La defenestración de Elba: una pieza central en el rompecabezas del gobierno de Peña

Tal vez no sea casualidad que, en cuatro días consecutivos, ocurrieron sendos eventos muy significativos en cuanto al proyecto de gobierno del presidente Peña: 1) el acuerdo de los liderazgos del PRI para proponer la modificación de sus documentos básicos y dar potencial luz verde a la eliminación de la tasa cero de IVA a alimentos y medicinas como parte de una posible reforma fiscal; 2) la reunión de elogios mutuos entre Enrique Peña Nieto y la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la cual los líderes de la central sindical pilar del régimen corporativista del “viejo” PRI, han refrendado sus votos ante el “nuevo” PRI; 3) la promulgación de la denominada reforma educativa, acompañada de un contundente discurso del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, arremetiendo contra quienes “izan las banderas de la confusión” respecto a los contenidos de las modificaciones al tercero constitucional; y, por supuesto, 4) el espectáculo (no montaje, por cierto) alrededor de la detención de Elba Esther Gordillo.

Con estos acontecimientos, la imagen de liderazgo de esta administración –no nada más del jefe del Ejecutivo—ha quedado fortalecida, tanto al exterior, como al seno del propio PRI. En los dos primeros casos, más vinculados con la vida interna priista, se le quita un pretexto toral a los legisladores –hablando del IVA—para sacar adelante un componente aparentemente central de la estrategia de recaudación que tiene el gobierno federal; por otra parte, se manda una señal de cierre de filas y se demuestra el músculo de las lealtades sindicales a favor del presidente. Respecto a la cuestión político-educativa (por llamarle de alguna manera), se erige un secretario del ramo con poder, legitimidad y, sobre todo, respaldo del inquilino de Los Pinos (cosa que Josefina Vázquez Mota habría agradecido en su momento), de cara a una lideresa cuyo mito de invulnerabilidad acabó siendo sólo eso, un mito.

Si no suceden ex abruptos en cuanto al proceso de integración de las investigaciones y comprobación de las acusaciones, como a los que acostumbró al país la gestión calderonista (Florence Cassez, el “Michoacanazo”, el caso Jorge Hank Rhón, por ejemplo), el gobierno federal –el cual, por cierto, está por cumplir sus primeros 100 días—habrá tenido su gran “acto fundacional”. Esto será no únicamente por la caída de Gordillo, sino por su efecto en la percepción de eficacia de la autoridad: un procurador cauto (a pesar de resbalones como el chiste de la maleta de cosméticos en la Torre B2) y seguro de ir en el camino correcto; un secretario de Educación con las riendas de su sector; una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda que hace su trabajo (al menos en esta oportunidad), con el consiguiente “rescate” (por qué no) de la reputación de un colaborador cercano en la figura de Alberto Bazbaz, hoy jefe de la UIF, antes protagonista del caso Paulette. Asimismo, y cada vez con más frecuencia, la administración priista quiere dejar muy claro que la “docena panista” fue un episodio de gobiernos ineficaces, temerosos y, hasta cierto punto, débiles.

Por último, volviendo un poco a la recurrente referencia al “Quinazo” –el episodio al inicio de la gestión del presidente Carlos Salinas donde se capturó al entonces líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, acusado por posesión ilegal de armas—, cabe recordar que el sucesor de “La Quina” fue, ni más ni menos, Carlos Romero Deschamps. Este personaje, hoy senador de la República con fuero, ha sido sujeto de múltiples cuestionamientos acerca de la opulenta forma de vida de él y su familia, en particular siendo un “sindicalizado” con un salario aproximado de 20 mil pesos al mes.

El “Gordillazo”, de concretarse, dejará acéfalo al SNTE. Llegue quien llegue, y aunque se construya una “relación armónica” con el gobierno del presidente Peña, quedará en cualquier caso la duda: ¿habrá sido sólo un cambio de nombre o prevalecerá la corrupción y los enriquecimientos evidentes pero, ahora, “bajo control”?

