"Cruzada contra el Hambre": ¿a la conquista de los pobres?

El 22 de enero de 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la “Cruzada contra el Hambre.” El esfuerzo lanzado por el Ejecutivo federal, según el mismo decreto, buscará sacar a millones de mexicanos de la pobreza extrema y alimentaria. A manera de puntualización formal, las personas en situación de hambre son quienes no tuvieron una alimentación variada, comieron menos de lo necesario, se les disminuyeron las cantidades servidas de comida, hicieron una comida o dejaron de comer durante todo el día en un lapso de tiempo determinado. Aunque no queda claro si se atenderá prioritariamente algún nivel particular de carencia alimentaria (severa, moderada o leve), es claro que el campo de batalla de esta guerra serán los 400 municipios más pobres del país.

Para colocarla en su justa medida, se debe decir que la “Cruzada contra el Hambre” no se basa en ningún nuevo principio de política social, ni una nueva idea de cómo resolver el fenómeno de la pobreza (no se precisa nada concreto pero, presumiblemente, se utilizará la misma batería de programas para combatir los mismos problemas). En retrospectiva, la administración Calderón tuvo su propia “cruzada” en los 125 municipios más pobres en la denominada Estrategia 100x100. En su ocasión, se decidió establecer una Estrategia Integral para el Desarrollo Social Económico (sin duda, un nombre menos épico), con el fin de otorgar a todos los habitantes de esas localidades un sistema integral de servicios básicos para una mejor calidad de vida. Ello implicaba desde el mejoramiento de la calidad de los materiales de su vivienda, hasta la implementación de proyectos productivos en las comunidades atendidas. Hoy, el presidente Peña Nieto trae lo mismo a la mesa con un nombre distinto, pero sobre todo con un objetivo claramente diferente.

A pesar de las semejanzas de apariencia, no todo es igual. La creación de comités comunitarios trae un nuevo actor al escenario. Integrados por beneficiarios de los programas sociales para operar “en tierra” y cumplir con el objetivo de promover la participación comunitaria a fin de erradicar el hambre, estos comités serán un actor interesante en el cuento de la lucha contra la pobreza. En la actualidad, los programas de combate a la pobreza –como Oportunidades—, se basan en el supuesto de que los individuos, y no la comunidad, son el actor clave para terminar con la marginación. Entonces, ¿cuál es la conexión causal en la creación de comités comunitarios para programas que funcionaban desde una perspectiva individualista? Tal vez sea una fórmula enfocada en penetrar poblaciones donde los regímenes comunales prevalecen y suelen obstaculizar políticas que no están diseñadas bajo ese concepto de organización. Parece claro que, como el programa salinista "Solidaridad", el objetivo es construir capacidad de organización política, factor no muy distante al mundo electoral.

Respecto a la malograda –pero muy socorrida—figura poética de investir una serie de estrategias políticas bajo el nombre de “cruzadas”, éstas fueron, más allá del estereotipo novelesco y cinematográfico, luchas que, bajo la égida de principios sagrados, sirvieron para beneficiar a amigos y destrozar a enemigos tanto religiosos como políticos. Del mismo modo, estas campañas fueron una herramienta para la expansión del poder de la nobleza feudal y la legitimación político-religiosa de los gobernantes que las convocaban. En la actual “Cruzada contra el Hambre”, no quedan claras muchas cosas, como cuál será la función, propósito y responsabilidades de los comités comunitarios, o de qué manera se piensan atacar los incentivos para la corrupción en el manejo de los recursos. Sin embargo, dados los antecedentes de la política social en México, la ciudadanía será la encargada de asegurarse que esta “desinteresada cruzada” no tenga ninguna característica que asemeje a aquellas luchas medievales que, bajo principios casi incuestionables, sirvieron para la consolidación de la hegemonía de grupos políticos en el poder. Nunca es muy tarde para revisitar el pasado y eso es igualmente válido para entender el proyecto como para actuar respecto a él, desde cualquier lado de la barrera.

IFAI: de la “caja de cristal” a la “bandeja de plata”

El 18 de enero de 2013, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) eligió –en sesión a puerta cerrada (algo curioso si se considera que el IFAI tiene como principio rector la transparencia) — a quien será su próximo presidente: Gerardo Laveaga Rendón. Después de que trascendió cómo los cinco comisionados requirieron varias rondas de votación para decidir quién sustituiría a Jacqueline Peschard al frente del instituto, se dejó entrever la falta de consenso tras varias semanas de jaloneos previos al seno del organismo. Ahora bien, en una institución colegiada como el IFAI, ese tipo de discrepancias no son criticables, siempre y cuando no obstaculicen sus funciones o, peor aún, dañen su prestigio y credibilidad. Por tanto, la transición no debió haber encarado mayores conflictos, pero no fue así. El bochornoso incidente acaecido durante la ceremonia de toma de protesta de Laveaga como comisionado presidente, llevada a cabo el 21 de enero pasado, debiera ser analizado no tanto a partir de la perspectiva del escándalo, sino de cómo podría estarse sentando un escenario que “justifique” la imperiosidad de modificar la estructura actual del IFAI.

Desde la etapa de transición de gobierno, el equipo de Enrique Peña Nieto presentó, a través de las bancadas senatoriales del PRI y el PVEM, una iniciativa encaminada a redefinir el funcionamiento del régimen federal de transparencia y rendición de cuentas. Como se recordará, la propuesta incluía darle autonomía constitucional al instituto, aunque también se incrementaría la membresía de ese órgano colegiado de 5 a 7 personas (las dos adicionales ya serían designadas por Peña como presidente). Asimismo, en el corto plazo, el IFAI de por sí tendrá una vacante en 2014 cuando la comisionada Peschard culmine su gestión. Cuando se dio a conocer el contenido de esta propuesta, no faltó quien especuló respecto al significado de la ampliación del pleno como una manera de “equilibrar” su composición. Cabe señalar que todos los comisionados fueron postulados durante la administración Calderón, si bien no todos fueron (o son) precisamente cercanos al ex mandatario. Sin embargo, ante los acontecimientos recientes, la tentación de eliminar el artículo tercero transitorio de la iniciativa referida, el cual establece que los comisionados hoy en funciones permanecerán en su oficio hasta la conclusión de su mandato, puede adquirir fuerza.

