Bajo el argumento de que la información solicitada no está en formato electrónico y de que entregarla en copia simple es un trabajo que lleva tiempo, el Congreso de Aguascalientes incumple con los plazos que fija la ley para responder a los datos requeridos vía Transparencia.

En un ejercicio realizado a nivel nacional por las organizaciones México Infórmate y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., quedó de manifiesto que el Congreso de Aguascalientes es uno de los que no atendieron a peticiones de información que se le solicitaron el pasado 9 de mayo acerca de hechos ocurridos en el año 2010.

Las preguntas fueron en relación al presupuesto aprobado y ejercido por cada una de las comisiones y por cada uno de los órganos de gobierno; un desglose de presupuesto por pago de salarios, honorarios, viajes y reuniones; el presupuesto aprobado y ejercido por cada oficina de representación de los diputados, y los datos de contacto (teléfono, correo electrónico, etc); curriculum vitae y sueldo mensual del personal no administrativo, sindicalizado o de base; planes de trabajo e informes de trabajo de las comisiones; nombre de los funcionarios que comparecieron ante los diputados.

El 20 de mayo pasado, el Congreso de Aguascalientes respondió de manera informal, vía correo electrónico, que los datos sólo estaban disponibles en copia simple, al costo de un peso por hoja, en su Dirección de Control Presupuestal y Egresos y de Procesos Legislativos.

El pasado 9 de septiembre, entregó otra respuesta en el sentido de que las áreas responsables de proporcionar la información aún no habían terminado de cuantificar el número de copias para hacer el cobro respectivo.

Esa segunda respuesta dice al pie de la letra: “… Le pido respetuosamente su comprensión y paciencia toda vez que este cálculo (lo que hay que pagar por las copias) requiere de capital humano para su resultado, sin descuidar el trabajo actual y al ser información de un volumen excesivo, será un proceso que llevará tiempo”.

La información solicitada al Congreso de Aguascalientes no cae en ninguno de los supuestos legales que la consideran como reservada o confidencial. Por el contrario, está comprendida, de manera explícita, como “información pública que debe ser difundida de oficio”. Así que por ley, debió haberse resuelto, a más tardar, a los 20 días hábiles después de haber sido solicitada. Ello implica que debió ser respondida, a lo más, el pasado 6 de junio.

Además, el capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes establece en su artículo 11 que el Congreso del Estado debe, entre otros, “publicar y detallar los montos y asignaciones presupuestales que se destinan a todos y cada una de las partidas que acuerde el Pleno”.

La Ley de Transparencia también contempla que debe hacerse pública toda la información relativa a los montos y personas a quienes se entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas entreguen sobre el uso y destino de esos recursos.