Aguascalientes, Ags.- En el ámbito del Derecho se considera que tanto la mediación como la conciliación jurídica son métodos de resolución alternativa de conflictos. Son medios de acceso a la justicia que evitan y descongestionan procesos administrativos tradicionales del poder judicial.
El mediador se rige por el principio de neutralidad, al buscar un acuerdo consensuado y aceptado por las partes, que siguen siendo las protagonistas del proceso. Por su parte, el conciliador se rige por los principios de imparcialidad y justicia, y decide unilateralmente un acuerdo que es aceptado por las partes (aquí, el conciliador es el protagonista principal del proceso).
El acuerdo logrado en un proceso de mediación no es vinculante jurídicamente para las partes (es decir, si las partes lo incumplen, no tienen consecuencias judiciales). Por el contrario, el acuerdo logrado a través de un proceso de conciliación sí tiene consecuencias jurídicas, y su incumplimiento puede derivar en un proceso de demanda judicial.
A partir de lo anterior, y de cara a la entrada en vigor del Sistema Penal Adversarial en junio del 2016, Enrique Espinosa Terán, abogado profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Bonaterra Aguascalientes, considera indispensable que se garantice un punto esencial del mismo: el debido proceso.
Destacó que la garantía constitucional que prevé el derecho a ser oído y vencido en juicio, a ser asistido por un abogado titulado, a que le hablen en su idioma y a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, sólo es posible si todos y cada uno de los códigos procesales de las 32 entidades se homologan en un mismo sentido.
Cada uno de estos ordenamientos era –en mayor o menor medida- funcional, pero como si de una orquesta se tratase, era indispensable afinar a todos en el mismo tono para lograr una armonía completa. "El presidente Enrique Peña Nieto ha logrado cristalizar un anhelo que los abogados hemos tenido desde hace años, mediante la entrada en vigor del nuevo Código Nacional Procesal, que servirá para agilizar los procesos y dar certeza a las partes en cuanto a la actuación de los participantes de los procesos penales".
Empero, subrayó el especialista, acaso lo más importante será la cantidad de conflictos que se puedan dirimir desde la óptica de tres instrumentos pro-aveniencia: la mediación, la conciliación y la negociación.
Aguascalientes ya tiene mucho camino andado
El especialista consideró que Aguascalientes tiene ya mucho camino andado en ello, toda vez que su proceso penal contempla la conciliación como primera etapa a agotar entre querellantes. Además, están los esfuerzos del Instituto de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, así como la desinteresada visión de algunas entidades privadas, como el Instituto de Mediación Familiar de la Universidad Panamericana.
La mediación implica una oportunidad de acercar a las partes a dialogar, con respeto, con serenidad. En caso de que así se requiera por las partes, se puede intervenir a manera de conciliador, y en el último paso podría incluso un tercero ayudar en la negociación. La última parte de estos Medios Alternos de Solución de Conflictos, que es la de Arbitraje, no opera en materia Penal, reservándose para temas de derecho predominantemente mercantil.
Espinosa Terán concluyó que se calcula que de cada 100 conflictos que sean llevados ante un Juzgado, al menos 95 se arreglen por medios alternos de solución de conflictos, pues el diálogo asistido por profesionales del Derecho y con aval de la autoridad Judicial, pasará de un punto de roce a un punto de interés compartido.
"El primer mandatario, en perfecta coordinación con los otros dos poderes de la Unión, han enfilado la actividad Judicial hacia una nueva era de modernidad. Toca ahora a los litigantes el imbuirnos también de una nueva cultura de debido proceso, de honestidad de actuar, y de dignidad para nuestra profesión de cara hacia las nuevas generaciones".
