2013 y la promesa de las reformas

En su mensaje a la nación del pasado lunes 7 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que 2013 será el año de las reformas. En efecto, en un tiempo donde –hasta el momento- todo parece salirle bien (o, al menos, la mayoría de los medios masivos no han tocado la figura presidencial ni con el pétalo de un argumento), el mandatario entrante tiene en sus manos la capacidad de empujar reformas que impacten el desarrollo económico e institucional en el país. Sin embargo, ¿qué tantas probabilidades tendrá Peña de sacar adelante cambios estructurales en su primer año completo de gobierno?

Por lo pronto, el 9 de enero se presentó un programa de calendarización de metas sobre los 95 puntos del Pacto por México. Con esto, dicho acuerdo no sólo se erige como la guía de las acciones a seguir por parte del gobierno federal, sino que pretende darle rumbo a los tiempos del Congreso y, muy importante, convertirse en la primera ventanilla de negociaciones entre los partidos. La instalación del Consejo Rector del Pacto, el cual encabezará el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, abre la posibilidad de que actores relevantes de las tres principales fuerzas políticas del país se sienten a la mesa con el propósito de analizar cada una de las iniciativas planteadas. Personajes con caracteres e intereses tan disímbolos como Pablo Gómez (PRD) y Santiago Creel (PAN) –quienes ya coincidieron como senadores en las pasadas dos legislaturas—, estarían con la intención de dialogar y reducir, en la medida de lo posible, los obstáculos para eventuales reformas.

Ahora bien, las diferencias con el PAN y el PRD no serán los únicos escollos a superar para el gobierno federal entrante. Una vez recuperados Los Pinos, aunado al debilitamiento de la oposición con sus pugnas internas, el PRI ya cuenta con mayores márgenes de maniobra para ordenar su propia casa. Así, los grupos de poder al interior del partido del presidente podrían ir cobrando sus respectivas facturas. Los temas energético y fiscal no únicamente son delicados por todo lo que conllevan, sino también por los disensos que podrían generar entre los líderes priistas. La apertura a PEMEX encarará resquicios del nacionalismo rancio imperante tanto en los sectores más radicales de la izquierda, como entre las facciones más duras del PRI. En cuanto a lo fiscal, mientras gobernadores y presidentes municipales (no sólo los priistas, por cierto), presionarán como siempre para tener mayores recursos con las menores responsabilidades y rendición de cuentas posible, el Ejecutivo federal deberá diseñar una política fiscal que haga más eficiente la recaudación, amplié la base tributaria y genere recursos suficientes, probablemente aumentando ciertos impuestos. Por supuesto el gran reto para Enrique Peña y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será repartir los costos políticos entre todos los actores, tanto al interior del PRI, como en la oposición.

De no impulsar reformas que impliquen una mayor eficiencia fiscal, mayor competencia en el mercado de los energéticos (gas natural, gas licuado, petroquímica, extracción de petróleo), y un uso de inversión productiva de los montos de ahorro inscritos dentro del sistema de seguridad social, los cambios por venir serán marginales. Asimismo, México debe mandar señales claras de que dichas reformas en verdad tienen potencial para prosperar. Si bien el director de la OCDE, José Ángel Gurría, ha declarado que el Pacto por México ofrece un entorno político favorable a las reformas sin precedente en la historia reciente del país, la atracción de mayores inversiones, las cuales serán un motor fundamental para sobrepasar los mediocres niveles de crecimiento de los últimos años, dependerá de que dicho mensaje no sólo sea convincente, sino también real. La oportunidad ahí está.

PAN: ¿depuración?; ¿desbandada?; ¿ambas?

Como parte de las decisiones que tomó el PAN tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2012, dicho partido realizó lo que llamó “Proceso de Actualización, Refrendo y Depuración del Padrón de Adherentes y Miembros Activos”. Hasta un primer corte dado a conocer hace unos días, el padrón de adherentes –miembros con derechos restringidos y compromisos más que obligaciones—se redujo de manera dramática (89%). Sin embargo, es importante trascender los números para entender y poder evaluar el significado de lo que acontece en ese partido. Aunque el total de miembros –entre aquellos de pleno derecho (activos) y adherentes— disminuyó de casi dos millones a menos de medio millón, un indicador más real de cuál era la militancia participativa son los panistas que votaron en la elección interna para definir a su candidata a la presidencia de la República; ese número es bastante más cercano al que arrojó el proceso de refrendo. El PAN, como partido de cuadros, no de masas, tiene una cantidad relativamente baja de miembros de pleno derecho. En los últimos años, sobre todo en el contexto de las contiendas internas, muchos ciudadanos se adhirieron más como parte de estrategias e intereses electorales de corto plazo, y no por un compromiso con los ideales y el programa político-doctrinario del partido. En consecuencia, el hecho de que el PAN retorne a un número cercano a medio millón de miembros activos no hace sino restablecer el piso que caracterizó al mismo por décadas –cuando aún no era una opción fehaciente de acceso al poder. En este sentido, aunque en apariencia la significativa reducción del padrón panista podría resultar escandalosa, la realidad es que el partido retornó a lo que siempre fue.

