Encuestas y candidatos

Esta semana se dieron a conocer los resultados de diversas encuestadoras apuntando una caída en las preferencias electorales del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y una variación en la preferencia del resto de los contendientes. Los cambios en las encuestas evidencian que ningún candidato tiene asegurado su apoyo político y que errores tanto en la comunicación como en la elección de los candidatos podrían afectar sus aspiraciones presidenciales. Si algo parece cierto es que la contienda será mucho más cerrada de lo que hoy sugerirían las encuestas.

En diversos artículos de opinión se ha señalado el efecto de los múltiples traspiés del candidato priísta sobre sus preferencias electorales. De noviembre a diciembre del año pasado Peña Nieto bajó 3 puntos (de 40 a 37%), el nivel más bajo que ha tenido según Consulta Mitofsky. No obstante, tomando en cuenta que el error máximo de la encuesta es de 3.1% y la tasa de rechazo fue superior al 50%, no se puede asegurar de hecho una caída real. Se podría pensar también que lo que pasa en redes sociales se queda en redes sociales, y que los traspiés de Peña Nieto difundidos en Facebook y Twitter generan consecuencias, pero no del tamaño que se esperaban. De hecho, la aparente caída de Peña Nieto podría también ser explicada por un mayor activismo mediático de los otros precandidatos o, incluso, por la salida de Humberto Moreira de la presidencia del partido. Lo cierto es que no se conoce claramente el impacto de los errores del candidato del PRI en los jóvenes o entre los electores indecisos -que representan alrededor del 20% de la población. Sin embargo, pese a que no se ha dado una caída significativa en las preferencias por el candidato puntero, de confiarse en su ventaja, el PRI podría desincentivar la participación electoral de sus bases tal y como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Respecto al PAN, Mitofsky establece que la diferencia entre Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero es de sólo 6 puntos una vez que se les pone a competir contra Peña Nieto. Si bien la diferencia no es abismal -justificación que los cercanos a Cordero han usado para impulsar a su candidato- seis puntos sí son significativos. Por un lado, crean un ánimo distinto dentro del mismo PAN, pues es muy diferente arrancar con un sólido segundo lugar que tendrían con Vázquez Mota, que iniciar en tercer lugar con Cordero. Por otro lado, existe un costo de oportunidad de los recursos de Acción Nacional pues si bien el conocimiento de Cordero subió de 18 a 44% en el último año, sus preferencias electorales dentro de simpatizantes incrementaron solamente 4% mientras que Vázquez Mota 38%.

Por lo tanto, aún faltando seis meses para la elección, las encuestas permiten sentar la base para que los partidos replanteen estrategias de campaña. Mientras que el equipo de Peña Nieto deberá fortalecer su comunicación e incentivarlo a participar en foros que consoliden su imagen pública, el PAN y el PRD deberán comenzar a desarrollar estrategias para convertirse en la primera opción del electorado, en lugar de sólo apostar a la caída del puntero en las encuestas.

Ayotzinapa: conflicto que rebasa a la CNDH

El reporte que publicó esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como resultado de la investigación del caso Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron tres jóvenes normalistas, había generado una enorme expectativa. Se trata de la primera vez que el Ombudsman ejerce la facultad -otorgada por la reforma constitucional de junio de 2010- de indagar hechos que constituyen presuntas violaciones graves a los derechos humanos. El informe confirmó esa hipótesis y señaló que tanto los fallecimientos como las detenciones arbitrarias fueron producto del abuso policial. Sin embargo, no logró esclarecer si fueron elementos de la policía municipal o estatal los que dispararon, tampoco quién coordinó la operación o quienes fueron los responsables por la tortura de uno de los detenidos. Lo anterior puede deberse a que, además de no contar con las herramientas institucionales necesarias para llevar a cabo una investigación criminal exhaustiva, la CNDH se enfrentó con tres corporaciones policiales (municipal, estatal y federal) que alteraron la escena del crimen y se han negado a cooperar.

