El Pacto: vamos a darnos un tiempo
El abandono de Gustavo Madero, presidente del PAN, y posteriormente de Jesús Zambrano, titular del PRD, de todos los eventos del Pacto, hasta que el Gobierno Federal aclare la acusación de manejo corrupto de la Cruzada contra el Hambre en municipios de Veracruz marcó el primer día de diferencias significativas entre las fuerzas políticas firmantes del Pacto por México. Aunque Luis Alberto Villareal, coordinador de los diputados panistas, informó que este evento no marca una ruptura definitiva del PAN con el acuerdo tripartidista, surge la interrogante sobre si es una pausa temporal en los acuerdos partidistas o el principio del fin del mismo.
El pasado 2 de diciembre la firma del Pacto por México se llevó todos los titulares: el nuevo gobierno había comenzado el sexenio con un acuerdo con todas las fuerzas políticas para lograr las reformas que México necesita. Tanto la visión de los liderazgos partidistas de oposición como la división interna dentro de esos partidos permitió que tanto Madero como Zambrano suscribieran dicho acuerdo con el Presidente buscando la visibilidad y el privilegio de la negociación exclusiva de las reformas postuladas por el Pacto. A partir de ese momento, la agenda legislativa estuvo marcada por la temporalidad dictada por el Pacto, dejando fuera de los acuerdos a grupos importantes de legisladores. Para muchos panistas y perredistas sus presidentes se comportan como una extensión del gobierno en lugar de como oposición. Esta presión interna ha acompañado al Pacto desde su creación tensando mucho las relaciones y dejando abierto el espacio para que cualquier desencuentro pudiera poner en duda su permanencia.
Tras la revelación del plan para usar los recursos de la Cruzada contra el Hambre con fines electorales por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y priistas de Veracruz, y la respuesta casi aprobatoria del Presidente de la República, se encontró una causa justificada para plantear un distanciamiento con el gobierno. El abandonar los presidentes de estos partidos los eventos del Pacto no sólo les representa un tanque de oxígeno al interior de sus partidos, sino también la primera vez que ellos le cambian la agenda política a Enrique Peña Nieto. La cancelación de la presentación de la Reforma Financiera por parte del gobierno muestra la capacidad que tienen los partidos de oposición para alterar la aprobación de futuras iniciativas. El planteamiento de juicio político y la exigencia de renuncia para Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social, por parte de la oposición, eleva los costos del Gobierno Federal de mantener vivo el Pacto por México de cara a la discusión de reformas mucho más divisorias como son la fiscal y la energética. El espacio de diálogo que ha abierto el Gobierno Federal para superar los desencuentros probablemente rinda frutos y continúen en breve los eventos del Pacto. Sin embargo, los términos del acuerdo serán distintos a los originales. En el juego de vencidas por las reformas los partidos de oposición se apuntaron su primera victoria del sexenio y a Enrique Peña le asestaron su primer golpe.
La firma del Pacto por México entre el Gobierno Federal y los principales partidos de oposición dio la imagen de un periodo reformador y permitió al gobierno capitalizar los éxitos de algunas reformas aprobadas en estos meses, pero no mostró un mecanismo de salida fácil y sin costos políticos para el mismo. La cancelación de la presentación de la Reforma Financiera fue un golpe al capital político de Enrique Peña que vio como otros actores pueden influir también en la agenda legislativa. El Pacto por México (o los acuerdos entre varios de los actores políticos presentes) continuará en búsqueda de la aprobación de las reformas trascendentales que se presentarán en el segundo periodo legislativo de 2013, pero la fuerza relativa de estos actores habrá cambiado. El camino adelante no dejará de ser pedregoso. Vienen, primero, los procesos electorales en que evidentemente se confrontarán los partidos; luego vendrán las reformas más complejas y en las que las posiciones históricas de los dos partidos de oposición son claramente distintas. En algún momento, alguna de las tres fuerzas políticas dirá que ya no da o que ya dio y con eso cambiará el esquema. Cualquiera de los partidos podría acabar ahí…
(1)Hasta ahora el Pacto ha logrado la aprobación satisfactoria de la reforma educativa, de la ley de víctimas, la nueva ley de amparo y próximamente la reforma de telecomunicaciones.
