Aguascalientes, Ags.- En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que la economía mexicana lleva siete meses en recesión. De forma inmediata, Luis Videgaray negó que la economía mexicana estuviera en recesión, argumentando que la generación de empleos, el repunte de las exportaciones y el ejercicio dinámico del gasto público están promoviendo el crecimiento económico de nuestro país. Más allá de que el próximo 23 de mayo conoceremos si Hacienda modifica o no su pronóstico actual de crecimiento económico para 2014, actualmente cifrado en 3.9%, la disputa entre los titulares de Hacienda e INEGI deja más preguntas que respuestas.
¿Cuál es nuestro objetivo como país relacionado al crecimiento económico? ¿Cuáles indicadores utilizamos para diagnosticar la salud de nuestra economía? ¿Existe una visión de largo plazo para generar crecimiento económico en México? ¿Será cierto que todo está siendo preparado para un crecimiento sostenido en el largo plazo aunque éste no se materialice en este momento?
Es cada vez más palpable que los objetivos de la actual administración son más distantes de las necesidades de la sociedad mexicana. El crecimiento económico es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo económico. Aún si la producción bruta de bienes y servicios de nuestro país se incrementa en casi cuatro puntos porcentuales –como estima Hacienda –esto de ningún modo garantiza un incremento en los niveles de vida de su población a través del desarrollo de su capital humano, el establecimiento de infraestructura crítica, una mayor competitividad regional, una mayor inclusión social, un sólido estado de Derecho, o el establecimiento de mejores instituciones sociales, políticas y económicas. Sí, México necesita crecer para alcanzar estas metas, pero el objetivo del gobierno federal debe ser más amplio que una cifra de crecimiento económico.
En ese sentido, ¿qué cifra resulta más adecuada para determinar la salud de nuestra economía? ¿La tasa de crecimiento de la producción industrial? ¿El número de empleos creados? ¿El nivel de las exportaciones? De ser así, como dice Videgaray, la economía mexicana está en plena forma. Pero, ¿y si consideramos la posición 55 (de un total de 148 países) de México en cuanto a su competitividad? ¿La posición número 139 (de un total de 148 países) de México en cuanto a los costos del crimen y la violencia en los negocios? ¿La posición número 105 (de un total de 148 países) en cuanto al desvío de fondos públicos? ¿El hecho de que tan sólo 1 de cada 5 mexicanos no es pobre ni vulnerable por carencias sociales o por ingreso? ¿El hecho que la segunda fuente más importante de ingresos en el país –después de los petroleros –son las remesas que envían los migrantes? Desde esta perspectiva, la economía mexicana parece un paciente que requiere cuidados y cuya salud es endeble. Por consiguiente, mientras que las condiciones de la economía mexicana sugieren “un vaso medio vacío”, la actual administración prefiere interpretarla como “un vaso medio lleno”.
El premio Nobel de Economía, Robert Shiller, manifestó que México debería promover el ahorro como política de crecimiento económico de largo plazo. Esto contrasta con el hecho que el 84% de los mexicanos no ahorra a plazos de 5 a 10 años. Las implicaciones son graves, ya que la evidencia empírica indica que en economías emergentes como México, el ahorro doméstico es fundamental para motivar el flujo de inversión extranjera que promueva innovación tecnológica, elemento indispensable para el crecimiento económico de largo plazo.
Por lo tanto, más que enfrascarse en discusiones sobre si la economía mexicana está en recesión o no, el gobierno necesita implementar un conjunto sólido de políticas de fomento al crecimiento económico de largo plazo que reduzcan su fragilidad. Como sugiere Shiller, el futuro comienza hoy.
Tamaulipas: ¿una nueva oportunidad para hacer todo igual?
El pasado 11 de mayo, más de 2 mil personas salieron a las calles de Tampico para exigir al gobierno la pacificación de la entidad. Bajo la consigna “¡Queremos paz!” los ciudadanos del estado demandaron la atención del gobierno federal. La demanda se encuentra totalmente justificada: a pesar de que la situación michoacana ha acaparado la atención de los medios, en Tamaulipas los índices delictivos se han incrementado de forma considerable sin que la autoridad local muestre capacidad para hacer frente al desafío.
