Como sucede en todas las entidades del país, el gobierno del estado de Aguascalientes depende en gran medida de los recursos federales ya etiquetados para operar.

De ahí que cualquier deuda que pretenda contraer con la banca comercial deba ser analizada a la luz de los “ingresos discrecionales”, es decir, de aquéllos que le son propios y no están etiquetados para un propósito específico.

En un artículo titulado “Rápido crecimiento de deuda de gobiernos locales locales en México exige análisis detallado de los ingresos discrecionales”, la calificadora Standard & Poor´s (S&P), expresa que en los presupuestos de los estados mexicanos se observa que un porcentaje significativo de las transferencias federales ya están etiquetadas para gastos en educación, salud y seguridad pública, entre otros. Concluye que ello provoca que los estados y municipios no tengan flexibilidad para usar esos recursos en el pago de sus deudas.

Según una evaluación de la calificadora, en el caso de Aguascalientes se observa que la deuda estatal equivale al 50% de los recursos propios no etiquetados de que dispone el estado, lo que limita su flexibilidad financiera.

Por lo anterior, S&P considera que en el análisis de la deuda se tome en cuenta la carga que ya representa en relación con los ingresos propios no etiquetados.