Durante sus 12 años en el gobierno federal, el PAN se convirtió, entre otras cosas, en una opción laboral más que en una oportunidad de militancia partidista sustentada en doctrina, estatutos o valores. No obstante, en tiempos de la presidencia de Vicente Fox se vieron pocos esfuerzos institucionales por incrementar el padrón oficial panista. Esto habría de cambiar en el sexenio de Felipe Calderón, una persona mucho más comprometida con la vida y el prestigio del partido que su antecesor. A pesar de que nunca fue requisito afiliarse al PAN para ocupar algún cargo público, las dirigencias nacionales afines al calderonismo, en particular la encabezada en su momento por César Nava, emprendieron campañas formales e informales con el propósito de “facilitar” la incorporación de miembros adherentes. En palabras del propio Gustavo Madero, la gestión de Nava habría inflado artificialmente el padrón –si bien hay que recalcar que muchas de las afiliaciones, en especial las registradas en la campaña “Entra en @cción” de 2009, fueron anuladas posteriormente por no haber cumplido con la reglamentación establecida. El punto es que los dirigentes panistas en el calderonismo relajaron los otrora estrictos mecanismos de afiliación, y dieron lugar a que accedieran al partido miles de personas con poca o nula idea del verdadero significado del PAN como proyecto político, doctrinario y social. Al perder posiciones, no sólo a nivel federal, sino también en estados y municipios, Acción Nacional dejó de ser atractivo para el grueso de sus “neoafiliados”. En este sentido, parece no ser casual que las entidades con los niveles menos bajos de refrendo, sean aquellos donde o gobierna el PAN (Sonora, Guanajuato, Baja California y Puebla), o el partido ha ido ganándole terreno al PRI por las circunstancias locales (Nuevo León).

De cara a su XVII Asamblea Nacional Extraordinaria del próximo 16 de marzo, el PAN sí puede decir que cuenta con un padrón depurado y que quienes están tienen un compromiso mayor con el partido (idealmente). Si se es optimista, Acción Nacional tendrá una base sólida para reconstruirse, aunque ésta sea reducida. Sin embargo, el mayor reto para ese partido no es preocuparse por el número de sus militantes, sino volver a honrar uno de los preceptos de su fundador Manuel Gómez Morín, quien alguna vez señaló: “…la ‘primera y radical victoria’ del [PAN] sería ‘la rehabilitación moral de la política’”. Tras su paso por el gobierno, poco queda de esa frase.

La sed de recursos del Distrito Federal

Cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el paquete económico 2013 para la entidad a finales de diciembre, de inmediato se levantaron las voces en contra de las alzas proyectadas en el pago de contribuciones, multas y derechos. Sin duda, aquellas medidas que mayor molestia causaron a los capitalinos se refieren al predial y la tenencia. De hecho, mientras que para el primero habrá algunas oportunidades para recibir descuentos (de ahí las kilométricas filas que se han observado estos primeros días de enero en las oficinas de la Tesorería local), el segundo sufrirá una reducción importante en la cobertura de sus subsidios al bajar el rango de precio de las unidades que no serán susceptibles a recibirlo (hasta 250 mil pesos a valor comercial, no a valor factura). De la misma manera, una diversa batería de trámites y servicios subirán sus costos, destacando la emisión de licencias de manejo, algunas multas para automovilistas, y los servicios de agua. Si bien el gobierno de la ciudad ha encarado las críticas diciendo que los incrementos responden principalmente a ajustes por la inflación, la realidad le impone al D.F. la necesidad de agenciarse más recursos a fin de poder solventar su subsistencia.

Sin duda, el D.F. requiere recaudar más y mejor. En los últimos años, la capital ha sido perjudicada por varias políticas fiscales a nivel federal, así como decisiones de corte populista a nivel local, como fue la eliminación de la tenencia vehicular, y las reformas hacendarias de 2008. Estas últimas llevaron a la ciudad a recibir menos recursos de la Federación, debido al cambio en el criterio de las fórmulas de asignación presupuestaria, el cual toma en cuenta la cifra de población residente en cada entidad y no las personas económicamente activas en las mismas. Al abrirse nuevas ofertas de vivienda en los estados circunvecinos al D.F., un menor porcentaje de la población que trabaja en la capital –y utiliza sus servicios públicos—vive en ella. Así, la ciudad proporciona infraestructura, transporte, agua y demás satisfactores a una creciente población flotante (alrededor de 5 millones de personas) que no es considerada en la mencionada ecuación para las participaciones federales. Tan sólo entre 2008 y 2012, la capital tuvo una merma de 10 mil millones de pesos por ese concepto. En cuanto a la tenencia, el D.F. ha dejado de recibir 6 mil millones de pesos anuales.

Ciertamente, el presupuesto del D.F. sólo aumentó 4% respecto a 2012 (de 138 mil millones de pesos a 144 mil millones), pero sus necesidades se incrementan a un mayor ritmo año con año. Aumentar impuestos nunca va a ser una medida popular. Sin embargo, sorprende y preocupa que, habiendo ganado Mancera con el margen de votos con el que llegó a la Jefatura de Gobierno, no haya tomado la decisión de salir a comunicar, de forma clara y sin rodeos, las razones por las cuales la ciudad requiere un régimen fiscal apto para recaudar recursos suficientes a fin de ofrecer los servicios de calidad propios de una urbe moderna como la capital de la República. Hasta ahora lo que hemos visto han sido semanas de confusión y falta de liderazgo en el tema. Por último, cabe destacar que el asunto de los impuestos no ha sido el único ejemplo de estas carencias en los primeros días de la nueva administración capitalina. Despropósitos –ahora huérfanos de autores—como la fallida iniciativa de gravar el alumbrado público, hasta historias de locura como la consignación de presuntos canes asesinos han marcado el arranque de la gestión mancerista. ¿Será meramente un periodo de ajuste?