Las descalificaciones personales que hizo uno de los comisionados contra el presidente del pleno, así como los severos cuestionamientos contra las dos comisionadas que inclinaron la balanza a favor de Laveaga en la elección, al acusarlas de no actuar bajo “la ética de la responsabilidad”, además de haberse realizado en un contexto inapropiado –es importante no confundir transparencia con indiscreción—, no aportaron nada bueno al entorno del IFAI. Más allá de que la participación del comisionado Ángel Trinidad fue desafortunada en muchos aspectos, sus dichos han dejado suficiente madera a fin de que alguien, si así fuera su intención, avivara un incendio de consecuencias graves para el sentido y utilidad del instituto. Por lo pronto, Laveaga tendrá sobre sí el reto de fungir como comisionado presidente con profesionalismo, conocimiento, eficiencia y carácter. En este tenor, la conducta y desempeño de todos los comisionados integrantes de la “caja de cristal”, igualmente estarán bajo un mayor escrutinio en los próximos meses. También es cierto que, aunado a las reformas constitucionales todavía en proceso, el marco normativo de la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, la protección de los datos personales necesita afinarse (por ejemplo, integrando como sujetos obligados a los partidos políticos). Si los distintos actores involucrados no muestran un compromiso real con estos temas propios de las democracias modernas, se estarían dejando “en bandeja de plata” para ser devorados por la irrelevancia.

Más allá del propio IFAI, los hechos evidenciados en esta entidad deberían obligar a repensar el esquema de autonomía que prometió el hoy presidente Peña. Autonomía implica responsabilidad e institucionalidad, elementos que han estado muy lejos de ser la norma en las diversas entidades de regulación que, como el IFAI, han asumido tareas centrales para el funcionamiento de la economía y del sistema político y electoral. La noción de conferir autonomía sin sólidas y confiables anclas institucionales podría acabar convirtiendo a estas entidades en cajas de Pandora.

Consultas ciudadanas: ¿democracia participativa o justificación de la autoridad?

El pasado domingo 20 de enero, se realizó una consulta ciudadana en el perímetro sur-poniente de la delegación Cuauhtémoc para conocer la opinión de los vecinos respecto a la instalación de parquímetros en la zona. Sin ahondar en la polémica materia de la consulta (cobrar por el uso de un espacio público), es necesario traer al análisis la eficiencia de este mecanismo de participación civil. Al igual que el referéndum y el plebiscito, la consulta es regulada por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal pero, a diferencia de las primeras, los resultados de la consulta no son vinculatorios para la autoridad. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿es útil realizar dicho ejercicio si al final la autoridad tiene la opción de decidir con independencia del veredicto ciudadano?

Es importante apuntar que la aspiración democrática no se restringe al intermitente ejercicio del voto en la elección de representantes, sino que implica la existencia de una sociedad participativa que cuente con los canales idóneos para influir en las decisiones públicas. En países como México, estos mecanismos pueden servir como válvulas de escape en contextos de crisis de representación política, pues brindan a los ciudadanos la oportunidad de decidir sin intermediarios. La pretensión básica de dichos ejercicios es aportar legitimidad a una decisión política para así generar una base social que facilite su implementación. Sin embargo, toda consulta implica la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie en contra (lo que pondría en jaque la ejecución de una política pública sin importar su conveniencia) o que se conduzca con apatía hacia el ejercicio.

El éxito de una consulta requiere de una estrategia de comunicación eficaz que permita informar las ventajas de determinada medida y logre crear interés para incentivar la participación civil. La baja participación produce dudas hacia la representatividad de los resultados y, por ende, merma la legitimidad de la opción vencedora. En el caso de los parquímetros, sólo el 14% de los residentes de la zona acudió a emitir su voto. ¿Cuánto de la baja asistencia se debió al desinterés producido por conocer la falta de obligatoriedad de los resultados? (para qué participar si la decisión ya está tomada). Si el único objetivo es conocer el sentir de la sociedad, por qué no sustituirla por una encuesta y de paso ahorrarse el despliegue de casillas y funcionarios. La otra opción es realizar ajustes a la ley para que los resultados sean vinculatorios. Esto último, también implica la existencia de reglas claras que impidan cuestionamientos a la imparcialidad del ejercicio. Con esto en mente, se podría facultar al Instituto Electoral del D.F. para que organice los comicios y garantice certeza en los resultados, no sólo a que preste materiales y mamparas como sucedió en este caso.

En México, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran en ciernes, lo que genera un área de oportunidad para mejorar su diseño y evitar que su uso se trivialice. Ahora bien, entender sus límites en los asuntos de gobierno es el primer paso para hacer un buen uso de estos mecanismos. La experiencia (y el sentido común) indica que no todos los temas debieran ser sometidos a votación ciudadana (por ejemplo, casi nadie votaría a favor de más impuestos). Ciertamente, usados con prudencia, dichos mecanismos pueden contribuir de forma positiva a empoderar a la ciudadanía y generar un sano contrapeso a las decisiones gubernamentales. No obstante, a la fecha, los ejercicios de participación ciudadana han fungido como herramientas de manipulación política o, peor aún, como una forma de deslindarse del pago de costos electorales ante la toma de decisiones controversiales. Al final de cuentas, gobernar es decidir.