Hasta el mes de agosto pasado, el estado de Aguascalientes había ejercido solamente el 24.7% de los recursos disponibles para Seguridad Pública, y tiene a su disposición el 75.3% , según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal.
Del total de 134.7 millones de pesos convenidos para Aguascalientes, se habían ejercido hasta agosto solamente 33.3 millones; del total de esos recursos, 25.9 millones deberían ser aportados por el gobierno del Estado y 1.1 millones corresponde a las aportaciones de los municipios, el resto son recursos federales del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública).
Al mes de agosto quedaban todavía disponibles para Aguascalientes 101.4 millones de pesos en el Fondo para que el estado los ejerza en la medida en que aporte la parte que le corresponde.
A pesar de que los problemas de Seguridad Publica se han recrudecido en las últimas semanas tanto en nuestra entidad como en casi todo el resto del país, el subejercicio en los fondos de apoyo a la Seguridad Pública suele ser frecuente. De hecho, nuestro estado no es el que tiene el mayor porcentaje aún disponible en el Fondo Federal, ya que el Distrito Federal no ejercía hasta el mes de agosto el 91% de los recursos, Baja California tenía disponibles el 87% y Baja California Sur el 84%.
De los estados vecinos al nuestro, Guanajuato es el que ha ejercido menos de los recursos que le corresponden, y dispone aún del 87% de ellos. Jalisco tiene aún disponible el 83%, Zacatecas el 26% y San Luis Potosí había ejercido ya al mes de agosto la totalidad de los recursos que le correspondieron este año.
En el contexto nacional, las 32 entidades federativas tienen aún disponible en el FASP el 44.5% de los recursos que les corresponden.
Los recursos que el Gobierno Federal transfiere a los estados a través del FASP deben destinarse exclusivamente a:
- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de las pesonas vinculadas a tareas de seguridad pública
- Equipamiento para policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
- Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
- Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
- Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
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