De acuerdo con el gobierno federal, la violencia en la región se ha potencializado debido a la captura y abatimiento de dos líderes criminales, lo cual provocó procesos de descomposición al interior de los cárteles. Por tratarse de una entidad fronteriza, Tamaulipas es una región estratégica no sólo para el tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos, sino también de personas y armas. Sin embargo, el diagnóstico del gobierno federal resulta insuficiente para determinar por qué Tamaulipas lleva tres sexenios siendo un permanente foco rojo. Tanto Fox como Calderón intentaron en su momento intervenir en la entidad y –como vemos- fracasaron. ¿Se puede esperar algo distinto de la oportunidad de Peña?
Resulta inevitable mostrar suspicacia frente a las acciones que el gobierno federal ha anunciado. En principio se ha decidido sectorizar la entidad en cuatro regiones en un intento por focalizar recursos en puntos estratégicos. En este sentido se ha anunciado el establecimiento de cuatro fiscalías regionales y un despliegue militar a cargo de la SEDENA y la SEMAR. Aunque la sectorización y las fiscalías son un nuevo elemento, el resto de la estrategia se encuentra compuesta por lugares comunes. De nuevo la pacificación inmediata depende del envío de efectivos militares. Por obvio que parezca, no está de más recordar que el ejército no cuenta con recursos ilimitados; el despliegue militar implica necesariamente dejar desprotegidas otras zonas del país, ¿cuál será la región elegida, Michoacán, Chihuahua, Coahuila? Cubrir todo el país con militares resulta materialmente imposible.
La injerencia directa del gobierno federal en asuntos de seguridad locales lleva consigo la posibilidad de establecer incentivos perversos respecto de la responsabilidad de las autoridades de las entidades. Aquellos estados en los cuales la omisión (¿o colaboración?) del gobierno local ha propiciado el incremento de la inseguridad son los que reciben mayor atención federal (incluyendo por supuesto una mayor dotación de recursos financieros). El modus operandi del gobierno federal obliga a una revisión de lo que sólo puede catalogarse como federalismo a la mexicana: en lugar de empoderar a las instituciones locales se opta por reemplazarlas en las tareas que les corresponden. En pleno 2014 vemos de regreso las prácticas más arraigadas del centralismo y paternalismo gubernamental del siglo XX. En este contexto, la autonomía de las entidades federativas es cada vez más meramente nominal.
Si algo queda claro es que no existen directrices generales en materia de seguridad. El gobierno se ha caracterizado por actuar de forma reactiva y divergente; la respuesta en el caso de Michoacán, el Estado de México y ahora Tamaulipas ha sido muy distinta. Esto claro no es necesariamente negativo siempre y cuando se produzcan los resultados esperados, lo cual sigue –en todos los casos- en tela de juicio.
Por último, es importante recordar que Tamaulipas juega un papel relevante en la industria energética, pues la entidad cuenta con una importante infraestructura consistente en puertos y gaseoductos. Es un motivo más para buscar su pronta pacificación ya que no debe desdeñarse la posibilidad de que la violencia impacte de forma negativa la inversión esperada a partir de la reforma del año pasado. De continuar la inseguridad, la inversión podría desincentivarse, sobre todo para aquellas medianas y chicas empresas que son incapaces de absorber los costos de seguridad.
Más allá de la pacificación que el gobierno logró en Michoacán y que podría lograr en Tamaulipas con los recursos que está por emplazar, la seguridad no depende de llamaradas de petate sino del desarrollo de capacidad policiaca y judicial local. Desafortunadamente, nada de eso está siendo construido, lo cual sugiere que la solución empleada no podrá ser duradera.
