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Otto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México
Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.
Cargos ocupados
en el Sector Público
- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile
Aguascalientes, Ags.-Un mes después de la elección y es extravagante el nivel de confusión que ha alcanzado la conversación pública, si es que así puede llamarse, acerca de las prioridades del país para los próximos años.
Partamos de lo siguiente: ni la de AMLO es la rebelión nacional que se prefiguró hace seis años, ni el movimiento 132 existirá en unos meses, ni habrá primavera mexicana, ni hay una crisis constitucional, ni la democracia electoral estuvo en riesgo, ni hay una movilización nacional en contra del ganador de los comicios presidenciales. Lo que hay, ciertamente, son los jadeos previsibles de actores políticos y sociales todavía poco acostumbrados a vivir dentro de un orden natural donde los resultados electorales benefician a uno y derrotan a los demás. Así funciona.
Pero el problema, ese sí más grave, de esta estación postelectoral, es que, con la brújula perdida, no ha iniciado una discusión intensa, razonablemente lúcida e informada, sobre tres aspectos esenciales para el país: la definición de un programa básico, la integración del equipo y las condiciones de una gobernabilidad efectiva entre el ejecutivo y el legislativo.
Lo primero es crucial: la administración de Enrique Peña tendrá que empezar pronto a formular sus ideas principales en torno a los dos objetivos mayores: impulsar un crecimiento económico alto y sostenido y neutralizar el problema de la inseguridad y la violencia. Por tanto, esto exigirá una batería de reformas y de decisiones de política pública no para sacar el conejo de la chistera, porque hoy abunda la información sobre ambos temas, sino para poner en blanco y negro qué se va a hacer para alcanzar tales objetivos, en qué plazos y a qué costos. Este inicio de sexenio no tendrá luna de miel, como no la hubo en 1988, 1994 o 2006, sino más bien arrancará en medio de una atmósfera muy densa, y con los resabios del actual encono, de presión pública por ver cuál es su capacidad política, intelectual y técnica y cuáles los resultados que ofrecerá.
El segundo acertijo es con quién va a gobernar el futuro presidente. Por ahora se ve muy difícil inventar una nueva cohorte de funcionarios sencillamente porque entre las personas probadamente competentes y talentosas (y disponibles e interesadas en ingresar al gobierno) las hay de muy diversas edades, biografías y perfiles, y más vale empezar a hacerse a la idea de que habrá un entreveramiento; Zedillo y Salinas eran menores que Peña cuando iniciaron, de modo que, estrictamente, será difícil hablar de una generación nueva.
Y, finalmente, no se requiere mucho seso o imaginación para ponerle números al gobierno sin mayoría, basta con sumar los datos oficiales, sino diseñar una estrategia eficaz de negociación con el congreso; es decir, con quién, cómo y a cambio de qué tejer una alianza, formal o de hecho, con las bancadas legislativas que ayuden al presidente a ensamblar mayorías.
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