En muchos estados del país, los sistemas de pensiones estatales son, más que un foco rojo, una bomba de tiempo que deberá desactivarse con inversión. De no hacerlo llegarán a representar un elevado porcentaje del gasto en nómina de los próximos años, que en en algunas entidades llegará al 60%.

Se han quedado cortas las medidas adoptadas en nuestro país de tener considerablemente más trabajadores activos que pensionados, dice el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO. Ello, porque con los cambios poblacionales y el envejecimiento de la población, este esquema se ha vuelto insostenible.

Las reformas iniciadas en 1997 consistentes en individualizar las cuentas de cada trabajador han saneado sólo parcialmente las finanzas de los organismos estatales, que tienen obligaciones con más de un millón y medio de personas, ya que los trabajadores que fueron contratados antes de la reforma continuarían bajo el anterior sistema en el que las pensiones se otorgaban con recursos públicos exclusivamente. Según el IMCO, este tipo de cuentas individualizadas en las que el trabajador aporta a la cuenta de su retiro y gana los intereses es el más conveniente en el futuro.

En el caso específico de Aguascalientes, el IMCO menciona que el sistema de pensiones bajo la responsabilidad del ISSSPEA, capitalizado en el sexenio del gobernador Felipe González, tiene una sustentabilidad de hasta 100 años. En el otro extremo está el caso de Veracruz, donde las reservas de su sistema de pensiones se terminaron en el año 2010, lo que implica que a partir del presente año el gobierno deberá aportar recursos como parte de su gasto corriente y deberá promover cuanto antes una reforma al sistema de pensiones.

Para el IMCO, la alternativa óptima sería un sistema donde los trabajadores de los estados tengan la posibilidad de seleccionar entre diversas alternativas de ahorro para el retiro y de cambiar sus cuentas a la institución que consideren les ofrece mejores condiciones de rentabilidad.

De no atenderse el foco rojo que representan los sistemas de pensiones, en un futuro muy cercano los estados deberán aportar los recursos, lo que conllevaría una disminución en su gasto social y en la obra pública. En caso de no hacer frente a las obligaciones, se generaría un gran problema social de graves reprecusiones.