Reguladores fuertes, México fuerte
CIDAC ha insistido en los últimos años, junto a importantes voces internacionales y nacionales, en que la mejor rectoría del Estado sobre la economía es la que protagonizan órganos fuertes de regulación de mercados en los que no existen condiciones de competencia efectiva, mercados en los que, por razones históricas conocidas, la "mano invisible" no conduce a mercados competitivos sino a ineficiencias y a rentas indebidas, contrarias al interés público. Se trata de reguladores con herramientas jurídicas suficientes, “dientes” con los cuales morder a agentes monopólicos. Se trata de órganos que, además, viven un entorno institucional propicio para cambiar las reglas del juego, dentro de un esquema de contrapesos que evite excesos y abusos por parte de los propios reguladores.
Una propuesta concebida en CIDAC propone un arreglo institucional donde los reguladores económicos mexicanos dejan de ser órganos desconcentrados, que forman parte de las secretarías de Estado, para tener la misma jerarquía que éstas. Ambos, dentro de la esfera del Poder Ejecutivo. En la pasada legislatura, la Comisión Especial de Competitividad de la Cámara de Diputados fue escenario de un amplio consenso en ese sentido, aunque no pudo materializarse en una reforma. En 2013, el consenso político nacional ha llevado aún más lejos.
Hace un par de semanas, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma constitucional sobre telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Tras haber recibido el mejor producto hasta ahora del Pacto por México, el Senado decidió enfriar el furor consensualista y estimó necesario perfeccionarlo, haciendo su papel en la maquinaria constitucional mexicana. Aunque realizó algunas modificaciones puntuales, importantes, se siguen concibiendo dos órganos reguladores de la economía con autonomía constitucional, fuera de la órbita de los Poderes, con una fortaleza inédita. Entre otras razones, serán órganos fuertes por la mera previsión constitucional de su autonomía de decisión, presupuestal y de organización interna, si bien deberán rendir cuentas al Ejecutivo y al Congreso, entre otras cosas, a través de programas anuales y informes (excesivamente) trimestrales.
Serán fuertes porque se les atribuyen amplias facultades de eliminación de barreras a la competencia, desconcentración, desincorporación de activos, y regulación de redes en el caso del IFETEL. Éste en particular será fuerte pues ninguna de sus normas o actos podrán ser suspendidos en un juicio de amparo, con lo que se eleva a rango constitucional una disposición similar que dio de qué hablar en la reciente discusión de la nueva Ley de Amparo.
Los órganos reformadores de la Constitución están asumiendo ya, con toda claridad, que las telecomunicaciones y la radiodifusión implican la explotación de un bien del dominio público y constituyen además un servicio público de interés general. En este punto, el Senado decidió dar al regulador de la competencia un tratamiento distinto en relación con sus actos más intrusivos, las multas y la desincorporación de activos, al asumir que éstos pueden tener consecuencias irreparables. Así, sólo podrán ejecutarse hasta que exista una sentencia firme que niegue el amparo a la empresa afectada. Para todo efecto práctico, quedarán suspendidos mientras dure el juicio, con lo que el Senado asumió que nunca habrá algún interés público superior en juego. A pesar de los avances evidentes que entraña la iniciativa, no deja de ser sorprendente que se hayan dejado asuntos de competencia en materia de telecomunicaciones exclusivamente a IFETEL, creando una innecesaria complicación por los múltiples traslapes que hay entre en el tema de la competencia y que sin duda crearán enormes ineficiencias. Finalmente se está optando por los extremos, ambos criticables en algún sentido, sin dejar margen a la discrecionalidad judicial.
A pesar de este punto y otros que requerirán análisis profundo para su aterrizaje legal e instrumentación, en las próximas semanas México podría estarse congratulando de leer esta reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. Queda por verse si se le dará un tratamiento similar a otros entes de regulación como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de particular importancia ya que se trata de monopolios del Estado que no por ser del Estado dejan de tener efectos negativos en los mercados respectivos.