En cualquier caso, las responsabilidades administrativas y penales que resulten de los diversos procesos en curso no necesariamente solucionan un conflicto que ha estado presente durante los últimos cincuenta años. Las normales rurales, más que un centro educativo, son mecanismos de movilidad y distribución de recursos en un entorno de alta marginación y falta de oportunidades de desarrollo económico. No sólo eso, a través de los años, la negociación de los recursos que reciben ha sucedido, sistemáticamente, después de una movilización de sus estudiantes. Bajo ese esquema de incentivos, la radicalización resulta rentable porque sirve como altavoz para sus demandas. Terminar con la violencia, en ese sentido, requeriría que los actores sociales relevantes en las políticas de presupuesto estatal establecieran mecanismos claros y efectivos de negociación.

Los eventos del 12 de diciembre en Ayotzinapa, Guerrero, revelan tres realidades que involucran a la clase política en su conjunto. Primero, la reforma constitucional de junio de 2010 que, en la práctica, no redundo en una mayor protección a los derechos humanos. Segundo, al no existir una profesionalización de las corporaciones policíacas, no existen líneas claras de mando ni protocolos de actuación. Por ello, la violación de derechos humanos queda impune y la rendición de cuentas es, por lo menos, complicada. Por último, la violencia se engendra no sólo por conflictos entre organizaciones criminales sino en cualquier entorno colmado de marginación. En prospectiva, es posible que ningún grupo político decida capitalizar estos hechos, y por tanto exigir la sanción de los responsables, pues tanto el PRI en el municipio, el PRD en el estado y el PAN con las fuerzas federales se vieron involucrados en el conflicto.

Créditos universitarios: educando a las urnas

El programa de créditos universitarios anunciado por el Ejecutivo Federal, para que un mayor número de jóvenes pueda estudiar en instituciones privadas, más que contribuir a solucionar el problema de la educación superior en México, parece ser una política pública con fines electorales. Se trata del otorgamiento de garantías por 2 mil 500 millones de pesos para que los bancos den créditos de hasta 280 mil pesos a 23 mil estudiantes para cubrir el costo de una licenciatura o posgrado en alguna de las 21 instituciones privadas inscritas. La efectividad en materia educativa de esta política no podrá ser evaluada hasta dentro de un lapso de tiempo considerable. No obstante, incluso cuando en el largo plazo este tipo de medidas no solucionen los problemas de fondo, en el corto plazo sí podrían desviar la atención de los fracasos del Gobierno en turno y traducirse en saldos electorales positivos dentro de un sector específico de la población.

Esta medida, políticamente correcta y a la que difícilmente algún actor político se opondría abiertamente, podría ser criticable en muchos sentidos -tal y como lo son la eliminación de la tenencia o la deducibilidad de las colegiaturas. El hecho de que el programa de créditos esté orientado únicamente a universidades privadas y no a cubrir el costo de oportunidad de jóvenes de bajos ingresos, que podrían dejar de estudiar por la necesidad de trabajar, es un elemento de debilidad de la política. Aunado a lo anterior, el supuesto de que el estudiante encontrará trabajo en un plazo de 6 meses tras graduarse para comenzar a pagar el crédito es también cuestionable. Sin embargo, el esquema ha probado su funcionalidad en algunas instituciones de educación superior en el país, y es sumamente atractivo para un público indeciso sobre su voto y, que eventualmente, podría optar por el PAN.

Dado que, a diferencia del PRI y el PRD, el PAN ha sido incapaz de construir redes clientelares entre los sectores de bajos ingresos, resultaría razonable que con este tipo de políticas busque crear su propia red entre la clase media. Más aún, habiendo comprendido el papel decisivo que el voto de este sector de la población ha jugado en las últimas elecciones -especialmente en la presidencial de 2006- en los próximos meses podrían emprenderse más políticas de este tipo desde el Ejecutivo. Si estas acciones le permitirán al PAN permanecer en la presidencia, está por verse.