La apuesta de AMLO: ¿Barrales o Mancera?

Esta semana inicia el periodo de registro para los precandidatos del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cinco aspirantes han declarado su intención de contender. El partido ha escogido un proceso de selección similar al que utilizó para definir a su candidato presidencial, una encuesta. Definido el método, los dilemas para los grupos internos se tornan evidentes: candidato con base fuerte, capaz de ganar vs. Candidato cercano a López Obrador pero, potencialmente, incapaz de ganar la elección. Como partido, su dilema está en escoger a un candidato que, además de ser popular entre el electorado, tenga el respaldo de los grupos que apoyan a López Obrador, y se construya así una candidatura que, además de conservar la Ciudad de México, sume a las posibilidades de la izquierda en la elección presidencial. Dada la importancia de la ciudad de México para el PRD en términos electorales, la mancuerna que resulte adquiere relevancia estratégica para este partido.

La primera opción de López Obrador, Martí Batres, resulta intransitable para el grupo conocido como los Chuchos y para el propio Ebrard. Mario Delgado, quien se presume el más cercano al Jefe de Gobierno, no cuenta con el apoyo necesario entre las bases ni la popularidad para iniciar competitivamente una elección. Carlos Navarrete, además de no haber incrementado significativamente su preferencia en encuestas, no cuenta con el respaldo al interior del partido. Así, pareciera que la disputa real está entre Alejandra Barrales, quien podría representar la segunda mejor opción para López Obrador, y el Procurador capitalino Miguel Mancera, quien es bien visto por Ebrard y además ha mejorado su posición en las encuestas más recientes.

La elección de un candidato que no cuente con los dos elementos -popularidad y respaldo de bases- podría además fortalecer la posición de la eventual candidata del PRI, Beatriz Paredes. Considerando que gran parte de las estructuras clientelares de la Ciudad de México no han cambiado desde las épocas en que gobernaba el PRI, la operación priísta desde el Estado de México en la periferia de la capital, y la popularidad de su candidato presidencial, una decisión equivocada de la izquierda podría incluso poner en riesgo su permanencia al frente de la Ciudad.

Los retos del IFE en 2012

Después de más de un año sin tres consejeros, pocos apostaban a que el Consejo General del IFE estaría completo para afrontar el proceso electoral de 2012. A siete meses de las elecciones, la institución no sólo cuenta con un órgano de decisión en forma sino que logró incluir tres nuevos miembros que, por su trayectoria, podrían insertar renovadores matices en las decisiones del IFE. Lo anterior no implica, sin embargo, que se puedan eliminar de un día para otro las consecuencias del debilitamiento político que sufrió esta autoridad electoral, de manera progresiva, desde las elecciones pasadas. López Obrador, no conforme con haber logrado en 2007 una reforma constitucional en materia electoral que respondió a todas sus exigencias, al día de hoy aprovecha la imprecisión de las normas para jugar con su interpretación y eludir su cumplimiento. Lo que parece estar ausente en la ecuación del precandidato único del PRD es que lo que vale para él también vale para su contrincante Peña Nieto.

El IFE, además de enfrentar el reto de operar con normas confusas -problema que de alguna manera ha resuelto el Tribunal Electoral- también carga con el falso mandato de regular todos los temas que pudiesen alterar, aunque de manera tangencial, el proceso electoral. De ahí que el precandidato del PAN, Santiago Creel, haya encomendado al IFE convocar a los candidatos presidenciales a firmar un pacto anticrimen para garantizar que no habrá recursos económicos o coercitivos por parte del narcotráfico en las campañas electorales. La viabilidad legal de esta solicitud es nula, por ello, el IFE no tardó en reaccionar con una clara negativa ante la propuesta. Sin embargo, el electorado, que no siempre conoce lo que la autoridad puede o no puede hacer, podría interpretar el acto como negligente o permisivo.

Por último, otro de los grandes retos que enfrentará el Instituto en los próximos meses tiene que ver con redes sociales e Internet. Si bien, el IFE sólo tiene el mandato de monitorear radio y televisión para los tres órdenes de gobierno -tarea que resulta por demás compleja pues implica cobertura de dos mil 319 señales registradas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones- también deberá tomar en cuenta que el impacto de plataformas como Twitter, Facebook o Youtube, al convertirse en información viral, obligará a los medios tradicionales a retomar sus contenidos. Cuando ello suceda, las autoridades electorales posiblemente se enfrentarán a escenarios dónde no resulte claro si se rompe la ley o no. Más aún, el IFE deberá decidir si será la letra de la ley o la equidad en la contienda electoral lo que deberá prevalecer.