Uno de los factores que limitan el desarrollo de México es la falta de una efectiva rendición de cuentas por parte de quienes gobiernan y manejan los recursos públicos.

Esta falta de rendición de cuentas se manifiesta en escandalosos y recurrentes casos de corrupción, opacidad, malos manejos e ineficiencias que en la mayor parte de los casos quedan sin castigarse: los funcionarios que utilizan el cargo para enriquecerse quedan sin reponer esos recursos y sin recibir el castigo que merecerían en cualquier sistema democrático eficiente.

Al aprobarse hace unos días el Presupuesto de Egresos del 2010 en la Cámara de Diputados, la noticia de que los recursos federales por entregarse a los estados quedarían sin que hubiera obligación de las autoridades estatales de rendir cuentas y justificar la aplicación de esos recursos, generó inquietud en todo el país, y un grupo de legisladores anunció que pediría al Presidente de la República no promulgar la Ley de Egresos hasta en tanto no se especificara la obligación de los gobiernos estatales de rendir cuentas de esos recursos.

Cada año, y el 2009 no fue la excepción, la Auditoria Superior de la Federación da a conocer sus observaciones a las comprobaciones que los gobiernos estatales hacen de los recursos que reciben. Y también cada año quedan sin aclarar la mayor parte de esas observaciones, o al menos sin que se dé un puntual seguimiento al destino final de esos recursos.

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) elaboró recientemente un estudio que aporta elementos para afirmar que la
Rendición de Cuentas en México es, en muchos de los casos, solamente una buena intención ya que, por el momento, no existen ni la voluntad ni los elementos para que efectivamente se dé una efectiva rendición de cuentas a los diversos niveles de control y finalmente a los ciudadanos que aportaron los recursos al pagar impuestos.

De ese estudio se desprende que no existen en México ni la legislación adecuada, ni los sistemas contables homogéneos, ni se han determinado penas y sanciones para quienes incumplan con la obligación de rendir cuentas. Aunque se comienzan a dar los primeros pasos para lograr la efectiva rendición de cuentas, los primeros frutos comenzarán a verse hasta dentro de algunos años.

Un ejemplo de ello es la recientemente aprobada Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece las bases para disponer de sistemas contables homogéneos en toda la administración pública. Sin embargo, estos ordenamientos estarán en operación hasta el año 2012.

La prevención y corrección de los abusos de poder se pueden limitar mediante tres tipos de acciones. En primer lugar al obligar a que los poderes se sometan a la inspección pública, pero además al forzarlos a explicar y justificar sus actuaciones y al establecer sanciones claras para quienes hagan mal uso de esos recursos.

La verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político (un marco de responsabilidad) del que México carece.

De ahí la necesidad de que la sociedad sea cada vez más exigente para pedir el buen uso de los recursos que aporta.