La procuración de justicia selectiva: a la reconquista del control presidencial
Ya son varias semanas en las que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha caído en el escarnio mediático y de las redes sociales tras las denuncias hechas por el actual mandatario tabasqueño, Arturo Núñez, respecto al saqueo de las arcas del estado que presuntamente habría llevado a cabo.
Más allá de si se demuestra o no alguna culpabilidad de Granier y, de ser conducente, llegara a ser procesado, ¿qué otras aristas tienen este y otros casos (como el del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de uso indebido de recursos públicos), no tanto desde la perspectiva de la aplicación oportuna y expedita de la justicia, sino a partir del análisis de la “nueva” relación entre los gobiernos estatales y el federal?
Aunque hoy la atención se centra en Granier y Reynoso, existe un colorido mosaico de ex gobernadores y ex ediles que, o son prófugos de la autoridad –como Tomás Yarrington—, o que, aun con cantidades groseras de evidencia en su contra, se pasean con toda impunidad por las calles y hasta ostentan algún cargo público.
El uso selectivo de la procuración de justicia, es decir, “no medir con el mismo rasero” casos similares o peores al de, por ejemplo, Elba Esther Gordillo, parece regresar como arma política al más puro estilo del aplicado con bastante frecuencia hasta hace un par de décadas. El esquema instaurado durante el régimen autoritario en el que los gobernadores mostraban –salvo deshonrosas excepciones—altos grados de sumisión frente a la investidura presidencial, se debilitó a partir de la presidencia de Ernesto Zedillo. No obstante, esto se condujo al extremo a lo largo de las administraciones presidenciales panistas, en las cuales se confundieron las libertades del federalismo, con un régimen de autonomía casi libertina de las autoridades estatales. Haciendo una analogía, la Federación pasó de ser un papá autoritario y represor, a un papá pelele a quien sus hijos hacen poco o nada de caso e, incluso, abusan de la desatención paterna, pero acuden a él cuando se ven rebasados por sus problemas. Así, en el gobierno de Felipe Calderón, por un lado los estados extendían a plenitud sus manos para gozar de las mieles del endeudamiento público y la opacidad en el gasto, pero corrían al regazo presidencial a fin de solicitar la intervención de las autoridades federales en el tema de la inseguridad. Del mismo modo, proseguían de manera impune con abusos de poder a los cuales la Federación hacía caso omiso.
El gobierno del presidente Peña parece haber asumido una estrategia de colocación de la “espada de Damocles” encima de la cabeza, no sólo de gobernadores y munícipes –pasados y en funciones—, sino de líderes sindicales, personajes de la oposición, y hasta de los llamados poderes fácticos. Los abusos cometidos desde el poder tienen la amenaza creíble de ser perseguidos. ¿De qué depende ello? Habrá que esperar casos como los de personajes como Humberto Moreira o Carlos Romero Deschamps. Por lo pronto, los mandatarios estatales no sólo deben cuadrarse con un “buen comportamiento”, sino que, dado el sistema “federalista” de asignación de recursos (cuya “llave” apenas ha dejado caer unas gotas desde la Secretaría de Hacienda), también tendrán que “hacer méritos” para poder acceder a las participaciones presupuestarias requeridas para poner en marcha sus programas de gobierno.
En suma, si cae Granier, por un lado, igual que como sucedió tras la captura de la “Maestra” Gordillo, varios personajes buscarán la forma de no ser los siguientes en la lista; por otro lado, Núñez, a quien se le habrá entregado la cabeza de uno de sus adversarios políticos, tendrá una “deuda pendiente” con el gobierno federal. Ningún cabo suelto.
