Aguascalientes, Ags.- En el imaginario colectivo de los ciudadanos reside, con carta de naturalización y en muchísimos casos por razones justas, la idea de que los corruptos están siempre por el lado de políticos y gobernantes. Pero suelen detenerse poco en sus propias conductas ilegales —no pagar impuestos, dar sobornos, robar energía eléctrica, violar leyes y reglamentos, invadir el espacio público, entre otras formas— o en las de otros agentes económicos como las empresas. Y aquí hay algo que explicar. Veamos.

Por diversas encuestas (como las de KPMG) es ya sabido que el fraude corporativo, es decir, el cometido dentro de la empresa por ejecutivos y empleados, viene al alza, aunque se indaga poco porque en México sólo el 2% de las empresas defraudadas revisa o corrige sus mecanismos de control interno y porque el nivel de denuncia es todavía bajo, pues sólo 43% de las empresas denuncia el ilícito.

Pero cuando se exploran a detalle las modalidades de corrupción dentro de las empresas, los hallazgos son fascinantes. Hace tiempo, una organización privada (www.lideresciudadanos.org.mx) realizó una investigación en Nuevo León para entender los niveles racionales, emocionales y conductuales que existen en las empresas acerca de la cultura de la legalidad y examinar la congruencia entre discurso y acciones. Los resultados reflejaron bien las paradojas o contradicciones que a nivel individual exhiben los mexicanos, cuando verbalizan el problema de la corrupción y cuando la cometen.

A nivel racional, los empleados y dueños de negocios entienden que el respeto a las leyes y la actuación ética son el marco de la legalidad. Pero en la práctica las conductas cotidianas estimulan la permisividad para transgredirlas. La ilegalidad parece tan normal que la mayoría encuentra una justificación para ejercerla, lo mismo cuando evaden impuestos y regulaciones que cuando favorecen indebidamente a proveedores, violentan procesos de promoción de personal, igualdad de oportunidades y equidad de género, o bien incurren en nepotismo y asignan sueldos desproporcionados a quienes están mejor relacionados.

En el caso de los clientes, ese estudio detectó una marcada tendencia al engaño al dar menos en peso, talla o presentaciones, de lo que se cobra, o hacer cambios en ingredientes o insumos mediante los cuales eventualmente se reemplaza alguno de éstos por ahorrar o favorecer a algún proveedor.

Lo peor es que los empresarios, ejecutivos o empleados argumentan que no participar del mecanismo corrupto/corruptor, supone no seguir las reglas del juego imperante y, en consecuencia, los invalida o genera desventajas para competir exitosamente en los negocios: “es cultural, todos lo hacen”.

En México, por lo visto, no es la ley —buena, mala o peor— la referencia suprema a la cual atenerse. Es un bien sujeto a interpretación, negociación o transacción que se viola o cumple dependiendo de circunstancias externas, políticas, económicas o mediáticas, y no porque el ethos colectivo asuma que cumplir la ley es parte del orden natural de las cosas en un país civilizado.