Aguascalientes, Ags.- Antes de que el presidente Peña Nieto diera a conocer los principales lineamientos de su Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia -lo cual ocurrió hasta el 12 de febrero, en Aguascalientes-, el Senado de Estados Unidos, con base en los antecedentes propalados por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por el Comisionado de Seguridad, Roberto Campa Cifrián, ya había encargado un reporte elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRC).

En éste se señalaron los “potenciales conflictos” que podrían surgir en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, a raíz de los presuntos cambios que instrumentaría la nueva administración en su lucha contra el narcotráfico. O no los entendieron o los descalificaron.

Como una supuesta conclusión, expresaron la duda de que los nuevos cuerpos policíacos -específicamente la proyectada Gendarmería Nacional- pudieran cumplir con las características para seguir siendo beneficiarios de los fondos para ayuda, -por cierto, muy pequeños-, que Estados Unidos otorga a México en el marco de la Iniciativa Mérida.

El congreso norteamericano metió ruido en los medios porque, independientemente del pobre significado del monto de esos recursos, la importancia de la vigencia de la Iniciativa Mérida consiste en la evidencia de una buena relación, armónica y constructiva entre los dos países, para combatir a la delincuencia organizada.

Mediante una tarjeta enviada al Diario 24 Horas, en México, el senador Patrick Leahy dijo que quiere saber cuál sería la mejor manera de apoyar a México, pero según él hasta que se tenga más información disponible algunos fondos de la Iniciativa Mérida permanecerán guardados…

El ejército mexicano sigue siendo un apoyo insustituible en la lucha contra el crimen organizado, aun cuando se estén instrumentando cambios sustantivos en las modalidades para su intervención.

El presidente Peña Nieto ha declarado que en forma subsidiaria el Ejército seguirá actuando para contener a las bandas que tienen una capacidad de fuego muy superior al de las policías actuales. Mientras, los cuerpos policíacos se mejorarán mediante una nueva estructura, para darles capacitación y coordinarlos a nivel nacional.

La inseguridad se ha convertido en un cáncer que sigue provocando estragos en la economía del país. Según declaró el exdirigente empresarial del sector turístico y naviero, Carlos Gerard Guzmán: por muchos años fuimos el número uno, como país, en la recepción de cruceros, mientras ahora somos el cuarto o quinto y seguimos descendiendo.

Sin duda, algunos de los principales problemas que se presentaron fueron de inseguridad en Mazatlán y en Puerto Vallarta, en donde la disminución de la llegada de cruceros ha sido impresionante.

En varias ocasiones hemos comentado que resulta básico para combatir eficazmente a la delincuencia que se tenga el control de los reclusorios y cárceles. Por ello resulta poco explicable que no se haya aprobado, en el Congreso, la reforma legislativa para operar adecuadamente los 8 módulos de “supermáxima” seguridad, que se construyeron al final del sexenio pasado, y cuyo funcionamiento implica la segregación total de algunos reos peligrosos por tiempo definido -de seis a ocho meses como máximo-.

Esa situación excepcional de restricción de algunos derechos de los presos debe estar prevista en la reglamentación correspondiente, a semejanza de lo estipulado para penales de estas características que funcionan en otros países.

Si el comportamiento de los convictos es considerado adecuado se les van suavizando las restricciones permitiéndoles visitas virtuales, mayor número de visitas conyugales y, eventualmente, una comunicación más frecuente con sus familiares, ya que de ordinario sólo pueden comunicarse con sus abogados.

El ambiente internacional se sigue complicando por la acción concertada de las mafias. Para México resulta una amenaza adicional el control de algunos cárteles mexicanos como el de Sinaloa y los Zetas, que se han instalado en Sudamérica y el Caribe.

Esos grupos delictivos están poniendo en serio peligro la gobernabilidad del Salvador, Guatemala, Belice, Honduras y Venezuela, y nos complican porque utilizan a México para el trasiego de la droga a través de Yucatán y Quintana Roo.