El dilema del Informe: ¿mantener la inercia o emprender cambios de fondo?

• ¿La CNTE lo logró?
• El sector vivienda: la crisis cantada

El dilema del Informe: “¿mantener la inercia o emprender cambios de fondo?”.

El pasado 2 de septiembre, el presidente Peña ofreció un discurso en el que recapituló las propuestas y avances de los primeros nueve meses de su gobierno. Si bien puede concederse que es muy poco tiempo para exigirle la erradicación de los problemas estructurales de México, también puede cuestionársele si en efecto ha habido un cambio de rumbo en el país. En esta oportunidad damos una mirada rápida a tres rubros clave: seguridad, educación y economía.

Según el presidente Peña, su meta primordial era conseguir un México en paz a través de una nueva política pública en materia de seguridad y justicia, cuyos logros –entre otros- abarcan la captura de 65 de los 122 delincuentes más buscados, así como la reducción de los homicidios dolosos en un 13.7%. Sin embargo, más allá de que la cifra de homicidios es cuestionable por la falta de transparencia sobre la metodología utilizada, el presidente no hizo mención sobre la existencia (o no) de control gubernamental de zonas de alto riesgo. No sólo es el caso de los sucesos recientes en Michoacán y Guerrero entre narcos y autodefensas, sino estados cuya tranquilidad sigue en duda como Tamaulipas o Chihuahua.

También omitió mencionar cómo impedirá el famoso “efecto cucaracha” del cual tanto se habla cuando se blinda una región descuidando otra. O de cómo la sede de los poderes federales cada vez parece más vulnerable, no tanto ante la delincuencia organizada, sino de cara a la protesta social esperada a causa de su política de reformas. Al englobar todo esto aparece inexorable la pregunta: ¿realmente Peña ha “roto con la inercia” respecto a su antecesor, o sólo ha sido un cambio de discurso mediático que pretende aliviar la percepción de inseguridad en la sociedad sin cambiar la estrategia?

En lo referente a su meta de construir un país con educación de calidad, Peña argumentó que lo conseguirá con la reforma educativa y la nueva Ley del Servicio Profesional. Así, los niños y jóvenes mexicanos obtendrán las herramientas necesarias para acceder a mejores oportunidades una vez que inicien su vida laboral. Pero, ¿cómo será posible esto si la modificación propuesta no cubre otros demonios del sistema educativo como la educación superior?; ¿se contemplan controles para que el sistema de evaluaciones no termine siendo una nueva ventanilla de corrupción?; ¿cómo se pretende una evaluación nacional si cada estado realizará la suya propia?; ¿dónde quedó la discusión acerca del cambio en el modelo educativo?; ¿por qué no se menciona la imperiosidad de un gasto más eficiente en el rubro? Si, al final del día, la reforma educativa pretende generar cambios con sólo modificar la dinámica de la pirámide de distribución del presupuesto educativo, perpetuando la corrupción en la misma, sus perspectivas podrían no ser del todo halagüeñas.

Por su parte, Peña promete crecimiento elevado, sostenido y sustentable, así como “democratizar la productividad” (cualquier cosa que eso signifique), para lo cual las reformas energética y hacendaria son clave. Aquí conviene ir por partes. En primer lugar, la propuesta de reforma energética, aunque en la dirección adecuada, depende no sólo de la reforma constitucional (que es el contenido de la iniciativa que hoy está en manos del legislativo) sino sobre todo de lo que llegará a presentarse en la ley reglamentaria y, muy particularmente, en el proceso posterior de instrumentación, asunto no menor en el caso de Pemex. Habrá que concederle el beneficio de la duda y esperar, de concretarse la reforma constitucional, al contenido de las leyes secundarias. En segundo lugar, no resulta aventurado creer que, como con otras reformas, las presiones hagan estragos en la toma de decisiones en materia hacendaria y no se emprendan medidas agresivas contra la informalidad y la evasión fiscal. Esto tiene el riesgo de acudir a la sempiterna fórmula de cargar la mano al contribuyente cautivo. Sin embargo, también aquí habrá que tener paciencia unos días –hasta el 8 de septiembre para ser exactos—cuando se conocerá la propuesta de Paquete Económico 2014 y así poder analizar con mayor precisión sus detalles. Por lo pronto, las expectativas de crecimiento de México en 2013 van en caída libre.