Desde una perspectiva más amplia, más allá de los casos conocidos o de los que se manejan en los medios, el uso del poder presidencial para disciplinar a gobernadores o poderes fácticos experimenta un cambio cualitativo. Primero que nada, el presidente Peña ha venido construyendo un andamiaje legal que le permite actuar sin violentar la ley, como ilustra, por ejemplo, la modificación a la ley de amparo. En esto hay una clara diferencia respecto al pasado. Por otro lado, no todos los gobernadores o poderes fácticos presuntamente abusivos son igualmente potenciales víctimas de la acción legal: algunos construyeron protecciones legales formidables que los hacen virtualmente inmunes frente a un tribunal. Todo esto arroja dos circunstancias: por un lado, los intentos por perseguir a personajes presuntamente corruptos pueden ser muy rentables mediáticamente pero no todos concluyen bien para quien persigue. El caso de Oaxaca es sugerente. Por otro lado, la forma de actuar del gobierno federal actual permite observar que su decisión de iniciar procesos legales en casos flagrantes donde sin duda existen fundamentos legales está sujeta a consideraciones frecuentemente más políticas que legales.
Competencia económica: ¿nuevas pautas para mejores resultados?
El pasado 10 de junio, el presidente Peña Nieto firmó el decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica. El nutrido debate que se dio durante los procesos legislativos con relación al impacto de estas reformas en las estructuras de una industria tan compleja como la de telecomunicaciones, opacó la discusión sobre las implicaciones de estas modificaciones legales en la persecución de prácticas anticompetitivas en los sectores no regulados de la economía. Vale la pena revisar qué se vislumbra para mercados sabidamente concentrados como el transporte terrestre, farmacéutico, panificador o refresquero, por ejemplo. La situación es frecuentemente peor en mercados regionales y en diversos sectores industriales específicos que experimentan prácticas similares. ¿Temblarán con estos cambios los actuales presuntos monopolios que aquejan muchas veces de manera silenciosa a millones de consumidores, incluso con mayor medida a nivel regional?
No obstante los esfuerzos logrados desde la promulgación de la Ley Federal de Competencia en 1996, nuestro gobierno enfrenta desafíos descomunales para establecer condiciones favorables que procuren el desarrollo eficiente de los mercados y la entrada de nuevos competidores. En México, el impacto negativo del poder monopólico crece a medida que los hogares son más pobres. Sin embargo, a pesar de esta realidad tan apremiante, durante los últimos 6 años, sólo el 5% del total de asuntos de la Comisión Federal de Competencia correspondieron a escrutinios ex oficio, enfocando sus esfuerzos y recursos a responder autorizaciones de concentración, denuncias, consultas, y permisos, actividades necesarias para la procuración de la competencia, pero no suficientes en mercados tan dominados por monopolios.
Las nuevas reglas del juego le otorgarán a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) autonomía constitucional. La nueva legislación se propone, contra la experiencia, evitar que la designación de los nuevos comisionados se politice, para lo cual se han diseñado procesos filtrados mediante exámenes y un comité integrado por Banco de México, INEGI y el instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Asimismo, el nuevo órgano podrá también regular el acceso a insumos esenciales y ordenar, en última instancia judicial, la desincorporación de activos de empresas dominantes y abusivas, por cierto, una práctica riesgosa y poco usada a nivel internacional. Se mencionan también como objetivos principales de la reforma, dar mayor certeza jurídica al sector empresarial, facilitar cumplimientos, y elevar costos esperados de conductas ilegales mediante multas, sanciones penales, visitas de verificación y medidas cautelares.
Todos estos cambios sin duda representarán refuerzos importantes para el desempeño del órgano regulador. Empero, es crucial que la legislación secundaria soporte la ejecución de las acciones de la CFCE dentro de un marco de contrapesos judiciales efectivos, y que promueva herramientas clave, a través de posibles modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, para modernizar el marco jurídico que promueva mayor certeza y herramientas de defensa a los consumidores, el contrapeso esencial de los sistemas competitivos. En términos generales, la promulgación de la reforma merece reconocimiento al reflejar preocupaciones que por años han existido respecto del serio problema que el país vive. Una efectiva aplicación de la política de competencia juega un rol primordial en el desempeño de las economías avanzadas; si bien su marco jurídico es esencial, su desempeño efectivo dependerá del verdadero involucramiento y acción de todos los actores.
Cambio de paradigma en “la agenda verde”
El 6 de junio, durante la 43° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Guatemala, se emitió la llamada “Declaración de Antigua” donde, entre otras cosas, se exhorta a los países americanos a estudiar, con base en sus legislaciones particulares, los lineamientos del “Informe sobre el problema de las drogas en las Américas”.
