán capaces de hacerlo y de utilizar esos recursos eficientemente. Mayores recursos generalmente han servido para dar mayor poder y control político a ciertos grupos. También, dada la concentración de zonas de altos ingresos en unas pocas delegaciones del DF, sería necesario establecer cómo se utilizarían –y compartirían- los recursos recaudados.
Dentro de la reforma política propuesta, se contempla una nueva división política en el D.F. En delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, causaría un reacomodo de los distritos electorales también, acción que minimizaría el control de varios grupos perredistas, lo que podría crear más tribus al interior del partido. Lo que sí sería un beneficio claro de esta reforma es dejar atrás las fricciones con el gobierno federal dada la existencia de responsabilidad pública poco claras, lo que genera pérdida de tiempo y conflictos como en las marchas o manifestaciones donde tiene que intervenir la fuerza pública.
Proponer una reforma política para el Distrito Federal puede sonar a una gran idea, pero no debe perderse de vista que ante más derechos, se tendrán más atribuciones y por ende, más responsabilidades. La versión actual de la Ciudad de México, sin oposición fuerte y real, le augura un futuro con pocos (o nulos) mecanismos de rendición de cuentas que se traducirían quizá en endeudamiento desmedido, uso indebido de los recursos públicos y mayor corrupción. La entidad también enfrenta el reto de crear un marco jurídico que favorezca no sólo la participación ciudadana sino su incidencia en el actuar político local pues a pesar de contar con un sector importante de ciudadanos informados, activos e interesados en el desarrollo de la ciudad, tiene las menores libertades políticas de facto.
El problema de modificar la naturaleza jurídica del D.F. estriba en que más allá de lograr que esta reforma abone al avance democrático, se vuelva un mecanismo corporativista, sin embargo, no se puede negar que, dado el espíritu reformista que vive el país, este es momento de que los legisladores decidan el futuro del Distrito Federal. Si la reforma genera una dependencia menor del ejecutivo federal, para tener una incidencia ciudadana real que incluya a los habitantes en la toma de decisiones, será una autonomía que habrá valido la pena. Si no, mejor nos quedamos como estamos.
Reproducido con autorización de CIDAC