Los problemas estructurales de México son muchos y no se resuelven en nueve meses. Cierto. La cuestión es no confundir las frases. No es lo mismo “emprender cambios de fondo para no dejarse llevar por la inercia (asumida esta última como perjudicial, claro)”, que “inercialmente pretender emprender cambios de fondo”. Sea como fuere, no deja de ser por demás audaz el compromiso presidencial de cambiar el rumbo del país en 120 días.

¿La CNTE lo logró?

El pasado 1 de septiembre, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, inauguró de manera insólita su periodo de sesiones ordinarias. Después de casi seis horas de debate, en un recinto prácticamente encapsulado, se aprobó con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, la Ley de Servicio Profesional Docente (LSPD). Lo sui generis del entorno de la aprobación de la LSPD puso en evidencia la urgencia de tramitar la reforma educativa –sea como fuere—y de superar la movilización magisterial.

A unas horas de la aprobación del dictamen en San Lázaro, grupos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en particular los contingentes mayoritarios de Oaxaca, dejaron la plancha del Zócalo capitalino y regresaron a sus lugares de origen (aunque quienes se quedaron, incluida la “anfitriona” sección 9, continuaron desquiciando el Distrito Federal). ¿Qué pasó con la exigencia de abrogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales? ¿Qué les hizo cambiar de actitud?

Ciertamente, algo habrán tenido que ver las declaraciones por parte del gobernador oaxaqueño de no remunerar a los maestros ausentes en la parcial movilización de la CNTE. Después de todo, un plantón de medio mes puede llegar a ser muy costoso –más aún si ya no se dispone de la quincena. Sin embargo, esto no explica por completo qué ocasionó el cambio de actitud del grueso de los maestros. Cabe preguntarse entonces: ¿habrá obtenido algo satisfactorio la disidencia?

De entrada, en su mensaje alusivo a su Informe de Gobierno, el presidente Peña anunció un programa especial de apoyo a la enseñanza en entidades con mayor atraso educativo. Lo que no explicó el mandatario es en qué consistirá y cuánto dinero adicional costará eso a los contribuyentes. Del lado legislativo, varios reclamos de la CNTE fueron incorporados –unos para bien, otros no tanto—a la minuta final de la LSPD que ya también pasó sin cambios en el Senado durante la madrugada del 4 de septiembre. Se consideró la ponderación, para propósitos de los criterios de evaluación, de los distintos contextos sociales y culturales del entorno donde se llevan a cabo las funciones docentes. Esto será virtuoso mientras no degenere en un sistema que propicie un esquema con maestros de primera y de segunda.

Otro aspecto positivo para el sistema educativo sería el establecimiento de mecanismos de generación de incentivos a fin de atraer personal docente a zonas rurales marginadas, lo cual funcionará siempre y cuando se logre invertir de manera adecuada en infraestructura y se incida en la formación y actualización frecuente de los propios maestros. Respecto a cuestiones no tan favorables, se redujo el periodo de “prueba” necesario para obtener una plaza definitiva de dos años a seis meses. No obstante, la mayor victoria de los inconformes, y el núcleo de las suspicacias acerca de la efectividad de la reforma, es haber mantenido la opacidad de los resultados de las evaluaciones.

Independientemente de que los legisladores acabaron perfeccionando cuestiones vinculadas con la justicia en ciertas demandas de los docentes en protesta, es importante señalar que las movilizaciones magisteriales fueron capaces de ganar terreno. Pero, ¿en verdad el fin justifica los medios? Por un lado, sin las manifestaciones, la LSPD se habría votado en sus términos originales durante el pasado periodo extraordinario de fines de agosto. Cierto. Pero, por otro lado, los maestros de la CNTE ya mostraron su músculo y, presumiblemente, su disposición a ir por más. ¿Negociarán algo adicional tras la “megamarcha” y paro realizados el 4 de septiembre, o tan sólo será su “triunfal” despedida? Mientras tanto, los ciudadanos afectados por estos desmanes continuaremos siendo testigos de la incapacidad del Estado para no abrumarse con los chantajes lanzados desde las calles. No menos importante, es de preguntarse si existe vinculación entre el movimiento que comanda la CNTE y el que propone lanzar López Obrador con motivo de la reforma energética, el siguiente asunto en la agenda política y legislativa.

