Aguascalientes, Ags.- En una nota de Anabel Hernández publicada en la edición de hoy, el periódico Reforma de la Ciudad de México aporta mayor información sobre el caso de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) a Luis Armando Reynoso López, hijo de quien fuera Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
Como se recordará, la semana pasada ese mismo diario dio cuenta de que desde el año 2010 se investigan los depósitos por más de 58 millones de pesos recibidos en cuentas de Reynoso López en la cuenta de Banorte en una sucursal en Altamira, Tamaulipas.
En la nota publicada hoy se menciona que en la investigación se contemplan siete inmobiliarias en relación al probable delito de enriquecimiento ilícito cometido por Reynoso López y un presunto prestanombres de nombre Luis Fernando Loperena González.
Las compañías bajo investigación, son:
-Real Estate Isla San Marcos S.R.L. de C. V.
-Constructora Proyectos Inmobiliarios FL S.A. de C. V.
-Diseños Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C. V.
-Marca Desarrollos Inteligentes, S. A. de C. V.
-Better Homes
-Inmobiliaria Punta Maya, S. A. de C. V.
-Cima Soluciones en Construcción
Según menciona la nota, el accionista y apoderado en algunas de esas empresas compró por cuenta de las empresas terrenos de 94 hectáreas en la zona noroeste de la ciudad de Aguascalientes donde se construye el residencial Punta del Cielo (Avenida Guadalupe González, cerca de Pocitos y del Campus del Tec de Monterrey en Aguascalientes). El monto declarado de esa operación fue por 94 millones de pesos.
Llama la atención de la autoridad el hecho de que Loperena González, quien trabajaba en la oficina de la Secretaría Particular del Gobernador en el tiempo de Reynoso Femat, y que percibía un sueldo de 2,498 pesos quincenales pudiera intervenir en operaciones por casi cien millones de pesos.
Otra de las personas bajo investigación es Verónica Shadai Espíndola Palma, que aparece tanto como funcionaria en alguna de las empresas del ramo inmobiliario que están bajo investigación y es al mismo tiempo representante legal de la empresa Logística y Asesoría Comercial, S. A. de C. V. (la empresa que recibió los 13.8 millones de pesos en pago del tomógrafo que nunca llegó a los hospitales de Aguascalientes).
