Aguascalientes, Ags.- En los resultados de la Cuenta Púbica 2011 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer ayer, Aguascalientes sale bien librado, sobre todo si se toman como punto de comparación las irregularidades detectadas en la cuenta del 2010.

En la cuenta del 2010, última hecha a la anterior administracion estatal, la ASF detectó en el Instituto de Educación de Aguascalientes irregularidades por 563 millones de pesos.

En el 2011, primer año de la presente administración estatal, vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se entregaron al gobierno de Aguascalientes 3,367 millones de pesos. La ASF auditó el 94.5%, esto es, 3,181 millones de pesos. De estos últimos, se detectó "la aplicación indebida de recursos" por 1.1%, es decir, de 34.9 millones de pesos.

Esos daños se relacionan con pagos que no debieron haber sido financiados con los recursos del Fondo, falta de algunos comprobantes de gastos, intereses de los que no hay documentos y pagos por percepciones al personal sin contar con la normativa para su otorgamiento.

A pesar de esas observaciones, el dictamen de la ASF es en el sentido de que “en términos generales y respecto a la muestra auditada, el gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones normativas aplicables”.

Las recomendaciones que la ASF hace al gobierno del estado de Aguascalientes son en el sentido de que los recursos del FAEB se manejen en cuentas bancarias independientes a los de otros Fondos y que se implementen medidas de mejora para cumplir los objetivos para los que se destinan los recursos.

La Auditoría Superior de la Federación también indica al gobierno del estado de Aguascalientes que debe implementar "las acciones necesarias a fin de que se cumpla con las metas de calidad educativa establecidas en los planes nacionales de desarrollo y se mejoren los indicadores que presentaron deficiencias".

Instruye asimismo a que se audite al Instituto de Educación de Aguacalientes, que se detallen los gastos, y se concilien las plantillas de personal para evitar "la práctica de asignar tareas administrativas a docentes que se benefician con el Programa Carrera Magisterial”.