Lo que siga va a depender esencialmente de dos factores: a) la disposición del gobierno a construir sobre este éxito; y b) el objetivo que tenga concebido: se limitará a establecer su autoridad sobre la sociedad y los grupos más poderosos de ésta, o buscará construir una nueva estructura de poder.

Dado el hecho de que el presidente ya no controla todas las instancias de poder y que eso limita su posibilidad de encarcelar a alguien sin cuidar las formas (como ocurrió con el caso de La Quina), el futuro dependerá en buena medida de cómo se acomoden los diversos intereses y poderes fácticos. En cualquier caso, las legislaciones como la de amparo y la que viene sobre medios de comunicación prometen redefinir las relaciones entre el gobierno y algunos de los sectores más políticamente relevantes del país.

Claramente, la acción contra "la maestra" no fue producto de una ocurrencia.

Autonomía y rendición de cuentas: el caso del IFAI

El pasado 25 de febrero se llevó a cabo la comparecencia de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ante las Comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República. Ahí se volvieron a exhibir las diferencias entre algunos de los integrantes del Instituto –en realidad normales y saludables en un órgano colegiado–y, por otra parte, los legisladores plantearon diversos cuestionamientos sobre el ejercicio del presupuesto del IFAI y la actuación particular de ciertos comisionados.

Más allá de esas discusiones específicas, que generaron tensión y rispidez en la comparecencia –a tal grado que el senador presidente de la sesión, Pablo Escudero, dio por terminado el acto anticipadamente—, la comparecencia se dio (en teoría) en el contexto del análisis sobre la iniciativa de reformas impulsada en 2012 por el entonces presidente electo Peña Nieto, cuyo objetivo es, entre otras cosas, dotar de autonomía constitucional tanto al IFAI como a los órganos locales garantes de la transparencia y el derecho a la información, y fortalecer al primero como revisor de las decisiones de los segundos cuando éstas sean impugnadas o tengan especial relevancia nacional.

Una de las notas características de la transición democrática en México ha consistido en la paulatina salida de instituciones de la órbita del Ejecutivo Federal, que ahora cuentan con diversos grados de autonomía, lo cual ha roto con la lógica tradicional de la división de poderes. En este proceso han surgido órganos “de chile, de dulce y de manteca”, claramente sin una reflexión general sobre la orientación del diseño institucional integral del Estado mexicano. Así, por ejemplo, se ha dotado de autonomía constitucional al Banco de México, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, más recientemente, al Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

En el otro lado del espectro, las instituciones reguladoras de actividades económicas, tales como las Comisiones Federal de Telecomunicaciones, Reguladora de Energía, Federal de Competencia, entre otras, se han creado desde la década de 1990 bajo la rígida figura de los órganos desconcentrados, que si bien cuentan con autonomía técnica y operativa, están jerárquicamente subordinados a la secretaría a la que pertenecen. Desde su origen, el IFAI fue ubicado a medio camino, como un órgano con autonomía presupuestaria, operativa y de decisión, parte de la Administración Pública Federal pero no sectorizado a ninguna dependencia.

Ahora bien, ¿en qué radica realmente la autonomía de un órgano del Estado? Dado que la autonomía es un atributo relacional, ¿con respecto a qué o a quiénes resulta un valor político a ser cuidado para evitar una indeseable captura? ¿Qué instituciones ameritan contar con autonomía técnica, operativa, de gestión, de decisión o presupuestaria?

Hoy parece oportuno que el IFAI cuente con un mayor grado de autonomía para que sus decisiones obliguen al Estado mexicano en su conjunto, en aras de la transparencia en la gestión pública. Pero no se debe olvidar la otra cara de la moneda: los órganos autónomos no deben ser autárquicos sino que deben rendir cuentas estrictas. Como ocurre en otros sistemas constitucionales, es la sede de la representación popular –el Congreso-, la que parece llamada a ser el actor central en esta indispensable labor de control. Esto invita a plantear un esquema de controles institucionalizados y no a una “cortadera de cabezas” cada vez que un órgano autónomo resulte incómodo para determinados intereses particulares. Es decir, lo deseable sería procurar un diseño institucional que permita salvaguardar el delicado equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas.