La toma de Rectoría: los fantasmas del uso de la fuerza
El viernes 19 de abril la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México fue invadida de forma violenta y capturada por una veintena de jóvenes encapuchados. Entre sus múltiples demandas, la principal consiste en la reinstalación de cinco jóvenes expulsados del CCH (a raíz de la comisión de actos de violencia en el mes de febrero). Dichas expulsiones fueron confirmadas el martes pasado por el Tribunal Universitario y parece no haber posibilidad de dar marcha atrás; sin embargo, el edificio de Rectoría continúa bajo su control. Por su parte, las autoridades universitarias han presentado una denuncia ante la PGR y, así, transferido a dicha autoridad la responsabilidad de decidir el curso de la acción en el asunto.
Es necesario situar la toma de Rectoría dentro del contexto social que se ha producido en los últimos meses. En este sentido, ha incrementado la notoriedad de agrupaciones sectorizadas con un cariz violento: los anarquistas del primero de diciembre, el magisterio de Oaxaca y Guerrero, los grupos de autodefensa de la misma región y la reaparición de grupos zapatistas. Parecería que el regreso del PRI y sus primeras acciones en el gobierno han modificado los arreglos sociales existentes provocando un reacomodo en las distintas fuerzas del país. Todos estos grupos, en mayor o menor grado, han puesto en entredicho la capacidad del gobierno para mantener el Estado de Derecho.
La toma de Rectoría desafía también al gobierno aunque representa un caso especial, no por el reto que implica desalojar a un grupo pequeño de jóvenes, sino por el simbolismo que conlleva hacer uso de la fuerza pública en la universidad. Ante un escenario así, reaparecen los fantasmas del pasado, aquellos que de forma justificada han deslegitimado el uso de la fuerza por parte del gobierno. Alrededor de estos fantasmas se ha elaborado una narrativa que reprocha el uso de la fuerza pública en cualquier instancia y que, bajo el argumento de la represión, inhibe al gobierno de su uso. En este sentido, no es necesario remontarse mucho atrás para encontrar episodios que dan sustento a esta narrativa, por ejemplo las violaciones a derechos humanos (documentadas por la CNDH) del primero de diciembre del año pasado.
El reto que tienen frente a sí las autoridades al mando de la fuerza pública, consiste en modificar esta narrativa, cosa que comenzaron a hacer, así fuera de manera tentativa, en la remoción del bloqueo en la carretera de Acapulco. No es menor que ahora dichas autoridades cuenten con el respaldo de la legitimidad democrática para ejercer la fuerza (lo cual no ocurría con los gobiernos del siglo XX). Sin embargo, para que este cambio de paradigma se produzca, es necesario que se acompañe de hechos que lo sustenten, lo que significa impedir que el uso de la fuerza derive en excesos. La dificultad de lograr un uso estratégico de la fuerza se incrementa ante la aparición de más casos similares (como la reciente toma de la rectoría de la UAM), pues aumentan las posibilidades de cometer errores que deslegitimen su uso y refuercen la narrativa vigente. Quizá sea este el verdadero objetivo de los grupos violentos.
Con todo, quedan muchas interrogantes: ¿se trata de un conjunto de movilizaciones coordinadas o cada una es independiente? ¿existe un objetivo de desafiar la autoridad del gobierno o se trata de conflictos emergentes que se presentan de manera natural? ¿hay políticos prominentes involucrados y manipulando a los contingentes o se trata de ciudadanos enarbolando causas propias?
En el caso de la UNAM, una vez que la opción del diálogo fue descarta y desde que la denuncia fue realizada, los costos políticos de postergar la acción policiaca aumentan, pues el mensaje que se transmite es el de una autoridad titubeante. La importancia de mandar los mensajes adecuados, en relación con la capacidad del gobierno para obligar a respetar el Estado de Derecho, aumenta ante la inminencia del debate energético (la mayor apuesta del actual gobierno). Intentar una reforma de esta naturaleza tiene altas posibilidades de polarizar a la sociedad y favorecer la radicalización de ciertos sectores sociales. Al gobierno le conviene que desde ahora quede demostrada su eficacia para responder a situaciones de riesgo, de lo contrario solo contribuirá al sobrecalentamiento de una olla de presión. Para ello será crucial tener clara la naturaleza del fenómeno que enfrenta.