En dicho documento, presentado por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, en mayo pasado, la OEA reconoce que el debate hemisférico respecto a los estupefacientes ilegales ya presenta “una disposición a experimentar enfoques no tradicionales”, es decir, distintos al prohibicionismo. Esto da continuidad a las iniciativas de despenalización y regulación del mercado de drogas planteadas por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, presidida por los ex presidentes latinoamericanos, Cardoso (Brasil), Gaviria (Colombia) y Zedillo (México). Así, el supuesto del fracaso de la guerra internacional contra las drogas y de la necesidad de un cambio de paradigma en la materia va adquiriendo mayor fuerza.
Hasta fechas recientes, la política prohibicionista había hegemonizado el tema. A excepción de algunos países en los cuales se estableció una regularización selectiva (como en Holanda), se permitió su uso con fines medicinales o religiosos, o se despenalizó el consumo de ciertas drogas en cantidades ínfimas –como en México—, la tónica prevalente ha sido la resistencia de los gobiernos a modificar su postura. En general, el cambio en el enfoque de las políticas gubernamentales en materia de drogas se ha sido lento. A pesar de ello, cada vez más aumenta la cantidad de voces autorizadas que alientan a los gobiernos a experimentar con regulaciones alternativas. Aquí se inscriben políticas como la reciente despenalización del consumo y comercio de mariguana, con fines recreativos, en estados de la Unión Americana como Colorado y Washington. En el mismo tenor, el 8 de junio pasado, Francia dio luz verde al uso regulado de la mariguana con fines medicinales.
En el caso de la despenalización regional de la marihuana en Estados Unidos, resulta importante preguntarse cuáles serían las consecuencias y desafíos a corto y mediano plazo para México. Primero, la existencia de una política diferenciada en el país vecino, pone en serio entredicho las premisas a partir de las cuales se ha construido la política del gobierno mexicano en el tema de las drogas, cuya operación ha costado miles de millones de pesos al erario. La descoordinación en los ritmos y magnitudes del abandono del prohibicionismo puede generar conflictos colaterales derivados de los ajustes de los mercados ilegales y de la delincuencia vinculada con el narco. Esta última podría optar por la diversificación del crimen, ya que su lógica operativa no es en términos de “envenenar a la sociedad” sino de, simplemente, tener una fuente fácil y rápida de dinero con cualquier actividad que ofrezca esa oportunidad. Por lo pronto, en Antigua, la postura oficial mexicana siguió siendo reticente a una eventual legalización de la mariguana.
Si bien la asamblea de Antigua no prescribió acciones concretas para dar un “golpe de timón” contundente hacia el cambio de paradigma, el hecho de reconocer la imperiosidad de estudiar enfoques alternativos al fenómeno de las drogas (y no haber encontrado una oposición tan vehemente en la delegación estadounidense), ya es en sí un avance. De cara al futuro inmediato, entre los principales elementos del debate continuarán estando el componente moral y los prejuicios acerca del uso de drogas, cuyo efecto no sólo se debilita poco a poco, sino que distrae la atención de la problemática fundamental del consumo, es decir, su gravedad como problema de salud pública –sin mencionar, por supuesto, sus implicaciones en el recrudecimiento de la violencia.
Quizá lo más importante de la reunión en la ciudad guatemalteca es su carencia de realismo respecto a los problemas de violencia que aquejan a la región. Si bien hay buenos argumentos para la legalización de algunas drogas, no hubo uno solo para el desarrollo de sistemas policiacos o judiciales modernos cuya ausencia es, a final de cuentas el problema principal de países como los centroamericanos y México. En una palabra, el problema no son las drogas sino la ausencia de Estado. La legalización de algunas drogas (sólo se propone la mariguana, no su prima más rentable, la cocaína) podría, potencialmente, reducir los recursos de que disponen las mafias del narcotráfico, sólo un Estado fuerte con capacidad de mantener la ley y el orden va a cambiar la realidad de violencia de estas naciones.
