Aguascalientes, Ags.
2012-03-16

Cassez: el debido proceso primero

El proyecto de sentencia presentado por el Ministro Arturo Zaldívar la semana pasada, en el que se propone la liberación inmediata de Florence Cassez -acusada de secuestro y delincuencia organizada- se discutirá el 21 de marzo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Zaldívar, con sólo dos años como Ministro, ya ha logrado colocar a la Corte como un verdadero contrapeso ante las actuaciones del Poder Ejecutivo. Primero, responsabilizado a funcionarios del IMSS con el caso “Guardería ABC” y, ahora, evidenciando las violaciones al debido proceso cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la detención de Cassez. Este caso, polémico en cualquier circunstancia, resulta particularmente controversial en un sexenio que ha hecho la lucha contra el crimen organizado su bandera. A pesar de que la discusión se ha enfocado en la culpabilidad de la francesa, el proyecto de sentencia poco o nada tiene que ver con probar la inocencia de Cassez y, en cambio, se centra en una cuestión trascendental para una democracia: las consecuencias de violar el debido proceso penal.

Uno de los tres principales argumentos que sostiene Zaldívar en su proyecto es que el Estado mexicano no ofreció asistencia consular a la detenida. Y aunque esa violación, en sí misma, no da pie a su liberación, resulta necesario poner en perspectiva que México lleva más de una década pugnando para que los derechos consulares de los mexicanos sujetos a un proceso penal en E.E.U.U. sean respetados. Incluso, en 2003, llevo el caso de más de cincuenta mexicanos sentenciados a muerte en Texas a la Corte Internacional de Justicia. Más aún, llevó el caso de José Ernesto Medellín Rojas -sentenciado por los delitos de homicidio, secuestro y violación de dos menores estadounidenses- a la Suprema Corte de aquel país. Lo que los casos de Medellín y Cassez tienen en común es que su culpabilidad o inocencia es irrelevante. Cuando un proceso penal es viciado sucede que el detenido deja de tener recursos efectivos a su alcance para combatir un cargo en su contra y el juzgador pierde la posibilidad de evaluar las circunstancias del delito. Conocer qué pruebas o declaraciones no fueron contaminadas por una violación al proceso es casi tan difícil como verter litros de plomo en un río y después intentar beber las gotas limpias. Por eso la sentencia pierde valor y el proceso debe reponerse.

Más allá de la notificación consular, lo que pone sobre la mesa el Ministro Zaldívar es la complicidad entre la Procuraduría General de la República y los medios de comunicación. El hecho de que la detención de Cassez se haya recreado con el fin de transmitirse en los medios como una captura en flagrancia, y que esa misma escenificación haya quedado asentada como real en los expedientes, invita a ensayar la posibilidad de que el Estado utilice estos mecanismos de manera sistemática para legitimar la captura de presuntos narcotraficantes, secuestradores u homicidas que le han sido presentados, en tiempo real y televisión abierta, a la ciudadanía en los últimos años. El proyecto es claro: Florence Cassez fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades. Sin embargo, hay quienes no ven el asunto desde la misma perspectiva y, como la candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, han expuesto su inconformidad con el proyecto y cuestionado dónde quedan las víctimas en todo este embrollo. En el fondo, esa es la pregunta relevante: si las instituciones tendrán o no tendrán la capacidad de hacer justicia una vez que la Corte eleve los estándares de calidad.

Presidenciales: el deseado segundo lugar

Tal como sucedió en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 -elecciones bipartidistas donde gran cantidad de ciudadanos dejaron de lado su primera preferencia a favor de un candidato más competitivo- a sólo tres meses del día de la elección lo fundamental será determinar quién ocupará una sólida y competitiva condición de segundo lugar frente a Enrique Peña Nieto.

Aún cuando Josefina Vázquez Mota ha tenido éxito en posicionarse mediáticamente como la única candidata con expectativas reales de triunfo frente a Peña Nieto, los acontecimientos de la última semana han sido, sin duda, una mala noticia para su posicionamiento. Por un lado, la última encuesta de Consulta Mitofsky coloca a Vázquez Mota sólo 6 puntos arriba de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tomando en cuenta el error estadístico la diferencia entre los dos, en el extremo, podría ser de menos del 1.5%. Por otro lado, el fracaso del mitin de la candidata panista en el Estadio Azul pone en duda la percepción tanto de su segundo lugar como de la capacidad de movilización de su equipo para la campaña y el día de la elección. Lo cierto, no obstante, es que lo que realmente está erosionando la campaña y la capacidad operativa de Vázquez Mota es la discusión en distintas localidades -como Veracruz y Nuevo León- sobre las listas a diputados plurinominales. De no solucionar este conflicto el PAN tendría una fuerte problemática en su operación electoral. Sobre los resultados de encuestas y los errores de organización lo cierto es que, en este momento, estas noticias podrían ser útiles para la candidata en la medida que modifique la aparente tranquilidad y comodidad que su equipo de confianza parecía estar desarrollando.

