Aguascalientes, Ags.- El Estado mexicano se encuentra en una encrucijada: está obligado constitucionalmente a garantizar los alimentos a cada uno de los habitantes del país, pero somos deficitarios, pues muchos de los productos básicos que consumimos son importados, tales son los casos, por mencionar los más importantes, del maíz, frijol, trigo y soya.
En otra trinchera, legisladores del Congreso de la Unión organizan foros, mesas redondas, coloquios, seminarios, etc., para redactar y presentar una iniciativa de ley que reglamente el párrafo 3 del artículo 4 constitucional: (“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”).
Paralelamente, académicos e investigadores universitarios, y organizaciones campesinas y empresariales se reúnen con el objetivo de analizar y proponer lo que consideran pueden ser aportaciones para resolver un problema añejo que nació en épocas de ganar por ganar, en las que más valía sembrar algodón, por sus altos precios internacionales, que maíz o frijol, que son la base de la alimentación de los mexicanos.
Ahora se corre el riesgo de que los países productores no nos vendan estos alimentos por su escasez o que los compremos muy caros.
“La peor dependencia que puede sufrir un país es la del estómago”, decía hace años un académico, especialista en asuntos del campo.
Generar empleos formales
Al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, considera que la autosuficiencia alimentaria “no debe verse como un asunto de asistencialismo”, pues “es un tema que se vincula con el desarrollo nacional, el crecimiento de nuestra economía y el bienestar de una sociedad que requiere establecer condiciones de igualdad”.
Asienta que además de impulsar la producción de alimentos que satisfaga la necesidad del país, se deben generar los empleos formales y bien remunerados que demandan todos los mexicanos, a efecto de que puedan adquirir los nutrientes que su organismo reclama.
Observa, asimismo, que, el problema de fondo en México “es la desigualdad” y considera que para terminar con ella “se requiere del involucramiento no sólo de los órganos del Estado mexicano, sino de la sociedad en su conjunto, de todos los sectores de nuestro país”.
Restablecer seguro agropecuario
En opinión de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para alcanzar la autosuficiencia en la producción de alimentos, en los próximos años deberán canalizarse mayores volúmenes de crédito y capital de riesgo al sector, en particular a los productores pequeños y marginales, así como restablecer un seguro agropecuario de amplio alcance.
Para ello, añaden, será necesario fortalecer y racionalizar el sistema institucional de apoyo y las políticas correspondientes. Al mismo tiempo, “se requerirá de una política comercial pragmática, orientada a reforzar la capacidad nacional de almacenamiento de alimentos, proteger a los productores mexicanos de la competencia desleal y promover su mayor productividad y competitividad por la vía de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
Familia rural, punto de convergencia
Margarita Flores, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM e investigadora asociada del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la propia máxima Casa de Estudios, comenta que habida cuenta de los profundos cambios registrados en el medio rural, “debe partirse de la familia rural como unidad de análisis y punto de convergencia de las políticas públicas”.
Propone avanzar hacia una política de ingresos rurales, revisable periódicamente, cuya continuidad “esté garantizada por ley y se integre a los derechos sociales exigibles”.
Esa política de ingresos –opina- le daría al productor la libertad de elegir su propia mezcla de cultivos y actividades productivas, fortalecería los ingresos rurales y fomentaría un desarrollo sustentable que permitiera diferentes acciones, tomando en cuenta las características de los productores, sus estrategias productivas y los desequilibrios regionales.
Asimismo “favorecería la pluriactividad rural, las reconversiones a nivel de parcela y de comunidad, sobre todo, si están fuertemente vinculadas a generar valor, vía servicios ambientales y los encadenamientos productivos regionales”.
Extraordinariamente diverso, el campo
Observa que el campo mexicano “es extraordinariamente diverso”, aunque predominan los sistemas de producción de pequeña escala. Sugiere que a esta característica “deben ajustarse las reformas institucionales, los trabajos de extensión e investigación y los mecanismos de financiación y asistencia técnica.
“Para una modernización justa e incluyente, se requiere una transformación a fondo del gasto público destinado al campo, que hoy privilegia el impulso de bienes privados y que concentra más de 70% de los subsidios en los estratos de más alto ingreso. Se requieren presupuestos multianuales que den certidumbre, en especial los pequeños productores, y se necesita corregir el sesgo que discrimina a favor de los grandes productores del noroeste y norte del país.
“De esta suerte, se colocaría en el centro a las familias rurales, a los sistemas productivos de pequeña escala y a un estilo de desarrollo regional que estimule una modernización incluyente. Dicho de otra manera, se articularía el derecho a la alimentación con la soberanía alimentaria”, aprecia Margarita, doctorada en Desarrollo Económico y Social en la Universidad de París y ex funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.
Derecho a la alimentación
Sobre el mismo tema, el coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente, Max Correa Hernández, valora que el gobierno “reconozca que México padece hambre”. Dice textualmente: “Para las organizaciones del Congreso Agrario Permanente es fundamental que después de 12 años de debate, el Gobierno de la República reconozca que tenemos más de 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria”.
“Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas, este problema no debe asentarse como un acto de fe, con una cruzada, sino debe intentarse con una óptica de lucha por hacer valer, por hacer exigible ese derecho constitucional que nos asiste a todos los mexicanos, que es el derecho humano a la alimentación.
“Que no sea una dádiva del gobierno en turno o un acto filantrópico de los grandes responsables de la dependencia agroalimentaria o de las enfermedades crónico-degenerativas, sino que sea un pleno ejercicio de todos los ciudadanos el de acceder a los alimentos suficientes, nutritivos e inocuos para toda la población”, señala.
Por un pacto rural
Se cuestiona: ¿Cómo resolver y hacer valer este derecho? Se responde: “Para las organizaciones campesinas es fundamental y hacemos votos porque se restablezca el ambiente de construcción de acuerdos en el marco del Pacto por México, es fundamental que arribemos también a un pacto rural para llevar a cabo una profunda reforma del campo mexicano”.
Él opina que “los campesinos no son el problema de la dependencia agroalimentaria y del hambre de México”, al contrario, considera que “la agricultura campesina y familiar vienen a representar la solución al problema de la dependencia agroalimentaria, pero ¿qué hace falta? Hace falta que construyamos un gran acuerdo del Estado mexicano y de la sociedad, de todos los sectores políticos en el medio rural para realizar esta profunda reforma del campo mexicano”.
Ejes fundamentales
Para la óptica del Congreso Agrario Permanente, agrega: “ese acuerdo debe tener 3 ejes fundamentales: primero, reconocer que la agricultura campesina y familiar pueden representar la solución para la autosuficiencia alimentaria y abatir el hambre de esos más de 28 millones de mexicanos.
“En segundo lugar, debemos reconocer que es necesaria una renegociación del presupuesto, que es el principal instrumento de la política pública del Estado mexicano orientado al campo; tenemos que partir de un presupuesto cero, es decir, volver a hacer un nuevo presupuesto orientado a garantizar este derecho y esta obligación.
“El tercer eje que proponemos es el de reconocer los derechos de la madre tierra, es decir, aplicar una política ambiental; legislar en materia de derechos de la madre tierra para enfrentar el cambio climático”.
Y condiciona, finalmente: “Si México no hace la reforma del campo, seguiremos padeciendo la pobreza alimentaria”.