El sector vivienda: la crisis cantada

El sector vivienda no ha estado en sus mejores momentos últimamente. Según cifras de BBVA Bancomer, durante los últimos seis meses la capitalización de las empresas del ramo cayó en 85%, la mayoría de las mismas inició un proceso de reestructura de pasivos, y la venta y operación se redujo más de 50%. Estimaciones iniciales señalan inclusive una caída de 1% en el PIB de 2013 en México por los problemas del sector. Frente a un momento de cambios estructurales en el país, esta crisis levanta serios cuestionamientos sobre la dinámica especulativa de la economía mexicana y su nivel de competitividad.

Ciertamente, varias acciones de la presente administración propiciaron que la burbuja reventara: atraso en los programas del gobierno federal, demora en el pago de créditos por parte de INFONAVIT y FOVISSSTE y, sobre todo, la emisión en febrero pasado de los nuevos lineamientos de la política de vivienda que establecían, entre otras cosas, privilegiar los apoyos crediticios a conjuntos verticales en centros urbanos, dejando de lado el financiamiento a conjuntos horizontales en las afueras de las ciudades, es decir, donde se encontraba la principal reserva territorial de las empresas inmobiliarias (y la mayor parte de su capital, que ipso facto perdió su valor). Asimismo, llama la atención el anuncio del gobierno acerca de que no rescataría financieramente a las empresas afectadas. Sin embargo, ¿podría ser el estallido de la burbuja inmobiliaria un desenlace más benéfico que haberla dejado crecer a niveles más graves?

En su discurso con motivo del Informe, el presidente Peña señaló –con toda jiribilla política— que “hoy hay reglas claras, ya no se construirán viviendas lejos de los centros de trabajo, ni con grandes deficiencias en los servicios elementales”. Esto fue una crítica directa a la política de vivienda de las administraciones federales panistas, una de las banderas de campaña del PAN para promover sus “logros” en el gobierno. Lo cierto es que el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 estableció metas que llevaron en ese periodo a pasar de un déficit habitacional de 4 millones de viviendas a un superávit de unidades, es decir, casas sin habitar. La mayoría de éstas habría sido abandonada por las causas subrayadas por Peña. Políticamente, la administración Calderón vio en la vivienda la forma de incrementar el caudal de votos y aprobación presidencial. Una política “necesaria” fue llevada a un extremo de crecimiento tal que generó una oferta incapaz de ser sostenida, al menos bajo el modelo de expansión horizontal entonces vigente.

¿Qué factores incidieron en la generación de la presunta burbuja inmobiliaria? En primer lugar, un acelerado crecimiento de los créditos hipotecarios en las administraciones panistas, sobre todo para alcanzar estratos con carencia de vivienda propia: el promedio de créditos de FOVISSSTE creció en las últimas dos décadas, mientras que el de INFONAVIT se expandió en 203% en ese mismo lapso.

Segundo, la expansión crediticia se acompañó con un superávit de la reserva territorial de las empresas por la existencia de un régimen fiscal que permitía deducir las inversiones en tierra. El cambio de lineamientos en 2013 hizo que la reserva territorial para conjuntos horizontales en las afueras de la ciudad se volviera inservible, además de ocasionar una caída en el precio por m2 en éstas áreas, imposibilitando su venta en el corto plazo. Es decir, más que el crecimiento del crédito (sostenible o no), la explicación directa de la crisis del sector se debió a un cambio en las reglas del juego.

En tercer término, la caída de la demanda ante la crisis de 2009 llevó a las empresas a centrar su portafolio en la construcción y venta de viviendas de interés social, viviendas que recibieron subsidio. La concentración del portafolio incrementó el riesgo del sector sustancialmente. Ahora bien, y en descargo un poco del anterior gobierno, en 2010 se intentó acotar el riesgo con nuevos lineamientos de calidad, localización y formas contables en el rubro inmobiliario, pero el ajuste fue tardío.

Tal vez era fundamental romper la tendencia que venía experimentando el sector antes de que sus efectos fueran aún más devastadores, aunque también pudo haberse hecho en una forma menos drástica y con un programa de transición que evitara la crisis que hoy afecta al sector. Por ejemplo, la creación de lineamientos diferentes por zonas geográficas, particularmente donde se tuviera un menor activo de reserva territorial por parte de las empresas inmobiliarias registradas en bolsa, así como una suavización de la incertidumbre en el mercado con planes de desarrollo en las zonas afuera del perímetro urbano donde ya hay viviendas construidas. En fin, el hubiera no existe. El hecho es que todo el sector de la construcción –vital para el crecimiento del PIB- se ha visto afectado, otro factor de desaceleración económica directamente atribuible a decisiones gubernamentales.

Reproducido con autorización del CIDAD

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