La reforma educativa olvidada
La celebración del Día del Maestro del 15 de mayo ofrece un escenario en donde es oportuno preguntarse en qué va la reforma educativa promulgada en febrero de 2013. Al observar los avances en la materia es evidente el fracaso de la reforma en su objetivo de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, especialmente en lo que se refiere a la designación de plazas magisteriales.
Se suponía que los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución darían lugar a un sistema profesional en donde el mérito fuera el criterio para designar las plazas, ascensos y promociones de los maestros. Sin embargo, distintos factores se han combinado para dejar la reforma en buenos deseos y mantener el statu quo en donde la corrupción y los arreglos político-sindicales determinan las designaciones de puestos dentro del magisterio.
La desafortunada reglamentación de la Reforma a través de la Ley General de Servicio Profesional Docente que permitió que cada estado de la República diseñara su sistema para el ingreso y despido de docentes, en lugar de formar un esquema único para el país, abrió la puerta a que las entidades federativas, a través de sus gobernadores y congresos locales, establecieran sus propios lineamientos. Esto permitió que las presiones del SNTE y la CNTE a nivel local influyeran -y manipularan a los poderes locales- en la redacción de las leyes estatales y las hicieran a su parecer defendiendo sus intereses y traicionando el espíritu de la reforma.
Estados como Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Oaxaca, modificaron sus legislaciones locales con imprecisiones e irregularidades que son hasta contrarias a la reforma. Por ejemplo, la ley aprobada en Zacatecas no hace explícito que no presentarse a la evaluación es causa de recisión para los docentes y directores.
El Ejecutivo federal ha presentado controversias constitucionales contra estados que no han legislado en la materia y acciones de inconstitucionalidad en contra de gobiernos como Chiapas, Michoacán y Sonora por violentar algunos de los artículos de la reforma nacional. La estrategia institucional del Ejecutivo que convoca al Poder Judicial para que este sea el que determine la validez de las leyes estatales es positiva pues responde al sistema de equilibrio de poder; sin embargo, es un proceso tardado que dejará en el limbo la implementación de la reforma en los estados hasta que la SCJN se pronuncie sobre el tema. Aun cuando la SCJN decida que algunas de las normas estatales son contrarias al espíritu de la reforma y se obligue a los poderes a emitir nuevas normas, terminaremos con legislaciones distintas que mantendrán la heterogeneidad en los criterios de evaluación y fomentarán desigualdades educativas entre los estados.
La ausencia de actores clave como la SEP, el INEE y la sociedad civil que inicialmente apoyaron la reforma educativa y han dejado de lado su implementación; y la falta de claridad de ciertos criterios de la reforma propiciada por actores como el INEE que determinó no publicar los criterios de evaluación para el ingreso de nuevos maestros hasta después de que se apliquen los exámenes han creado incertidumbre en el proceso y contribuido a la falta de homogeneidad en los criterios estatales de acceso al Servicio Profesional Docente.
Ni el INEE ni la SEP han participado en el proceso de legislación estatal y han dejado las negociaciones de la “armonización” de las leyes en los estados al líder del SNTE, Juan Díaz, quien prefirió asegurar los beneficios de sus agremiados y clientelas en lugar de vigilar sus contenidos y pertinencia.
El presidente Peña argumentó que la reforma, junto con el encarcelamiento de la líder del magisterio, sería una solución para modificar el estancamiento del sistema educativo mexicano - que en 2012 ocupó el último lugar de los países de la OCDE en la prueba PISA- y para crear un profesorado más competente. Sin embargo, el trayecto recorrido por la reforma demuestra cómo esto nunca fue su razón de ser. En ningún momento se atendieron los temas de verdadera importancia para el sistema educativo. Nunca se puso a debate la pertinencia del modelo educativo, la necesidad de cambiar de un modelo pedagógico basado en la memorización a uno que privilegie el pensamiento crítico y que verdaderamente prepare a los jóvenes a enfrentar con éxito su futuro laboral. El problema educativo, y de productividad económica, seguirá exactamente igual.