Sin embargo, la tentación de un “libertinaje autonómico” queda latente. Además, este no es ayudado por el perfil de las personas que se han reclutado, típicamente académicos cuya preocupación es su prestigio, frente al servicio público que normalmente anima a los funcionarios de carrera. No es casualidad que haya menos conflictos de esta naturaleza en entidades como la Suprema Corte de Justicia.

Mancera: ¿Jefe de Gobierno ausente?

Los números electorales –y por tanto, la legitimidad—con los que Miguel Ángel Mancera accedió al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México serían envidiados por cualquier político en el mundo. Ante un escenario así, lo consecuente sería esperar un ejercicio de liderazgo político notable, pero no ha sido así. A casi tres meses del inicio de su administración, el desempeño de Mancera ha sido de bajo perfil, por no decir que para muchos ha pasado desapercibido.

Lo anterior se acentúa si contrastamos el grado de notoriedad de Mancera con el que tuvieron sus predecesores mientras se desempeñaron en el cargo. Tanto López Obrador como Ebrard fueron Jefes de Gobierno con una presencia permanente, la cual produjo a la ciudadanía la sensación de que estaban siempre al tanto de lo que ocurría. A la postre, ambos se sirvieron de la relevancia del cargo para posicionarse como aspirantes a la Presidencia de la República-- aunque uno la perdió en dos ocasiones y otro ni siquiera consiguió la candidatura de su partido.

Por su parte, Mancera ha optado por desempeñar un papel mucho más discreto. Cabe preguntarse sobre la idoneidad de esta decisión. La ciudad es una de las más grandes del mundo (con una cantidad infinita de asuntos pendientes) y es necesario que la ciudadanía perciba la presencia de un gobierno fuerte. Incluso más allá de su presencia mediática, lo notable es que Mancera no ha sido capaz de fijar una agenda clara para la ciudad. Su desempeño ha sido más reactivo que propositivo. Como ejemplo, el regreso del tema de la inseguridad al debate público de la capital. La ausencia de agenda política, ocasionó que algunos picos en los índices delictivos de enero (sumados al mal manejo del gobierno) pusieran en jaque la idea de que la Ciudad de México es ajena a los problemas de criminalidad del resto del país.

A la par, Mancera ha elegido cambiar la tónica en la relación entre el Gobierno del DF y el Ejecutivo Federal. El actual Jefe de Gobierno decidió iniciar su gestión con una reunión en privado, por más de cuatro horas, con Peña Nieto. Ahora la relación entre gobiernos parece mucho más inclinada a la colaboración que a la oposición. Esto también representa una diferencia con sus antecesores, quienes usaron la relevancia del cargo para representar un contrapeso para el gobierno federal en turno.

Este vuelco en la postura ha incidido mucho en la pérdida de notoriedad política del mandatario capitalino. Sobre esto, cabe apuntar como anécdota la declaración del ex regente, Óscar Espinosa, quien dijo sobre Mancera que “ha puesto a un lado las diferencias políticas con el fin de gobernar para todos”. ¿Será que la Jefatura de Gobierno estará adquiriendo tufos del Departamento del Distrito Federal? El tiempo dirá cuál de estos caminos resulta más efectivo para la administración capitalina.

Aunque todavía es muy pronto para evaluar su desempeño en términos generales, sus primeros meses ya han dado vistas de lo que se puede esperar. El bajo perfil y el giro en la relación con el Ejecutivo Federal son diferencias radicales con sus predecesores pero no implican que el suyo será un mal gobierno. Tiene aún la oportunidad de plantear su agenda legislativa en la asamblea local; ahí, aunque el partido que lo postuló –en el cual no milita—tiene mayoría, la fragmentación interna hace que el eventual impulso a los proyectos manceristas no necesariamente se den en automático. Por si fuera poco, Mancera tiene la difícil labor de mantener altos los índices de aprobación del PRD en el DF, ya que, a pesar de que su rival tradicional, el PAN, está muy debilitado, un adversario más hábil está al acecho.

Todo esto sugiere que las elecciones federales intermedias (2015) bien podrían cobrar una inusitada importancia para los tres partidos, cada uno por sus propias razones.