A raíz de estos sucesos en la campaña de Vázquez Mota, a López Obrador se le ha abierto una nueva ventana de oportunidad por el segundo lugar sustentada por tres elementos: en primer lugar, previamente se lograron evitar fragmentaciones de la heterogénea izquierda en la determinación del candidato a la Presidencia, en la determinación de curules legislativos -ya avalados por la Comisión Política Nacional y de Candidaturas del PRD-, y la determinación de la Jefatura de Gobierno; en segundo lugar, el Movimiento de Regeneración Nacional podría ser una eficiente herramienta de movilización –si bien es un experimento que habrá de probarse el día de la elección; por último, López Obrador parece ser el candidato que asumirá más riesgos en sus discursos mediáticos, inclusive poniendo sobre la mesa nombres de su gabinete, cosa que no parece harán ni Vázquez Mota ni Peña Nieto. No obstante, de no solucionar la falta de apoyo por la carencia de actores fuertes del sector empresarial y la pérdida de cajas chicas por las derrotas electorales del PRD en los estados en los últimos tres años, será extraordinariamente complicado para López Obrador hacerse de ese segundo lugar.

Clouthier: las candidaturas ciudadanas

Lo que inició siendo una disputa al interior del PAN se ha convertido en un tema de debate nacional. A inicios de este año, Manuel Clouthier Carrillo presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del PAN por negarle el acceso a una precandidatura al Senado por Sinaloa. Finalmente, el tribunal revocó la decisión del partido, que se vio obligado a permitirle el registro a Clouthier. Sin embargo, el diputado con licencia decidió rechazar la precandidatura y ahora busca competir como candidato independiente por la Presidencia. Uno de los debates que han surgido a partir de la aspiración de Clouthier se centra en la factibilidad de su registro como candidato independiente. Sin embargo, es importante, más allá de la discusión actual, analizar cuáles son las ganancias y los peligros potenciales de introducir una figura así en el sistema de partidos políticos imperante en México.

No es la primera vez que en México se presenta una situación así. En 2006 Jorge Castañeda y Víctor Trujillo buscaron competir por la presidencia bajo la figura de la candidatura independiente. El primero inclusive llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Manuel Clouthier se encuentra ante una situación diferente. La Reforma en materia de Derechos Humanos de 2011 implementó dos modificaciones que colocan al sinaloense en una mejor posición que la de Castañeda. Por un lado, se modificó el artículo 1 de la Constitución estableciendo que la protección de los derechos humanos se hará de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo la protección más amplia de las personas. Por otro lado, se estableció que todas las autoridades deben garantizar la protección de los derechos humanos, por lo que el TEPJF podría analizar la inconstitucionalidad del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Las candidaturas independientes son valoradas dentro de un sistema político pues permiten la apertura de los sistemas de partidos permitiendo la entrada de actores con perfiles más diversos y, en ocasiones, incompatibles con los partidos establecidos. Estos candidatos, por definición, carecen de lealtad y disciplina a los intereses estructurados de los partidos. Sin embargo, no hay que confundir: los candidatos independientes si pueden responder a intereses, y por lo tanto alinear su agenda a éstos. Aunado a lo anterior, otro de los argumentos de quienes defienden las candidaturas independientes, es que la entrada de candidatos externos puede incentivar a los partidos políticos a seleccionar candidatos propios más competitivos y con mejor desempeño. Sin embargo, pese a las ventajas expuestas, las candidaturas independientes se enfrentan a dos grandes problemas. En primer lugar, compiten en desventaja pues no cuentan con las estructuras de movilización y los recursos económicos de los partidos políticos. Por lo tanto, el sistema en sí mismo resulta inequitativo pues sólo aquellos candidatos independientes con abundantes recursos económicos y de comunicación tendrían una posibilidad real de victoria. Por otro lado, dada la falta de estructura de apoyo al interior del Congreso, un hipotético triunfo de un candidato independiente podría llevar a la parálisis del sistema político y por lo tanto a la ingobernabilidad.

En México aún no se está observando una crisis del sistema de partidos como la que se vivió en Ecuador, Venezuela o Perú. Sin embargo, existe un descontento generalizado con el sistema actual. Los posibles beneficios que las candidaturas independientes pueden aportar al sistema político son similares a los que la entrada de nuevos partidos políticos podría traer consigo, eliminando estos últimos además las dificultades a las que se enfrentan las primeras. No se debe perder de vista que ser ciudadano no implica tener buenas intenciones y ser político tener malas. La aspiración de Manuel Clouthier es la perfecta excusa para cuestionar y reintroducir al debate público el tema de la reforma política, en donde las candidaturas independientes no son el objetivo per se, sino la introducción de reglas que permitan eliminar el monopolio de la política que existe en la actualidad. En este sentido, el debate en torno a los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos es crucial.